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Alejandro Pizarro Ubilla
Riberas de ríos cercados ilegalmente, disminución de caudales, y eventual extracción ilegal de agua, son problemas que las comunidades de diferentes sectores de la cuenca vienen denunciando desde hace un buen tiempo. Por ello piden mayor fiscalización y control ante hechos que, aseguran, se han vuelto más recurrentes y preocupantes ante la falta de agua.

La escasez hídrica en la Región de Coquimbo es un tema delicado y con diferentes aristas que, agravado por una sequía de más de una década, se ha convertido en uno de los problemas que más preocupación genera a nivel local. 

El Valle del Elqui no es la excepción, y si bien en principio, la cuenca no presenta los niveles de déficit que se registran en provincias como Limarí, y especialmente, en Choapa, la situación de todas maneras, se torna grave y así lo sienten sus habitantes. Así lo han hecho ver además, tanto autoridades como la propia comunidad que, buscando organizarse, intenta que el problema no quede en el olvido o en un segundo plano, producto de la pandemia de coronavirus.

Algo de eso se pudo ver hace unos días atrás, cuando la comunidad se manifestó desde el sector de Rivadavia, en la comuna de Vicuña, con la consigna “El agua no se vende, se defiende”. En la oportunidad, los habitantes plantearon su preocupación por la disminución de los caudales de los ríos Elqui y Claro.

La movilización motivó que se llevara a cabo una reunión en la comuna de Paihuano entre los vecinos y las autoridades de las seremis de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, la Dirección General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, Comisión Nacional de Riego y los representantes de las Juntas de Vigilancia del Estero Derecho (Río Claro) y el Río Elqui, para analizar la situación hídrica de la zona, la bajada de los cauces y las fiscalizaciones ante eventuales denuncias de sustracción ilegal de agua.

Todos, autoridades y vecinos, coincidieron en la oportunidad, en la alarma y preocupación que generan por ejemplo, la notable disminución de los caudales de los flujos de agua que se puede observar en la cuenca. 

UN PANORAMA DE CONTRASTES

Jaime Vergara es presidente del APR de El Tambo, localidad ubicada en la comuna de Vicuña y que en los últimos años ha visto como el nivel de los pozos ha disminuido dramáticamente al punto de que hoy están sacando un volumen de agua mínimo para abastecerse.

“El agua en general nos está faltando, las napas están bajando de nivel y el río trae poca agua comparado con años anteriores. Y si bien, creo yo que es una materia que nos está afectando a nivel global, aquí, especialmente en el Valle de Elqui, se ha visto como ha descendido el caudal de los afluentes del río Elqui y del Estero Derecho”, asegura. 

Y esa realidad, dice, contrasta con lo que los habitantes del mundo rural observan cada día en sus campos: caudales disminuidos, un paisaje cada vez más árido, pero rodeados por un profuso paisaje de cultivos que, bajo estas circunstancias, generan suspicacias entre la comunidad. 

“A nosotros nos llama sin duda la atención cómo se permite la explotación de agua en estas condiciones, que en este caso, sería explotación de pozos, pues supuestamente, la cuenca del río Elqui hace muchos años lleva cerrada (para nuevos derechos) por la escasez hídrica. Nos llama enormemente la atención la distribución cada vez más grande de paltos o cítricos hasta los cerros, que son árboles que necesitan mucha agua”, dice, volviendo así, al tema de la desconfianza que reina entre la gente con el actual sistema de distribución del vital elemento. 

Desconfianza que, según el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, estaría sustentada por una serie de situaciones “irregulares” observadas por vecinos  en las cuencas de los afluentes, como son las ya mencionadas extracciones ilegales, entubamientos o desviaciones de agua. 

“Ya nos hemos reunido con la DGA, a la que le hemos planteado nuestras preocupaciones, le hemos mandado oficios y diversa información aparecida por redes sociales o que directamente nos vienen a dejar los vecinos de la comuna. Y la verdad es que estamos profundamente preocupados, porque sentimos que ante la escasez hídrica y ante la poca capacidad de fiscalización, evidentemente tenemos un problema gigante”, señaló el edil.

