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EL DIA
Plazos de respuesta demasiado extensos, solicitud de requisitos adicionales no contemplados por la ley, o cobro improcedente de intereses, son sólo algunas de las quejas que numerosas empresas han denunciado durante estos días al momento de solicitar préstamos ante la banca a través del Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario, beneficio que está dirigido para toda las empresas que no tengan ventas anuales superiores a un millón de UF.

Don Raimundo Pérez es un mediano productor de nueces de Río Hurtado, producción de la cual, una gran parte de ella es exportada a Europa y Turquía.

No obstante, con la extensión del coronavirus por el Viejo Continente y su posterior llegada a Chile, las fronteras se cerraron y el comercio se paralizó. Para don Raimundo, esto se tradujo en que casi el 70% de su producción se quedara guardada en bodega.

Ante tal escenario, las consecuencias para él fueron esperables: al paralizarse las ventas, sus ingresos también se paralizaron, quedando sin caja para cumplir con sus compromisos financieros. Ello lo motivó pues, a acudir a las líneas de crédito COVID-Fogape, uno de los instrumentos incluidos en el Plan Económico de Emergencia implementado por el gobierno para ir en auxilio de los pequeños y mediando empresarios ante la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus.

El principal objetivo de esta medida era permitir que la banca – con garantía estatal - entregara recursos a las pymes en condiciones preferentes para que puedan levantarse ante esta coyuntura. Pero no todo ha resultado como esperaban las pymes.

Incomodidad

“El asunto no está funcionando”, señala Raimundo Pérez, al referirse a este tema. “He intentado acceder a los créditos Fogape desde que se publicó la ley, en los bancos Itaú, Scotiabank, Santander y el BCI, que son las entidades donde tengo cuenta. Pero el beneficio, al menos para mí no está llegando, pues los bancos, aparentemente, están evaluando a las pymes como si viviéramos en un tiempo normal y no en emergencia”, señala.

En efecto, este agricultor sostiene que no “hay respuesta” al consultar por los créditos en los bancos pues los tiempos de respuesta serían demasiado extensos y ante la gravedad de la situación por la que están pasando miles de empresarios como él, el presente se hace insostenible.

“Yo siento que están vulnerando el corazón de la ley, que era para ayudar a las pymes que están crisis y tienen problemas de liquidez, y eso nos pasa por tener el 70% de la producción aquí en bodega y no tener flujo. Los bancos lamentablemente olvidan la crisis que tuvieron en 1982 cuando el gobierno los ayudó, y la gente en el fondo, fue la que los sacó de la quiebra”, señala.

Misma molestia tiene Arturo Villalón, empresario ligado al rubro inmobiliario quien, entre sus negocios, dirige una empresa de gestión inmobiliaria, las que, explica, han sido de las más castigadas por la crisis, pues “las ventas han alargado los plazos de escrituración hasta en 120 días. Además, los proyectos futuros están comenzando a quedar parados, lo que hace que las ventas sean más lentas todavía”.

En su caso además, empresas de gestión inmobiliaria como la de él, no están considerados dice, en esta primera etapa para acceder a los créditos Fogape.

Lo otro que cuestiona es que en los bancos “nos preguntan que cuándo va a ser (se va a reanudar) el flujo de pago. Pero resulta que nadie tiene fecha de término para esta situación, nadie tiene una fecha para reabrir actividades. Uno no tiene un plazo para poder decirle al banco cuando va a empezar a pagar de nuevo la deuda”.

A su juicio, da la impresión, “que estas platas se manejan más a nivel central, en Santiago que en provincia (…) privilegian a grandes empresas. Si estamos hablando de facturaciones de hasta un 1 millón de UF, somos mucho más chica que eso. Pero las platas no llegan”.

Crítica situación del comercio

Las dificultades que han debido sortear cientos de pequeños y medianos empresarios al momento de intentar acceder a los créditos de emergencia, ya han comenzado a generar algún ruido por ejemplo, en el mundo parlamentario, donde el diputado Juan Manuel Fuenzalida, se mostró molesto con la actitud de la banca.

“He conocido la situación de pequeños y medianos empresarios que las están pasando mal desde octubre hasta la fecha y más aún comprobaron que los bancos no les ofrecen ninguna alternativa de financiamiento frente a la situación”, afirmó el parlamentario.

