• Hoy en Chile está paralizados proyectos por aproximadamente U$ 4.000 millones, por órdenes judiciales, justamente por la falta de certeza de estos instrumentos.
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Lautaro Carmona
El Gobierno le dio urgencia simple a la iniciativa legislativa que busca destrabar millonarias inversiones en el rubro de la construcción. Esto significa que la ley debe discutirse en 30 días en la Cámara de Diputados, para luego pasar al segundo trámite constitucional: el Senado.

El proyecto de ley que busca agilizar la aprobación de planos reguladores en la región y el país avanza en el Congreso.

Durante la primera semana de marzo, el diputado que lidera el proyecto, Juan Manuel Fuenzalida, reveló que el Gobierno le otorgó urgencia simple a la iniciativa que busca destrabar millonarias inversiones en el rubro de la construcción. Esto significa que la ley debe discutirse en 30 días en la Cámara de Diputados, para luego pasar al segundo trámite constitucional: el Senado.

“Presentamos este proyecto en enero y fue declarado admisible durante la primera semana de marzo. Ahora buscamos que la iniciativa se incluya en la tabla de la Comisión de Vivienda, por su naturaleza. Estamos tratando de que se incluya en la tabla del martes, dada la urgencia que tenemos”, dijo el parlamentario.

 

¿Qué busca la ley?

El proyecto de ley que busca modificar la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, —que ya había anunciado durante el año pasado–, tiene el fin de hacer más expedito los procesos de aprobación de proyectos de planos reguladores, al igual que la modificación de los mismos.

Asimismo, la iniciativa legal, que fue alzada al Parlamento por el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, pretende generar certidumbre jurídica respecto al proceso de petición y otorgamiento de permisos de edificación y construcción ante la Dirección de Obras Municipales, DOM, “en la medida en que ante el silencio constante del órgano y aún con instrucción de la respectiva Seremi, se entienda un silencio positivo y se otorgue el correspondiente permiso solicitado”, ha explicado con anterioridad.

 

Los antecedentes detrás de la propuesta

Las razones detrás del proyecto de ley son contundentes. De acuerdo a Fuenzalida, en la actualidad un instrumento de planificación territorial (regional, provincial o comunal) puede tener un proceso de examinación, desde que se inicia con la formulación de este y hasta su toma de razón, que puede exceder de los 6 años.

En efecto, en términos generales, se inicia con la formulación que hace la consultora, pasa por las participaciones ciudadanas, su aprobación, revisión del Minvu y termina con el examen por parte de la unidad especial de la Contraloría General de la República para la toma de razón del decreto respectivo.

“En relación con este último punto, cabe hacer presente que la mayoría de los instrumentos que se encuentran en proceso de revisión, son observados por esta unidad, lo cual genera un mayor atraso en la aprobación del mismo, lo que en la práctica significa aumentar considerablemente el plazo presupuestado”, dice Fuenzalida en su escrito, añadiendo que este mismo resultado tendrán la mayoría de aquellos instrumentos que en la actualidad se están formulando.

 

US$ 1.200 es el monto de las inversiones que se podrían destrabar en Coquimbo si se agilizara la aprobación de los planos reguladores, creando 3 mil empleos.

 

Impacto económico y laboral

Según lo presentado por el parlamentario, la aceleración de los procesos descritos generaría efectos positivos tanto respecto del incremento de las inversiones, la creación de empleos y mejoramiento de remuneraciones, mayor recaudación de tributos y un aporte al crecimiento económico a nivel regional y nacional.

“Actualmente, es difícil determinar el impacto en la inversión que se puede producir, ya que muchas de las inversiones no siempre se informan por razones estratégicas de los inversores, sin embargo, hay casos como los de la comuna de Coquimbo, que permiten demostrar la tremenda importancia económica que este tipo de propuestas pueden significar para el país", dijo.

En efecto, Coquimbo es una comuna cuyo plano regulador vigente es del año 1984 y que en la actualidad su nuevo plano regulador fue recientemente observado por la Contraloría General de la República. Lo mismo ocurre con el Plano Regulador Intercomunal de la provincia de Elqui, que se aplica a falta del comunal.

“Ahora bien, si cualquiera de estos instrumentos, estuviera operativo, en la comuna de Coquimbo se podrían concretar, sólo en el área inmobiliaria, proyectos por inversiones aproximadas a U$1.200 millones, generando a los menos entre 2.500 a 3.000 nuevos puestos de trabajo”, señaló Fuenzalida.

Por otra parte, la propuesta contenida en su minuta, asegura, permitiría regularizar casos de proyectos de distinta índole, que por la antigüedad o bien la ambigüedad del instrumento territorial respectivo, hoy se encuentran paralizados por la judicialización de estos.

“En efecto, sólo en el área inmobiliaria y de acuerdo con cifras obtenidas de la CChC, hoy en Chile está paralizados proyectos por aproximadamente U$ 4.000 millones, por órdenes judiciales, justamente por la falta de certeza de estos instrumentos”, concluyó.62-01i

La postura del gremio constructor: apoyan la iniciativa

Sergio Quilodrán, presidente CChC de La Serena, ha explicado que La Serena y Coquimbo se convertirán en la primera área metropolitana del norte de Chile en la próxima década cuando juntas sumen más de 500 mil habitantes. "Esto no sólo implicará vestirnos de pantalones largos, convertirnos en un referente a nivel nacional y aumentar los estándares de medición, sino que también cumplir con cada uno de los desafíos que trae aparejado esa condición y que se resumen en aspectos urbanos, de infraestructura, movilidad, conectividad, fomento productivo, competitividad y sostenibilidad. He aquí la importancia de contar con una regulación capaz de solventar ese desarrollo", dijo.

Por lo mismo, el gremio ha valorado el proyecto de ley presentado por el diputado Fuenzalida y que apunta a agilizar la actualización de estos instrumentos de planificación, "ya que se creará una institucionalidad que asigne plazos perentorios para la actualización y donde éstos no superen los 10 años", concluyó.

 

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