FALTA DE FISCALIZACIÓN Y DE INFORMACIÓN

Un punto en el que además coinciden autoridades y vecinos es que, además de la falta de fiscalización en torno a estas eventuales irregularidades, se suma el factor Información: para ellos, tampoco se dispone de datos que puedan al menos, dar claridad sobre la actual situación hídrica de la zona y su actual explotación. 

“Aquí sentimos que nadie le pone el ‘cascabel al gato’” señala al respecto, el presidente del APR de El Tambo, Jaime Vergara, apuntando directamente a los organismos del Estado y su aparente “ausencia” al momento de fiscalizar y de informar a la comunidad sobre el presente de esta temática. 

A eso se suma además, un trato desigual que, a su juicio, existe entre los diferentes usuarios del agua, en donde al final los más pequeños son los más perjudicados.

“Hay un sentir en la comunidad en que hay demasiados terrenos que hoy son para la explotación agrícola, algo que nos llama la atención. Además, no existe consecuencia al comparar una empresa agrícola por ejemplo, que puede disponer de derechos de hasta 700 litros de agua por segundo, con una comunidad rural como la nuestra, por ejemplo, que tiene autorizada la extracción de sólo 9,4 litros de agua por segundo, siendo un elemento vital para nosotros”, afirma.

 Al respecto, el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, sostuvo que en la comuna “se están haciendo muchos pozos y no tenemos la claridad de si efectivamente están autorizados por la DGA o no. Obras de canalización que se están haciendo, si bien es verdad que protegen efectivamente el recurso hídrico para el consumo y el regadío, tampoco se está dejando lo que la ley establece, que es una cantidad mínima de agua para que ésta sea utilizada en el riego de los valles”.

“Creemos que el gran problema que tiene nuestra región es el agua, y que ante eso, hay dos factores: por un lado, la falta de fiscalización y por otro lado, efectivamente, la escasez hídrica que es una realidad”, subrayó el edil.

PROTEGER EL AGUA

Un actor importante de las cuencas -y por ende, que también tienen algo que decir- son las juntas de vigilancia que, como se infiere por su nombre, su labor consiste en medir, controlar y distribuir el vital elemento a los usuarios dueños de acciones de agua superficiales de acuerdo a derecho. Cabe aclarar en este punto que sobre las aguas subterráneas no hay regulación, por ende, no están bajo la potestad de estos organismos. 

En el caso local, la mandatada para realizar esta labor es la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes, cuyo presidente, Pelayo Alonso, consultado por diario El Día, decidió precisar algunos puntos que, a su juicio, no son exactos. En primer lugar niega que exista una sobredotación de derechos de agua, los cuales están inalterables, dice, desde 1946. “Aquí no hay ningún derecho de agua nuevo”, sostiene, siendo para él el problema que cada vez “se está repartiendo menos agua con las mismas acciones”. 

“Desde la temporada 2016-2017 los desmarques, vale decir, la cantidad de agua asignada a cada acción, desde el cupo teórico, que es un litro por segundo, ha ido disminuyendo dramáticamente a razón de un autocontrol de la junta de vigilancia y de sus usuarios”, partiendo en un 50% en el periodo 2016-2017, y disminuyendo las asignaciones hasta un 25% para la actual temporada, lo cual dice, es válido para todos los regantes: grandes, medianos y chicos. 

“La idea es justamente conservar el agua que tenemos hoy día embalsada. Si no lo hubiéramos hecho tendríamos los embalses secos”, señaló, valorando la política “conservadora” que como junta, han aplicado. “La gente hoy día dice que hay muy poca agua en los ríos, pero si dejáramos pasar más agua y lo hubiéramos hecho en años anteriores, hoy los embalses estarían sin agua”, subraya. 