Como ejemplo, el parlamentario afirmó que “enfrentamos una situación en que algunos bancos empiezan a vulnerar la ley y el reglamento, comenzando a promediar las ventas de los últimos 18 meses contraviniendo la ley, ya que el promedio de ventas se toma desde octubre del 2018 hasta septiembre de 2019, porque es el tiempo anterior a la crisis social y al coronavirus. Además, está bien clara que no se van a considerar las morosidades no bancarias y este tema tampoco se está respetando por parte de los bancos”, argumentó.

En relación a ello, el presidente de la Cámara de Comercio de La Serena, Patricio Araya, atendiendo la delicada situación que vive este rubro, señaló que “existen denuncias de algunos bancos que estaban pidiendo datos de ventas de enero o febrero de 2018, cuando eso no corresponde”, así como, “hay otros bancos que están cobrando intereses por atrasar las cuotas de los préstamos”.

Araya critica que ante la parálisis que hoy sufre el comercio, “se han visto casos en que se han demorado mucho en responder, les han pedido mucho papeleo o les han dicho que no están contemplados en sus líneas de crédito”.

Además, de otras inconvenientes, el presidente de la cámara serenense llamó a la autoridad “a agilizar el curso de los créditos pues, por ejemplo, la exigencia de papeles adicionales que piden los bancos entrampa el proceso”.

El dirigente insistió en que la situación del comercio es crítico, pues dentro de nuestro sector tenemos las fuentes de soda, los restaurantes, las cafeterías, los pubs, que son comercios que están cerrados y tienen cero ventas. Pero aun así, tienen compromisos financieros. Creo que los bancos han demorado mucho este proceso, y a lo mejor, es por el hecho de que están actuando a criterio de cada uno, no hay un criterio único”.

Seguimiento

Por su parte, este viernes, el seremi de Economía, Carlos Lillo, mantuvo un encuentro con varios gremios y asociaciones de la región, explicando justamente, los alcances de la ley de créditos con garantía del Estado, instancia en la que se discutieron los problemas denunciados por los pequeños y medianos empresarios.

Al respecto, Lillo afirmó que “debemos entender que lo bancos están recibiendo una gran cantidad de solicitudes de crédito, debido a la alta demanda de nuestras micro, pequeña y medianas empresas. Es por esto que los tiempos que inicialmente se pretendían obtener han sufrido cambios y ha aumentado la demora”, indicó, aclarando eso sí que “esto no quiere decir que los procedimientos se puedan mejorar, haciéndolo más expeditos y que la banca puedan realizar las mejoras necesarias para poder responder a cada uno de los requerimientos de sus clientes, enmarcados en la ley que aprobó el gobierno”.

Por lo mismo, la autoridad aseguró que “la seremia ha generado un canal con la banca bajo el objetivo de levantar las diferentes dificultades que están enfrentando las empresas, entre ellas destacan los tiempos de demora en los créditos solicitados, los criterios de evaluación de riesgo y las tasas de interés de los instrumentos. Como gobierno estamos haciendo un seguimiento permanente no solamente de esta medida, sino que de todas las medidas del Plan Económico de Emergencia dispuesto por el Presidente de la República Sebastián Piñera”, argumentó.

 

Estadísticas de la entrega de créditos

Este jueves, la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, dio a conocer un primer informe  sobre las solicitudes de créditos del Programa COVID-Fogape.

Al 8 de mayo se aprobaron 23.492 solicitudes de créditos COVID-19, por un total de 1.072.424 millones de pesos. De estas operaciones, 13.398 ya están cursadas (equivalentes a un 57% del total), sumando créditos por 388.675.255.697 de pesos.

Del análisis de los cuadros estadísticos de la CMF, se desprende que Banco Estado, Banco de Chile y Banco Santander, son las entidades que concentran la mayor cantidad de solicitudes de créditos cursadas (6.399, 5.206 y 1.558 solicitudes respectivamente).

Por el contrario, BICE, Security, Consorcio, Internacional e Itaú, son los bancos que menos créditos han cursado (ninguno en el caso de BICE y Security, 1 en Consorcio e Internacional, y 6 en Itaú Corpbanca).

 

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