• El jueves 9 de marzo recién pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó el proyecto minero Dominga. En la foto, su gerente general, Iván Garrido. Foto: Lautaro Carmona
Luego del anuncio oficial, la empresa cuenta con 30 días para apelar. Tras recibir la petición, el Consejo cuenta con un plazo legal de 60 días para resolver el futuro del proyecto minero que busca llevarse a cabo en la localidad de Las Higueras, sin embargo los expertos aseguran que en la práctica, estos tiempos no se cumplen y el proceso podría demorar, incluso, años.

El día jueves 9 de marzo pasado la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo rechazó la puesta en marcha del proyecto minero Dominga, tras calificar de insuficiente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero “Dominga”, hito con el que culminó el proceso de evaluación presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en septiembre de 2013.

Luego del rechazo de la puesta en marcha del proyecto minero, los directivos de Andes Iron, compañía controladora de la propuesta, anunciaron que van a apelar la decisión al Consejo de Ministros, acción que debe ser dentro de los próximos 30 días después de la publicación oficial del rechazo de la Resolución de Calificación Ambiental. Esto, explican desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), debiera ser dentro de los próximos días a través de la página web del ente evaluador.

En tanto, y según explicaron desde la empresa, están a la espera de este trámite para iniciar acciones de forma inmediata y cumplir con los plazos legales con los que cuentan para presentar la apelación.

60 días tiene el Consejo de Ministros, pero plazos no se cumplen

Tras recibir la petición, el Consejo de Ministros cuenta con un plazo legal de 60 días para resolver el futuro del proyecto minero que busca llevarse a cabo en la localidad de Las Higueras, sin embargo los expertos aseguran que en la práctica, estos tiempos no se cumplen y el proceso podría demorar, incluso, años.

Pese a que la Ley de Bases del Medio Ambiente define que el comité cuenta con ese plazo fatal de dos meses para resolver, según explicó Enrique Oyarzun, abogado experto en materia medioambiental  a diario El Día, “la resolución de la apelación podría demorar mucho, incluso años, ya que no existe una garantía en relación a los plazos, pese a lo que dispone el artículo 20 de la Ley 19.300. La realidad es que en la práctica no se cumple”.

Sin embargo, sostiene que pese a las contrariedades es posible revertir la situación, ya que “si se presentan buenos argumentos, por supuesto que el proyecto es salvable. Ahora, siempre que efectivamente el proceso contenga las medidas necesarias para su aprobación”.

Voces parlamentarias piden que se zanje durante este gobierno

En medio de una fuerte polémica, luego de que el vicepresidente de la DC, diputado Matías Walker, denunciara presiones desde el Ministerio del Interior para frenar el proyecto, varias voces parlamentarias se han alzado pidieron que Dominga se zanje durante este gobierno. En este sentido, el senador por Coquimbo, Jorge Pizarro (DC), señaló a los medios que "existen plazos, así que tienen la obligación de decidir ahora".

En tanto, el diputado de la UDI Felipe Ward indicó que "lo mejor es que esto se resuelva ahora". Sin embargo, agregó que "si el gobierno va a rechazar una iniciativa que puede ser positiva para la zona, recurriendo a consideraciones y cálculos políticos, mejor que no haga nada".

Por su parte, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) indicó que “con el empleo y el desarrollo de la región no se juega".

Y agregó que "condicionar el empleo y el desarrollo de toda la región votando políticamente el proyecto Dominga, contra la opinión técnica, como ocurrió, o dilatando ahora la decisión del Comité de Ministros, es una grave irresponsabilidad".

En tanto, la senadora PPD Adriana Muñoz —también por Coquimbo— indicó que "si nos tomamos todo este gobierno y pasa para otro, bueno, pero la empresa debe responder a las observaciones técnicas de fondo que se le han hecho. Yo no estoy a favor de Dominga, estoy a favor de que se instale una empresa en buenas condiciones", dijo.

SEA destaca el trabajo riguroso de la evaluación de Dominga

Con todo, el SEA destacó el trabajo riguroso y colaborativo del equipo que participó en la evaluación de Dominga, el que, según consignaron el día de ayer a través de su sitio web, requirió del máximo esfuerzo del equipo de la Dirección Regional de Coquimbo, y que contó con el soporte a nivel nacional del servicio, en consideración a la envergadura del proyecto. “Para estos efectos, se coordinó el trabajo de más de 40 profesionales de otras regiones del país y del nivel central, quienes cuentan con amplia experiencia y preparación para analizar los distintos aspectos de la evaluación ambiental, con múltiples disciplinas en el ámbito de la ingeniería, minería, recursos naturales, hidrogeología, geografía, flora y fauna, biología, sociología, medio ambiente y leyes, entre otras”, explicaron.

La historia del paso de Dominga por el SEA

El Estudio de Impacto Ambiental de Dominga, cuyo titular es Andes Iron SpA., ingresó al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) el 13 de septiembre de 2013.

El desarrollo del procedimiento de evaluación del proyecto, se puede revisar en el expediente electrónico en la página web del servicio, que da cuenta de todos los actos disponibles para la recomendación del SEA, la cual se materializó en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE). Asimismo, como en todos los procesos de evaluación, se contó con la participación de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental, es decir, 27 autoridades.

En síntesis, Dominga es un proyecto minero diseñado para producir hierro y secundariamente concentrado de cobre con obras proyectadas en la comuna de La Higuera.

Cabe señalar que el SEA de la Región de Coquimbo recomendó a la Comisión de Evaluación de dicha Región aprobar ambientalmente el proyecto, en atención a que a juicio del SEA se consideró que éste cumple con la normativa ambiental aplicable; subsanó los errores, omisiones o inexactitudes durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental; se dio cumplimiento a los requisitos y contenidos técnicos de los permisos ambientales sectoriales que le son aplicables; y se propusieron las medidas adecuadas para hacerse cargo de los efectos.

Al respecto, se estableció un detallado plan de medidas de mitigación, reparación y compensación, considerando las fases de construcción, operación y cierre, para los aspectos ambientales relativos a ruido, recursos hídricos, suelo, flora y vegetación, fauna terrestre, medio marino, paisaje, medio humano y patrimonio cultural.

¿Cuál es la función del SEA?

La función principal del SEA es la administración del SEIA, uno de los principales instrumentos de gestión ambiental consagrado en la Ley N° 19.300, que se fundamenta en el principio preventivo, el cual se refleja principalmente en el hecho de que la evaluación de impacto ambiental es requerida previo a que los proyectos o actividades se ejecuten, de manera de que sean incorporadas anticipadamente las obras, acciones y medidas tendientes a minimizar los posibles impactos ambientales que éstos puedan generar. En este sentido, la evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a cargo del SEA, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes.

 

 

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