• Esta semana iniciará la inspección de la carretera por parte de una comisión del personal especializado del MOP. Si se considera que cumple con las condiciones del contrato, se daría el vamos a la operación y al cobro del peaje.
    Esta semana iniciará la inspección de la carretera por parte de una comisión del personal especializado del MOP. Si se considera que cumple con las condiciones del contrato, se daría el vamos a la operación y al cobro del peaje.
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Lautaro Carmona
Desde el oficialismo acusan que sería responsabilidad del gobierno anterior el haber traspasado los usuarios el costo de las obras adicionales que se debieron desarrollar en la carretera, pero desde la oposición señalan que, de haberse revisado bien el proyecto inicial, esto no habría ocurrido. Ahora se está contra el tiempo para poder buscar una solución

Polémica ha generado estos últimos días la publicación que hiciera en los medios de comunicación la Concesionaria Ruta del Limarí, de la española Sacyr, en la cual informaba sobre la puesta en operación de la carretera que une Coquimbo con Ovalle el próximo 8 de julio y, por consiguiente, el inicio del cobro del peaje.

La primera discusión se provocó en torno a si la ruta se encontraba o no terminada en su totalidad para comenzar a operar, esto pese a que en entrevista con El Día, el gerente general de la concesionaria, Luis Felipe García, aseguraba días atrás que todas las obras que están establecidas por contrato se encontraban finalizadas y que solo restaban detalles menores para que quedara en óptimas condiciones.

Pero a eso se adicionaba otro punto, el alto costo que se fijó para el uso de la vía que, según transparentó la firma en este anuncio, sería de $2.900 para autos y camionetas con y sin remolque, de $850 para motos y motonetas, $5.250 para buses y para los camiones de más de dos ejes, en tanto, el costo fijado sería de $9.350.

La información provocó revuelo, toda vez que cuando se realizó el proyecto original, se indicó que el valor que tendría este peaje oscilaría entre los $2.400 y $2.600 pesos. La respuesta surgió del propio seremi de Obras Públicas, Pablo Herman, quien manifestó que “el precio establecido considera un reajuste del valor original para financiar obras extraordinarias que fueron requeridas por la comunidad”.

En tanto, respecto a la fecha de puesta en servicio de las obras, la autoridad detalló que quedó establecida contractualmente para el 8 de julio, pero que aún resta que un equipo del ministerio efectúe la revisión final para su autorización. “Para ello, la próxima semana vendrá un comisión a inspeccionar que las obras del contrato estén finalizadas y así autorizar dicha puesta en servicio, con lo cual la concesionaria podrá comenzar el cobro por peaje”, precisó Herman.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL CAMINO?

Conocida la noticia del alto valor del peaje, surgieron acusaciones mutuas sobre qué gobierno tuvo la responsabilidad de esta alza. Para entenderlo, El Día indagó en los archivos de prensa constando, por una parte, que efectivamente el proyecto inicial fue licitado y adjudicado en el primer gobierno de Sebastián Piñera (donde se establecieron las condiciones técnicas en las cuales no se habría incluido algunas obras) y, por otra, que durante el segundo periodo de la Presidenta Bachelet, se modificó el contrato para adicionar estas infraestructuras, lo que implicó un alza en el cobro a los usuarios.

Si recurrimos a la historia, cabe destacar que el proyecto para dotar de una doble vía a esta carretera tiene larga data. De hecho, el 2007, en una de las visitas que hiciera a la ciudad de Ovalle durante su primer mandato, la presidenta Bachelet anunció la intención del Gobierno de concretar la iniciativa, lo que reiteraría en su Cuenta Pública del 21 de mayo.

Culminado su primer periodo, las autoridades de la época indicaban que la iniciativa había quedado lista para ser licitada. Sin embargo, tras asumir Sebastián Piñera el 2010, se indicó que no era efectivo y que se requería hacer algunos ajustes. Pasaron los meses y no se dio ningún anuncio al respecto.

Esto hasta agosto de 2011, cuando el entonces coordinador de concesiones del ministerio de Obras Públicas, Emilio Pellegrini, informó que la Ruta D-43 se convertía en una de las 5 prioridades del MOP a nivel nacional, integrando un plan de licitaciones de diversas obras que se llevarían a cabo en el país.

