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La empresa se comprometió a la instalación de un solo puerto en la costa de La Higuera e inclusive a la utilización de la iniciativa perteneciente a la Compañía Minera del Pacífico. Espacio portuario este último, que tiene como objetivo “brindar los servicios de recepción, acopio y embarque de graneles minerales requeridos por el titular y eventualmente, por otros proyectos mineros interesados”.

“Entendemos la preocupación de los opositores al proyecto, a la existencia de dos puertos en la zona. Estamos asumiendo el compromiso de que se construya un solo puerto en esta zona. Esto significa que si el proyecto Cruz Grande construye su puerto, nosotros no haremos el nuestro y por lo tanto evaluaremos ambientalmente la conexión. Entendemos que esta es una declaración importante y espero que los opositores y la comunidad lo valore”.

No obstante, lo que suceda con los alegatos y el posterior veredicto del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta, lo cierto es que estas palabras emitidas por el abogado de Andes Iron, Patricio Leyton, durante la primera jornada de audiencia por el “Caso Dominga”, no solo sorprendieron a quienes en ese momento se encontraban en la sala (repleta por lo demás) sino que también a quienes seguían la causa a través de internet y de distintos medios de comunicación.

Esto porque por primera vez, públicamente por lo menos, la empresa a cargo de la iniciativa se abrió a la posibilidad de no construir su puerto en el sector costero de La Higuera e incluso más, a utilizar el de propiedad de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), el que desde enero pasado ya está ejecutando sus obras.

Intervención del jurista da pie a una serie de nuevas posibilidades en la ya extensa tramitación del desarrollo.

Cabe recordar que desde su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2013, Dominga fue considerado como un “proyecto minero portuario”. En ese sentido, junto con la extracción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 millones de concentrado de cobre, además, pretendía embarcarlo desde una instalación portuaria a edificarse en Totoralillo Norte.

Puerto que ha sido una sino la característica más criticada de la iniciativa, ya que este se emplazaría próximo a un “hotspot” o área que posee gran concentración de diversidad marina, lo que según sus detractores, llevaría a su daño e inclusive a su destrucción total.

¿Hay disponibilidad?

Es así como tras las declaraciones del abogado surgen una serie de preguntas. Interrogantes entre las que destaca si Cruz Grande tiene entre sus propósitos el ofrecer sus servicios a otra empresa que no sea la misma Compañía Minera del Pacífico.  

Antes de responder, conviene contextualizar el pasado más reciente y sobre todo, la actualidad de la entidad. Es así como el más reciente informe de resultados de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), matriz de la CMP, evidenció que en 2019 esta tuvo pérdidas por US$ 104 millones, lo contrasta con la ganancia de aproximadamente 125 millones de dólares presentada en el período anterior.

Resultados que se corresponden específicamente con la suspensión de actividades en el Puerto Guacolda II, ubicado en la Región de Atacama. Paralización ocurrida tras el accidente de noviembre de 2018, que no es lo único que complica a CAP (y acá entra Dominga a escena), ya hace algunas semanas Oceana solicitó la caducidad del permiso ambiental del Puerto Cruz Grande, esto debido a que las obras supuestamente no habrían comenzado dentro de los cinco años correspondientes desde la obtención de su RCA.

Acusación que la Compañía Minera del Pacífico rebatió asegurando que el 28 de enero de 2020, había informado a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) del inicio de construcción de la iniciativa portuaria.Conjuntamente, y en respuesta a la pregunta expresada anteriormente, que la instalación portuaria tiene como propósito inicial “brindar los servicios de recepción, acopio y embarque de graneles minerales requeridos por el titular y eventualmente, por otros proyectos mineros interesados”.

Último punto que daría una respuesta a lo cuestionado párrafos atrás. A pesar de esto, surgen otras interrogantes. Entre las que están si la Resolución de Calificación Ambiental del desarrollo permitirá que una producción de la envergadura y características de Dominga lo utilice?, ¿Este tema ya había sido conversado entre Andes Iron y la Compañía de Acero del Pacífico? Y la más importante: ¿Dominga deberá ingresar un proyecto nuevo al SEIA o este se podrá dividir aun cuando esté siendo discutido en diversas instancias judiciales?

Debe ingresar un nuevo proyecto

Consultado por El Día acerca de este nuevo escenario, el abogado de Oceana y quien actúa como tercero coadyuvante de la reclamante en la causa ante el 1TA, Ezio Costa, indicó que “Andes Iron está en su libertad de presentar a evaluación ambiental un nuevo proyecto minero si así lo estima conveniente,  pero eso no tendrá relación con el proyecto Dominga actual, que discutimos en estos días”.

“Si Andes Iron quiere hacer un proyecto nuevo, quizás sería bueno que se desista de este juicio y haga una evaluación adecuada de sus nuevos emprendimientos”, concluyó.

 

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