• El centro comercial Paseo Balmaceda se mantiene abierto al público desde principios de 2018 y significó una inversión de unos US$ 75 millones.
Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
A mediados de diciembre, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo remitió los antecedentes solicitados por Contraloría, en medio de la investigación. Ahora se espera que la Contraloría se pronuncie sobre las acusaciones de Neorentas en contra de los funcionarios públicos, que contemplan entre otras cosas, “imputar ilegalidades al proyecto con el objetivo de paralizarlo”.

Un largo camino de judicialización ha recorrido el centro comercial Paseo Balmaceda, ligado a la empresa Neorentas, incluso después de su apertura e inicio de operaciones a principios de 2018. La compañía no solo mantiene una querella criminal en contra de Erwin Miranda, ex seremi del Minvu, Cristián Álvarez, abogado, y “todos los que resulten responsables”, en el citado caso, -que el Juzgado de Garantía de La Serena admitió a trámite en diciembre pasado-, sino que también ha solicitado a la Contraloría General de la República iniciar un sumario en contra de tres funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de la Región de Coquimbo por oponerse arbitrariamente al proyecto durante su tramitación.

“Las personas ayudaron a interponer acciones judiciales contra el interés del servicio”; ayudaron a entorpecer el desarrollo del proyecto y “participaron en la resolución sobre su propia inhabilitación”, solicitud de sumario a la CGR por parte de Neorentas.

El detalle de la petición de sumario

El documento solicita dar inicio a un sumario administrativo en contra de Juana Varela, Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano del Minvu; Enrique Vio Encargado de la Unidad de Planes Reguladores de la institución y Eugenio Cortés, Analista de Programas Sectoriales del Minvu, además de otros funcionarios públicos que puedan haber participado en los hechos que denuncian.

En la solicitud, la empresa enumera cinco hechos que, a su juicio, demuestran la parcialidad de los funcionarios denunciados. “Se trata de hechos, a nuestro juicio, graves y que en su conjunto demuestran una falta a la necesaria imparcialidad que deben guardar los funcionarios públicos y que resulta indispensable para el recto funcionamiento de la administración pública e igualitario acceso a los servicios otorgados por el Estado y sus organismos”, se lee en el escrito de la representación de la empresa.

Entre los hechos, señalan que las personas “excedieron las atribuciones de la Seremi de Vivienda y Urbanismo al intentar invalidar ilegal y arbitrariamente el permiso de edificación del centro comercial Paseo Balmaceda y con ocasión de los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, EISTU”. También los acusan de imputar ilegalidades al proyecto con el objetivo de paralizar la construcción. Además, sostienen que las personas “ayudaron a interponer acciones judiciales contra el interés del servicio”; “ayudaron a entorpecer el desarrollo del proyecto” y “participaron en la resolución sobre su propia inhabilitación”.

“Este cúmulo de circunstancias que riñen con el deber de probidad e imparcialidades la administración, es el que nos mueve a poner los hechos en conocimiento de la Contraloría y a solicitar que se investiguen las responsabilidades disciplinarias”, indican en el escrito, los abogados de Neorentas.

“Creo que el camino judicial no es el mejor, sobre todo teniendo en cuenta que según lo que ha dictado la justicia hasta ahora, los permisos del Paseo Balmaceda han sido otorgados correctamente”, Hernán Pizarro, seremi del Minvu.

Minvu colabora con la investigación y seremi lamenta judicialización

Consultado sobre la investigación, el seremi del Minvu, Hernán Pizarro, confirmó la situación y aseguró que la institución está colaborando con lo solicitado por la Contraloría. “La autoridad nos pidió que nos pronunciáramos frente a la solicitud de la empresa de investigar a estos tres funcionarios del Minvu. Así, entregamos los antecedentes a mediados de diciembre, que incluyen la declaración de los administrativos. Ahora la Contraloría debe pronunciarse”, dijo Pizarro a diario El Día. El seremi del Minvu además comentó que al estar en medio de un caso judicializado, pretende no dar más antecedentes de la situación y “hasta que no se demuestre lo contrario, los funcionarios son inocentes”. “Lo que sí puedo afirmar es que esta no es la forma de construir una ciudad. Tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo y dentro de las divergencias, avanzar hacia un país desarrollado. Creo que el camino judicial no es el mejor, sobre todo teniendo en cuenta que según lo que ha dictado la justicia hasta ahora, los permisos del Paseo Balmaceda han sido otorgados correctamente”, sentenció Pizarro, concluyendo que la meta es, entre todo, cuidar la institucionalidad y que los proyectos se ajusten a la normativa. “La idea es desligarse de las batallas personales y construir una ciudad amigable”, dijo.62-02i

 

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