• La Serena encabeza las comunas que requieren mayor cantidad de viviendas nuevas, le siguen Coquimbo y Ovalle, según indicó el seremi de Vivienda, Hernán Pizarro.
  • El seremi de vivienda, Hernán Pizarro, precisó que el informe no revela aspectos cualitativos de las viviendas.
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El Día
La necesidad de viviendas nuevas en la Región descendió en un 20,1% respecto a la cifra anterior, basada en el censo del año 2002. El presidente de la CChC La Serena, Sergio Quilodrán, enfatizó en que deben ser dignas y sustentables, pero también ubicarse en lugares donde se mejore la calidad de vida de las personas.

Después de 12 años, este mes comenzó la construcción del  proyecto de viviendas sociales “Los Balcones de Peñuelas” en Coquimbo.  El proyecto beneficiará a 592 familias que al fin tendrán su casa  propia y dejarán de engrosar el listado de familias que esperan por una vivienda nueva. Un proyecto que se condice con las cifras entregadas por el gobierno.

Y es que las cifras en materia de soluciones habitacionales resultan positivas. El pasado 19 de julio, el Ministerio de Vivienda señaló que a nivel país se requieren 393.613 nuevas viviendas, un 24,6% menos de lo que arrojó el censo del año 2002.

La tendencia se replica en la zona. En la región se requieren 16.421 nuevas viviendas, las que mayoritariamente se concentran en el sector urbano (10.138 unidades) por sobre el sector rural (6.283 unidades) según explicó el seremi de vivienda, Hernán Pizarro.

El seremi manifestó que si durante el censo del 2002 la región necesitaba 23 mil viviendas nuevas, hoy se requieren alrededor de 6 mil unidades menos, un 20,1% menos entre ambas mediciones, aunque precisó que se debe considerar que han pasado 15 años entre censos.

La cifra se desglosa en requerimientos por viviendas irrecuperables o en malas condiciones (7.855 viviendas); familias de allegamiento externos (5.012 viviendas); y personas o familias que están en hacinamiento o de forma independiente (3.554).

Pizarro comentó que las buenas cifras corresponden a que las políticas estatales han dado buenos frutos. “Creo que las cosas se han ido haciendo bien en cierta medida, respecto a que se ha ido disminuyendo el déficit habitacional” y precisó que son políticas estatales porque un proyecto social demora en promedio diez años en construirse.

“Las políticas habitacionales son de Estado porque son políticas que trascienden a un gobierno. Muchas veces uno empieza a planificar y diseñar construcciones habitacionales con un comité y nos encontramos que hoy las soluciones en promedio están sobre los 10 años”.

Pese a los buenos resultados Pizarro también explicó que el indicador no da cuenta de aspectos cualitativos de las soluciones habitacionales, tales como calidad de la edificación, e indicó que cada vez cuesta más construir viviendas sociales.

“Hoy nos está costando un poco más por las restricciones que hay tanto de suelo como de los precios de los suelos o también si consideramos las zonas de riesgo que antes no existían y que después del tsunami tenemos un estudio de riesgo en que hay muchas zonas en que no se puede construir”, dijo.

En cuanto a las cifras por comuna, en La Serena se requieren 3.834 viviendas; en Coquimbo se necesitan  3.728 viviendas; Ovalle necesita 2.726 viviendas y Monte Patria requiere 1.291 viviendas. Mientras que entre las comunas con menos requerimientos están Río Hurtado,  con 208 viviendas; La Higuera con 193 viviendas y Paihuano, con 195 unidades.

Consensuar política

Las cifras presentadas por el MINVU difieren con las publicadas en diciembre del año pasado por la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) en su Balance de Vivienda Social y Entorno Urbano 2017.

El informe que es presentado cada dos años y se realiza en base a las cifras de la encuesta CASEN,  revela que se requerían 25.124 viviendas a fines del año pasado. La cifra se desglosa en 9.491 Nuevos Requerimientos Habitacionales (NRH) y 15.633 Requerimientos Habitacionales por Deterioro (RHD).

El presidente de la CCHC La Serena, Sergio Quilodrán, explicó que si bien existen diferencias entre los números que expone el Minvu, de acuerdo a un balance del año 2017, creen que lo pertinente es consensuar una política habitacional acorde a las necesidades de las familias.

“Esto implica no sólo una estructura habitacional digna y sustentable, sino que también emplazamientos donde se mejore la calidad de vida y el acceso a servicios básicos, especialmente de aquellos grupos con menores recursos”, dijo.

Añade que la idea de integración social es prioritaria para el gremio, “pues la única manera de propender a un desarrollo urbano es entregando bienestar social. De hecho, como gremio apoyamos durante los últimos años el Programa de Integración Social y Territorial del Minvu (DS-19) el que buscaba generar condiciones idóneas para que familias vulnerables se instalaran en entornos de mayor estándar. Fue así como promovimos entre nuestras empresas socias que participaran de dicho subsidio el que dispuso de más de 6 mil soluciones en uno de sus llamados más exitosos”, señaló.

Rehabilitación de barrios.

Las cifras son claras en señalar que el mayor número de necesidad por viviendas nuevas se origina en viviendas que presentan nivel de deterioro. Por esa razón, cuando la CChC hizo la presentación el Balance de Sustentabilidad y Entorno recomendó “reforzar los programas de rehabilitación de barrios y viviendas, incluyendo las unidades que queden disponibles gracias a la aplicación del “subsidio de movilidad”, lo cual  permitiría crear rápidamente un stock de inmuebles para grupos vulnerable y moderar el déficit por deterioro”.

El seremi coincide con la rehabilitación de barrios debido a que se tiende a ubicar las viviendas sociales en la periferia.

“Hoy en el gobierno de Sebastián Piñera estamos pensando en que tenemos que resolver el tema de hacer más casas”, pero “hay que salir  del estigma de poner a la mayor cantidad de familias en un terreno o que siempre tengan que ser terrenos marginales”, porque es “desintegrar la ciudad, el barrio y el país”, dijo.

No obstante, recordó que en La Serena la principal complejidad es la declaración patrimonial.

“Vamos a juntarnos para ver cómo somos capaces de generar los instrumentos que impulsen el desarrollo o la inversión sea atractiva porque hoy está muy deteriorado por todas las restricciones que existen. El casco histórico de la ciudad está bajo la Ley de Monumentos Nacionales lo que no permite que haya inversión. Hace cuatro años  desarrollamos un proyecto importante para poder recuperar la calle Almagro y el casco histórico, pero solamente nos restringe a mejorar las fachadas y el resto no lo podemos tocar”, señaló.

Pizarro añadió que el problema de las viviendas en mal estado no sólo afecta a las zonas urbanas si no también rurales.

“Vamos a tener que ponernos de acuerdo en poder generar medidas legislativas y normativas para ir incentivando la recuperación de los barrios”, dijo.

 

 

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