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Jones Huala, nacido en territorio argentino, es conocido por ser líder de la comunidad indígena mapuche de Cushamen, ubicada en la provincia argentina de Chubut, y está detenido desde el 27 de junio pasado a raíz del pedido de captura internacional que realizó Chile.

La Justicia de Argentina autorizó este lunes la extradición a Chile del referente mapuche Facundo Jones Huala, acusado de un ataque incendiario, de tenencia ilegal de armas de fuego y de incumplir la ley de extranjería.

En una audiencia a puertas cerradas y sin la presencia del enjuiciado en la ciudad patagónica de Bariloche, el juez federal Gustavo Villanueva concedió la extradición en medio de fuertes protestas a las puertas del juzgado por parte de manifestantes que fueron reprimidas con gases y balas de goma por agentes policiales.

Según informó la agencia estatal de noticias Télam, Sonia Ivanoff, abogada de Jones Huala, remarcó que no va "a convalidar" la decisión de extraditar al mapuche, ya que la considera "irregular" y con una "intención política".

La extradición fue requerida por un tribunal de Chile en una causa por un supuesto ataque incendiario en la que fueron absueltos otros tres imputados y una mujer resultó condenada a pocos meses de prisión.

También se le acusa de tenencia ilegal de armas y por una infracción a la ley de extranjería, al haber ingresado supuestamente de manera irregular a Chile.

Jones Huala, nacido en territorio argentino, es conocido por ser líder de la comunidad indígena mapuche de Cushamen, ubicada en la provincia argentina de Chubut, y está detenido desde el 27 de junio pasado a raíz del pedido de captura internacional que realizó Chile.

Para protestar contra su arresto, miembros de esa comunidad se manifestaron en la zona el 1 de agosto, cuando fue visto por última vez el joven artesano Santiago Maldonado, que se había adherido a la protesta, desalojada por la Gendarmería nacional.

El cadáver de Maldonado apareció 78 días después en las márgenes del río Chubut.

La familia del joven y diversos organismos humanitarios protagonizaron una fuerte polémica contra ese cuerpo policial dependiente del Gobierno, al que acusaban de haber hecho desaparecer al joven y de su muerte.

Finalmente, la autopsia a sus restos determinó que murió ahogado.

 

 

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