• Este jueves 26 de octubre a las 11 de la mañana llegaron más de 600 regantes a la Plaza de Armas de Ovalle.
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Christian Armaza
Cerca de 600 regantes se reunieron el pasado jueves en la Plaza de Ovalle para insistir en la poca claridad que aseguran, ostenta la redacción de la reforma al Código de Aguas y que actualmente se discute en el Senado.

Un llamado con un dejo de molestia hizo la Sociedad Agrícola del Norte esta semana a los agricultores, para reunirse nuevamente a discutir en torno a la reforma al Código de Aguas, que actualmente se discute en el Senado.

De hecho, los dichos de su presidenta, María Inés Figari, no fueron menores, explicando que “sentimos que se nos está acusando a los agricultores de especuladores y desinformados, cuando la realidad es que conocemos bien el proyecto de ley, lo hemos revisado y realizado propuestas concretas en los artículos que generan confusión o dudas respecto a un recurso tan fundamental para nuestra actividad como es el agua”.

Con todo, este jueves 26 de octubre a las 11 de la mañana llegaron más de 600 regantes a la Plaza de Armas de Ovalle, a un encuentro de carácter público y que buscaba, entre otras cosas, demostrar la inquietud de los agricultores en torno a la administración del recurso hídrico.

El encuentro público en la Plaza de Armas de Ovalle buscaba demostrar la inquietud de los agricultores en torno a la administración del recurso hídrico.

LAS VOCES DE LOS DIRIGENTES

Así durante la reunión, el secretario de la Confederación de Canalistas de Chile, Juan José Crocco, señaló que el sector necesita con urgencia una reforma que sepa hacer frente a los próximos 100 años. “Para eso, los agricultores deben exigirle a sus parlamentarios que lean los escuchan y entiendan el problema de verdad. Los diputados no riegan, no están en el día a día de la gestión, por lo tanto no entienden, y deben recoger nuestras demandas”, aseguró Crocco.

Uno de los motivos de por qué la confederación reconoce que hay algunos puntos que se deben volver a redactar, es por ejemplo que se señala que esta reforma no va a afectar los derechos antiguos, “cuando la verdad es que es lo contrario. La determinación de un caudal ecológico sí va a afectar a los derechos antiguos, porque va a obligar a dejar pasar más agua de la que estábamos acostumbrados a utilizar para salvaguardar el medioambiente, sin que hoy esté establecido de manera clara. Nadie sabe en qué se va a basar una persona en Santiago para decidir esto”, comentó el secretario de la confederación.

MÁS INFRAESTRUCTURA Y POTESTAD A LAS JUNTAS DE VIGILANCIA

Asimismo, Pelayo Alonso, presidente de la Junta de Vigilancia de Río Elqui, fue más categórico al hablar sobre los problemas que según aseguran, ostenta la reforma. “Estamos representando la inquietud, que se ha convertido en molestia, de haber presentado nuestras demandas en torno a la reforma, y no haber sido escuchados”, comentó. El también empresario del agro agregó que en su opinión hay dos grandes problemas que se deben incluir en la discusión: el uso de camiones aljibes, y quitarle potestad a las Juntas de Vigilancia para la gestión del riego. “Los camiones aljibes es un sistema que se implementó hace 20 años para llevar agua adonde no llegaba, pero es una vergüenza que siga el mismo sistema. Eso es atacar el síntoma y no el problema. Para resolverlo hay que proponer infraestructura. Lo otro es que el Estado quiere más control del manejo del agua, pese a que las Juntas de Vigilancia lo han hecho bien, no entendemos esa medida”, manifestó Alonso, quien aseguró que ha habido algún grado de intención de desinformar. Asimismo, los dirigentes coincidieron en invitar a las autoridades para conversar y valoren el peso que tiene el conocimiento de los regantes, según aseveran. “Lamentablemente hemos visto un poco de soberbia entre las autoridades, que quieren hacer a sólo su manera la reforma. Sin embargo, su obligación es legislar y hacerlo bien, por lo tanto los llamamos al diálogo”, detalló el empresario.62-02

LA PREOCUPACIÓN DEL GREMIO

Por último, María Inés Figari, presidenta de la SAN, volvió a hacer hincapié en la preocupación que se siente en el gremio agrícola. “Más que emplazar a los parlamentarios, es demostrarles que somos muchos los que estamos extremadamente preocupados por la dirección que está tomando esta ley. Nos han tildado hasta de terroristas, y esto no es terrorismo, sino que hablar con la verdad”, dijo. Figari aclaró que el llamado a las autoridades es a entender que se necesita a todos para tener buenas políticas. “Esto ya no puede seguir así, sobre todo con un tema tan importante para la región como lo es el agua”, aseveró.

A la preocupación por la reforma se sumó Marcela Jeneral, presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Illapel, quien insistió en que la nueva ley ha generado “una incertidumbre gigante entre los regantes, la redacción no es clara y da origen a una doble interpretación. La generación de los derechos temporales es preocupante, porque no habrá seguridad para los regantes. Nos afectaría porque por ejemplo, para pedir un crédito en INDAP, se puede dejar en garantía el agua. Con esta reforma no se podrá contar con ese derecho”, culminó.

 

 

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