Pero, para hacerlo, se decidió sacarlo del “Plan de conservación de redes” a través del cual había sido planteada inicialmente su concreción y se decidió desarrollarlo por la vía de la concesión, lo que implicaba cobro de peaje y aceleraría los procesos de ejecución.

En noviembre de 2011, el MOP anunció que la fecha para la realización de las aperturas técnicas y económicas correspondientes a la licitación de la carretera quedaban fijadas para abril y mayo de 2012 respectivamente, lo que entusiasmo a todos, pues este trámite era fundamental para su concreción.

Pero, con posterioridad, este procedimiento fue suspendido en 3 oportunidades. Desde el MOP indicaban que esto obedecía a que “esta es una obra que debe cumplir con los estándares y niveles de seguridad de una vía concesionada y por eso se ha efectuado un mejoramiento del proyecto”.  Se mencionó que entre las mejoras que se esperaban efectuar, figuraban nuevas estructuras de puentes, pasarelas peatonales, facilidades para el cruce de peatones, paraderos de buses, mejoramiento en retornos y calles de servicios.

Finalmente,  el 26 de octubre de 2012, se conoció que el Consorcio Sacyr Concesiones se adjudicó este proyecto vial denominado “Concesión para el mejoramiento y conservación de la Ruta 43”,  presentando la propuesta económica más baja, al solicitar un subsidio estatal de 294.000 UF anuales (cerca de 13 millones de dólares) por 12 años más los recursos obtenidos del cobro del peaje. La fecha de término para la construcción se fijó para el 18 de marzo de 2018 y el plazo de concesión a 30 años.

Respecto del valor del uso de la vía, el seremi de Obras Públicas de ese entonces, Luis Cobo, indicaba que “El peaje está definido, es parte de las bases. Se estima en torno a los 2 mil pesos moneda del 2012 para vehículos livianos, es bastante similar en lo que hay hoy en la Ruta 5”.

OBRAS ADICIONALES

Al asumir Michelle Bachelet su segundo gobierno, efectivamente se encontró con un proyecto licitado y adjudicado, donde ya se habían establecido y fijado las condiciones técnicas que tendría esta carretera.

Las obras de construcción iniciaron en junio de 2014, pero a poco andar comenzaron las protestas de los pobladores de las localidades aledañas de la ruta, quienes denunciaban que habían infraestructuras de relevancia que no se habían incluido en el proyecto original, tales como pasarelas, paraderos e incluso se cuestionó que la doble vía llegara solo hasta las cercanías del aeródromo Tuquí, en Ovalle, no contemplando, por ejemplo, accesos a este mismo recinto, al nuevo hospital ni tampoco un paso sobre nivel en el cruce hacia la ruta que va a Río Hurtado.

La presión de las manifestaciones llevó a las autoridades de la época, encabezadas por la seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, a plantear la problemática en la oficina de Concesiones en Santiago.

Cabe destacar que el cálculo de pago de peaje se realiza en base al subsidio que paga el Estado, la Rentabilidad Social y  los años de concesión que se otorgan. En base a ese análisis, efectivamente se elaboró un proyecto inicial con menor valor de peaje. Sin embargo, autoridades de la época de la Nueva Mayoría señalan que para rebajar el costo lo que se hizo fue “acortar” la carretera y restarle obras, pero en el análisis posterior se definió que éstas sí debieron estar incluidas desde el inicio. Con la solución que se encontró en ese momento se pagaría menos, pero la carretera quedaba incompleta, critican.

Serían 2,5 kilómetros más de doble vía (para llegar al sector del nuevo hospital) y otras obras que encarecían el proyecto. La decisión de modificar el contrato radicaba en el ministerio de Hacienda en Santiago. Una de las opciones que surgían para financiarlas era el aumento del subsidio que iba aportar el Estado. No obstante, esta alternativa habría sido descartada por esta cartera por considerar que atentaba contra las condiciones de igualdad que se dieron a las empresas que postularon a adjudicarse la licitación, quienes podrían reclamar por el cambio posterior de las condiciones. Lo mismo operaba con la segunda propuesta, de incrementar los años de concesión.

Por eso se habría determinado hacerlo vía el aumento del costo de peaje, es decir, serían los usuarios los que deberían asumir todos estos cambios que, a juicio de muchos, se pudieron haber previsto tanto cuando se licitó como cuando se efectuó el anexo de contrato. Esto llevó a extender también los plazos, que se fijaron para el 8 de julio de 2018.