SEQUÍA

El presidente de la Junta de Vigilancia puntualizó que “lejos de lo que se habla de grandes usuarios del agua”, el principal accionista de la cuenca es la sanitaria Aguas del Valle, que además “es un usuario prioritario para nosotros”, señaló Alonso. Además, “el 87% de los accionistas de la cuenca cuenta con apenas 10 o menos acciones de derechos de aprovechamiento”, agregó. 

Ahora bien, en torno a las denuncias de eventuales pozos y extracciones ilegales de agua desde los ríos, el dirigente las calificó como “disparo a la bandada”, señalando que no existe, hasta ahora, ninguna denuncia ni evidencia al respecto.

“Si alguien tiene algún dato concreto, por favor, tiene que ir y hacer la denuncia respectiva en la DGA, y nosotros, al primer indicio de una extracción ilegal nos vamos a hacer parte y  nos vamos a preocupar de que se aplique el máximo rigor de la ley. La Junta de Vigilancia no ampara ninguna extracción ilegal de agua”, indicó. 

Señaló además, que la junta cuenta con celadores que recorren a diario la totalidad del río y que, por lo mismo, resulta irresponsable hacer denuncias sin antecedentes concretos. “El que los tenga, que los presente”, aseveró. 

Asimismo se refirió al problema de las pozas que hoy se extienden a lo largo de numerosos cauces de la provincia y que explica, retienen el agua y facilitan la infiltración de ésta hasta el subsuelo, lo que también aporta a la disminución de los caudales y su normal flujo. 

“Sólo en el río Cochiguaz, que no tendrá más de 10 kilómetros de extensión, esta semana contabilizamos hasta 80 pozas, a las que se agregan todas las que hay en el río Claro. Entonces después la gente dice que el agua no llega, pero nadie dice nada sobre las pozas que hay en el camino. Estas pozas son todas artificiales, construidas transversalmente en el río. Si tuviéramos un caudal normal, no importaría tanto, pero hoy tenemos restricciones”, explicó.  

Por todo ello, para Pelayo Alonso el problema de fondo es la sequía, y no “el saqueo”. “Ahora, estamos en los mínimos históricos registrados en el caudal del río Elqui. Esta sequía es muy grande, es solo comparable a la del año 1968. Además, llevamos tres años consecutivos con menos de 1 metro de nieve en la cordillera, lo que significa que históricamente nunca habíamos tenido tres años tan malos continuos”, afirmó. 

Cabe señalar que Diario El Día intentó contactarse primero, con la DGA, y luego con la Seremi de Obras Públicas – al ser el primero, un organismo dependiente de esta cartera– para conocer las medidas de fiscalización que se están llevando a cabo a raíz de la situación de escasez hídrica en la región.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no fue posible generar dicho contacto. 

Riberas cercadas

Otros de los factores que motivaron la movilización de las personas fueron las denuncias sobre eventuales cercos ilegales en las riberas de los ríos, denuncias que no se restringen al Elqui, sino también al resto de la región, como el caso de la localidad de Pulpica Alto, en la comuna de Monte Patria. 

Por ello, se solicitó a la Seremi de Bienes Nacionales realizar fiscalizaciones en todos esos cauces donde se registraban estas denuncias. 

Al respecto, la seremi de la cartera, Giannina González, comentó que ya desde esta semana se viene trabajando en terreno para dar solución a estas situaciones. 

Así, tras estar en la provincia del Limarí, “vamos a seguir la próxima semana en la comuna de Paihuano porque también es un compromiso que realizamos con el alcalde Hernán Ahumada, para poder fiscalizar toda su comuna y ver si en uno de estos casos denunciados se dan situaciones en que se impida el acceso”, señaló. 

“Estuvimos en una mesa de trabajo que se generó a raíz de muchas denuncias que se comentaban a través de las redes sociales y según lo que explicaba el alcalde, por la escasez de agua en el río. Y es por eso que nos invitaron a varios servicios públicos, comprometiéndonos en nuestro caso, con fiscalizar los accesos a los ríos con nuestros funcionarios. Esperamos que esta mesa sirva mucho para que la comunidad esté tranquila de que el Gobierno está trabajando en solucionar sus demandas”, explicó la autoridad.

 

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