Excepto en la derecha, existe mayoritariamente la convicción que el Código de Aguas debe ser profundamente modificado, en beneficio del ser humano y de la tierra. Es la posición  de las organizaciones del campesinado, es la misma postura de las APR, de los campesinos de Ovalle, Salamanca, Combarbalá o Río Hurtado.
Debe ser un derecho humano garantizado por la Constitución Política del Estado.
Las lluvias de meses pasados, no sirve para paliar la larga sequía de diez años que nos afectó.
Se requieren instrumentos permanentes, que resguarden el uso del agua para los seres humanos, y luego otras actividades. 
Debe ser un “bien nacional de uso público”, y sus derechos deben estar entregados a las personas que efectivamente lo usan- los trabajadores de la tierra-  y no cómo actualmente se hace, que se ha transformado en un producto de mercado, afecto a la oferta y la demanda. 
Haciéndonos  cargo de ese clamor, es que aspiramos  y estamos luchando porque el estado chileno sea dueño de las aguas superficiales y subterráneas del territorio.
Chile es el único país en Latinoamérica, cuyas aguas están privatizadas en un cien por cien. Un pecado más a pagar por el  liberalismo económico. 
Requiere de una modificación profunda del Código de Aguas, y avanzar en una nueva ley. Sobre todo reformar la Constitución Política,  en lo referido al artículo 19, numeral 24, que protege la propiedad de los derechos de agua.
Valoramos  el  decreto de escasez hídrica que firmó la presidenta, a petición del intendente Claudio Ibáñez y que dura seis meses; y que le permitirá a las APR obtener agua de otros puntos de captación; no obstante  los trabajadores de la tierra, demandan de un instrumento más permanente, que le asegure su agua, cómo un derecho humano esencial e irrenunciable. 
Porque en etapas de crisis,  y paradojalmente, la autoridad  no puede disponer del recurso, salvo con un decreto de excepción. El Estado debe recuperar el control sobre el uso y distribución del agua.