Señor director,

Es una verdad reconocida que el sueldo de los parlamentarios está sobrevalorado, sin embargo, nadie había intentado cambiar esta situación hasta hace un tiempo atrás cuando fue presentado el proyecto de Reforma Constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución política de la República referente a la dieta parlamentaria, esto fue propuesto por Gabriel Boric y Giorgio Jackson, ambos diputados independientes. Es entonces cuando decimos que los parlamentarios deben recibir remuneraciones acorde a su carga laboral incluyendo asignaciones correspondientes sin perder el límite ético.
 
Recordemos que el salario de un parlamentario es de $8.605.477, esto sin las remuneraciones asignadas para asesorías y gastos operacionales puesto que, si ponemos raya a la suma, el ingreso mensual actual de cada parlamentario supera los 24 millones, mientras que el 50% de los chilenos y chilenas cuentan con un ingreso aproximado de $260.000. Las realidades claramente no son las mismas: el legislador no vive en las mismas condiciones que las personas para quienes legisla y ambos no presentan las mismas dificultades al terminar el mes, la identidad entre quienes toman las decisiones y aquellos que deciden quienes las toman en su representación es casi inexistente. Según el último estudio “Society at Glance 2014” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  Chile presenta la mayor desigualdad de entre los países miembros en la categoría de emergentes y en vías de desarrollo, en donde el 1% de la población concentra el 31% de los ingresos país. Además de mencionar que la tasa de pobreza en Chile es 18,9% muy por sobre la media (11.1%).

Hay quienes dicen que un buen sueldo limita las posibilidades de corrupción en los cargos gubernamentales, es decir, que si queremos evitar que sigan los actos delictuales en Chile debemos facilitar los medios a los delincuentes poniendo las llaves de nuestros hogares a su disposición y esperar que en algún momento cuando tengan los bolsillos llenos tomen conciencia y cambien su actuar. Pero aún ganando 40,5 veces el salario mínimo y siendo Chile un país en vías de desarrollo, hay quienes se aprovechan de esto y buscan sacar ventaja con argumentos que sobrepasan los límites éticos y morales de nuestra nación. Los espacios de poder administrativos no deben ser incentivados por criterios salariales, sino por el deseo entrañable de servir y representar a la comunidad generando cambios en la sociedad.

Son los servidores públicos y representantes nacionales quienes tienen la misión de generar un cambio en las condiciones de desigualdad en chile y de las injusticias que esto conlleva, por la vocación de servicio público y social. Porque ¿si no se parte por casa, entonces por dónde?

 
 
Javiera Strange Quintana
Colegio Alberto Pérez, IIIºA

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