SE PROPONE CORREGIR

Más allá de quienes tuvieron la responsabilidad de que no se previera el alto cobro del peaje durante todos estos años y de que no se tomaran las acciones correspondientes con antelación para evitar este problema, lo que cabe preguntarse ahora es si existe aún la opción de revertir la determinación.

El diputado DC, Matías Walker ha sido una de las autoridades que se ha manifestado crítico por el alto costo fijado y sostiene que ha habido responsabilidades compartidas. “Acá hubo un doble error, tanto del primer gobierno del Presidente Piñera como del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet”.

Dice que como parlamentario el 2012 se reunió con el exministro de Obras Públicas, Hernán de Solminiac a quien le planteó que debió contemplarse un subsidio mayor por parte del Estado “ya en ese entonces se hablaba de una tarifa de $2.400 pesos, que era absolutamente desproporcionado para un tramo de 80 kilómetros, sin embargo no fui escuchado y la licitación de adjudicó en base a ese parámetro”.

Pero el siguiente gobierno, agrega, también cometió un error en el mismo sentido “porque para las obras adicionales que eran necesarias debió quedar estipulado que las subsidiara el ministerio de Obras Públicas”.

Más allá de entrar en discusiones, el legislador sostiene que lo que hay que buscar es soluciones y plantea que aún puede haber una salida en esta materia. “Está en manos del actual gobierno y es aplicar un mayor subsidio estatal”. La alternativa de ampliar el plazo de la concesión, según ha averiguado, “en términos aritméticos sería poco relevante porque es una concesión que recién está entrando en operación”.

El Gobernador de Limarí, Darío Molina, va más lejos aún y señala que espera, primero, que no se haga la recepción de las obras, porque a su parecer existen trabajos que no están terminados o que tienen falencias. Pero además de eso, pedirá que se adicionen nuevas infraestructuras que faltarían y la rebaja del peaje. Todo ello, vía aumento de los años de concesión.

“Hemos estado teniendo conversaciones con Concesiones y la empresa para ver qué alternativas existen” indica y apela a los años que lleva la empresa Sacyr trabajando para el Estado “Para pedirles flexibilidad y, si es necesario, ponerse conversar”.

Señala que cree que hay que prorratear ese aumento de peaje en el tiempo “y aumentar la concesión, pero no cargarle a los usuarios los costos”, pero además pedirá incluir una serie de obras “porque no podemos inaugurar esta carretera existiendo esas falencias”. Entre estas, menciona que existen paraderos y atraviesos que no están bien ubicados, que falta iluminación y 3 o 4 pasarelas.

“Esperamos que la visita de la comisión pueda encontrar aquellas diferencias que nosotros creemos que existen para evitar que comience a operar el día 8. No vamos a inaugurar esta carretera mientras no estén todas las obras que faltan”, recalca.

Respecto de si ha tenido la posibilidad de conversar con la intendenta Lucía Pinto, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Hacienda para ver si se hace factible esta propuesta, Molina expresa que “lo que nos han planteado es que se están haciendo todos los esfuerzos para revertir esta situación. Sin embargo, están conscientes de que hay un contrato de por medio y que hay que analizarlo muy bien, porque se podría incurrir en multas de no entregar la carretera”, precisó.

CONTRA EL TIEMPO

Ni el ministerio de Obras Públicas ni el gobierno central se han manifestado respecto a si es factible o no analizar alguna alternativa para rebajar el peaje. Pero lo cierto es que queda muy poco tiempo para que se cumpla el plazo del 8 de julio establecido por contrato y cualquier acción que se haga deberá efectuarse bajo esos parámetros.

Lo que hay que esperar, eso sí, pues será determinante en este sentido, es saber qué va a suceder con la inspección que va a realizar la comisión de Concesiones que durante esta semana va a iniciar la revisión de la carretera para determinar si está en condiciones de entrar en operación. De darle el vamos, se ve menos factible que pueda llegarse a un acuerdo de rebaja del peaje.

 

 

CIFRAS

$2.900

Pesos es el costo de peaje que anunció la concesionaria pagarán autos y camionetas.

 

30

Años es el plazo de concesión que se estableció para esta carretera.

 

 

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