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Proceso de expansión contempló la edificación de un embalse de relaves por $800 millones, el que quedó inconcluso a un mes de su entrega. Compromiso de matriz australiana de inyectar recursos no se llevó a cabo, debiendo suspenderse las faenas

Felipe Pardo Ortega
La Serena

Por más de cuarenta minutos estuvieron reunidos en el salón O’Higgins de la intendencia, el gerente general de Compañía Minera Punitaqui, Chris Harrison; la máxima autoridad regional Ricardo Cifuentes y los seremis de Minería y Trabajo, Antonio Videka y Cristián Martínez, respectivamente, con el fin de conocer en detalle las razones del cese de faenas ocurrido la noche del miércoles en el yacimiento de la comuna limarina.

El encuentro se realizó en medio del profundo malestar de las empresas contratistas por el no pago de los servicios que prestaban en su plan de expansión, que contemplaba la extracción de 5 mil toneladas mensuales de cobre desde la mina Cinabrio y Los Mantos y la incertidumbre por la potencial pérdida de fuentes de empleo.

No obstante, el representante de la firma no quiso referirse a ninguno de esos puntos, argumentando el respeto por las partes involucradas en el actual proceso de venta de la firma que se materializaría en las próximas seis u ocho semanas.

No obstante, fue el propio Harrison quien descartó de plano que la baja en la valorización del metal rojo, que ayer cerró en US$1,76, haya detonado la crisis. “El precio del cobre no tiene nada que ver, porque es una mina muy rentable que cambiará de dueño”, aseguró escuetamente, al mismo tiempo que la ampliación de faenas por US$60 millones había quedado “congelada”.

Entre las causas que explicarían el descalabro económico que sufrió la empresa y que radicó en el no pago a proveedores y servicios complementarios, estaría la falta de liquidez generada porque la matriz australiana Tamaya Resources habría dejado de inyectar dinero.

Fuentes confiables especificaron que el compromiso era de US$1 millón mensual, el que sólo se habría realizado esporádicamente, impidiendo asumir a minera Punitaqui los costos de operación. “No puedo hacer ningún comentario”, reiteró el ejecutivo Chris Harrison.

PRIMER ACUERDO

Atendiendo la magnitud del impacto por el cierre de faenas extractivas en la comuna y que impactaría en 538 operarios, durante la cita se acordó que la minera se haría cargo de las remuneraciones de 150 trabajadores que aún no habrían cobrado sus honorarios correspondientes al mes de octubre y cuyo valor alcanzaría los $40 millones.

El seremi del Trabajo, Cristián Martínez, validó este acercamiento, al mismo tiempo que corroboró que en los próximos dos meses, periodo donde se calcula aparecerá un oferente, la titular nacional seguirá pagando los sueldos, pese a mantener cesados de sus funciones a 538 empleados.

En caso de que la compra no se hiciera efectiva, el Ministerio del Trabajo, a través de la Seremía, ya contempla medidas de contingencia. “Estamos tomando los resguardos necesarios para que a todos los trabajadores, desde el gerente general hasta el último empleado, se les respeten sus derechos. Por esto se asesora jurídicamente al Sindicato 1 y 2”.

Durante la tarde de ayer, representantes de los dos sindicatos se dieron cita en Santiago donde se entrevistaron con el manager de Tamaya Resources, Michael Ryan, para respaldar, a través de un documento, los derechos de los 150 operarios.

MINA RENTABLE

Otro de los actores que también se dio cita ayer en el salón O’Higgins, fue el seremi de Minería, Antonio Videka, quien separó aguas con respecto a los últimos acontecimientos. Esto porque trascendió que minera Tommy, propietaria de Puquíos, estaría reevaluando los retornos económicos, lo que se suma al cierre de faenas de Dayton. “En ambas hubo problemas de rentabilidad”, aseguró.

Por lo mismo, sentenció que lo de minera Punitaqui correspondía a coyunturas distintas, ya que “acá debían hacerse inversiones y correr flujos de dinero, porque es un yacimiento rentable. Incluso está poniendo en valor su proyecto de oro Diatrema”.

Y en virtud de las utilidades que experimentó a principios de año es que la plana gerencial de la compañía decidió requerir los servicios de la contratista MCM Ingeniería y Construcción, para el levantamiento de un nuevo depósito de relaves.

El acuerdo consistió en desembolsar $800 millones, los que se irían pagando cada treinta días por cuatro meses. Fue en esas condiciones que el gerente de la contratista, Manuel Cereceda Bolados, firmó el acuerdo. Los trabajados comenzaron en junio y hasta la fecha sólo se han pagado $200 millones, debiendo la MCM cubrir los $600 millones restantes.

“Teníamos lista a cortina de 110 metros y una pared receptora de 27 metros de alto (...) Sólo nos faltaba un mes y hemos tenido que asumir nosotros los costos”, precisó Cereceda, quien destinó a 118 operarios, o sea, el 94% de su división, a esta faena.

“Como estoy en la quiebra, deberé despedir gente”, agregó.

Pero el débito no sólo se remite a esta empresa, sino que a siete más, por lo que el compromiso económico de minera Punitaqui sobrepasaría los $4 mil millones. “Hay que tomar en cuenta aquellas que prestan servicios de transporte, casino, maquinaria y otras”, acotó Manuel Cereceda.

Debido a esta indefensión, el empresario pidió mayor regulación por parte de las autoridades con el fin de solucionar este conflicto. 

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