En pleno período de elecciones presidenciales, surge un debate marcadamente polémico y trascendental sobre la manera en cómo abordar las políticas sociales, la pobreza y la vulnerabilidad.

La manoseada vigencia de esta temática nos convoca hoy a plantearnos cómo transformar políticamente el asistencialismo en asistencia como derecho, siendo necesario re-inventar nuestras políticas sociales, en tanto están cada vez más concentradas en campo del Estado (ámbito de la política por excelencia).

Como es notorio, no se puede entender a las Políticas Sociales separadas de la Política Económica y de las particularidades de nuestro Estado. Del mismo modo, no se puede prescindir del reconocimiento de nuestro proceso socio-histórico registrado en las últimas décadas: un Estado que peligrosamente se transforma en benefactor, donde el asistencialismo es un apéndice del modelo socio-político vigente.

Entonces cabe preguntarse ¿qué tipo de Estado se requiere construir para garantizar la añorada justicia social para el conjunto de la nuestra población? El primer paso debería ser, entonces, resistirnos al convencimiento generalizado de que las cosas deben ser así y que no caben otras alternativas. Esto en gran medida es falso, pues siempre hay alternativas diversas; se trata de tomar decisiones, elegir y optar. Si el robustecimiento nuestra política económica y de manera especial las políticas de fomento y promoción del empleo, políticas salariales, cubrieran plenamente las necesidades sociales del conjunto de la población, no sería necesario acudir a medidas asistencialistas, atacando frontalmente la desigualdad y pobreza, términos que acompañan invariablemente al concepto de dependencia endémica.

Para entender el impacto de las medidas asistencialistas en las actitudes individuales y colectivas, tenemos que aceptar como premisa básica que todos estos programas y ayudas (específicamente los “bonos”) son estigmatizantes, por cuanto solapada e invisiblemente erosionan la dignidad de las personas, dejando una marca indeleble. El disgusto de gran parte de la ciudadanía por la forma en cómo es abordada la pobreza dependiente es evidente. No debería sorprendernos entonces escuchar que las personas que dependen de este modelo son psicológicamente dependientes, pues el actual modelo está diseñado para reforzar esa imagen, revelando a su vez su incapacidad de proveer a los ciudadanos los medios para insertarse efectivamente en los procesos productivos del país y la región, optando por alternativas adormecedoras que desafortunadamente terminan modelando lo que hacemos, lo que pensamos e incluso hasta lo que sentimos.

Estas medidas han drenado y disminuido la voluntad y capacidad de estos sectores para tomar las riendas de su propio destino y convertirse en gestores de cambio de su realidad, la cual debiese basarse en el mérito y el esfuerzo propio como principal factor movilizador, el único que conseguiría un efecto multiplicador positivo.

La noción de un nuevo concepto de vulnerabilidad nos permite dar cuenta de los fenómenos dinámicos de la nueva pobreza a la que hoy enfrentamos, en tanto condición presente y potencial. Los llamados grupos “vulnerables” son beneficiarios de un cúmulo de subsidios y bonos directos (de protección, base familiar, por control de niño sano, asistencia escolar, logro escolar, formalización, graduación de 4° Medio, invierno, por hijo nacido, bodas de oro, al trabajo de la mujer, leña, por nombrar algunos) que en vez de incentivar su propia superación a través del trabajo, producen una actitud de cómoda y demandante espera que constituye del “ser pobre” un oficio, donde vivir de lo que entrega el Estado se convierte en un estilo de vida que muchas veces descarta cualquier búsqueda de un trabajo efectivo y permanente.

El manifiesto fracaso del sistema de asistencialismo paternalista y clientelista queda en evidencia, puesto que tras décadas de repetitiva sobreintervención, aún persisten en igual condición una masa crítica (la de siempre) con nombre y apellido, dedicados a estrujar el sistema y reproducir una espiral de marginalidad que se retroalimenta en estas fechas con medidas y ofertones populistas, en el cual la doctrina del esfuerzo, la disciplina, la cooperación, la autoayuda y la asociatividad no figuran para nada en el itinerario.

Considero que siempre es un buen momento para realizar un accountability social, de modo tal de hacer exigible la rendición de cuentas por el real y efectivo impacto de dichas políticas y sus incontables beneficios, aportes, subsidios, asignaciones y bonos existentes.

No se necesita ser genio para entender que las cosas han cambiado, y hoy no sirven soluciones que eran pertinentes hace tan solo 10 o 15 años. Hemos de arriesgarnos y pensar cómo podemos hacer que nuestra economía, la política y la sociedad funcione no desde la ideología, sino desde la doctrina del esfuerzo, la superación constante; desde el camino de dignificar la pobreza y del entender que estirar la mano para pedir limosna es un acto degradante. Ese camino de trabajo y esfuerzo debiera retomarse como eje para replantear las políticas públicas en pos de erradicar la pobreza en Chile. ¿Y si no arriesgamos por ahí?, qué más da, si como dijo alguien por ahí, “cada día puede ser peor” (MB).

Autor

Imagen de Christian Aguilera

Licenciado en Turismo de la ULS, con estudios de post-grado en Sistemas de Gestión de Calidad (UTFSM) y Gestión de Emprendimiento (UDP), desarrollando actualmente estudios y asesorías públicas y privadas.

 

 

 

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