El 4 de agosto de 1931, el Presidente de la República, Juan Esteban Montero, decretó la creación de una comisión para que se hiciera un estudio completo de la gestión gubernativa de la dictadura de Ibáñez. 
La prensa informó ampliamente sobre este acontecimiento, indicando que el decreto de su creación le otorgaba amplias facultades de investigación, disponiendo que todos los funcionarios públicos proporcionaran antecedentes para el desempeño de su cometido. 
Los comisionados se propusieron documentar la actuación del régimen en relación con la violación de los derechos de las personas y en relación con el manejo financiero del país. 
Hubo denuncias sobre prisiones arbitrarias, desaparecimientos, prevaricación y violación de correspondencia, muertes, atentados a las garantías constitucionales, extrañamiento, relegación y destierro, abusos de libertad de imprenta y otras incorrecciones.
Desde un comienzo, la Comisión generó cierta oposición, tanto de los adherentes del gobierno caído como de sectores políticos que buscaban recomponer el sistema constitucional mediante llamados a la unidad nacional sin revisar el pasado. 
La Comisión Investigadora tuvo una actuación destacada y controvertida en un momento conflictivo de la República, funcionando desde la primera semana de agosto hasta la Navidad de 1931. Si bien es cierto que no realizó un informe final ni hubo publicaciones que mencionaran su trabajo, su existencia quedó registrada en la prensa de la época durante los meses que estuvo en funcionamiento, en las actas de sesiones del Congreso y en el Archivo Nacional.
Su actuación puede ser entendida dentro de la tradicional modalidad chilena de resistir la impunidad ilimitada de los actos ilegales y represivos de los gobiernos de facto y un antecedente directo de la llamada Comisión Rettig, que 60 años después investigó las violaciones de los derechos humanos con resultado de muerte ocurridas durante la dictadura militar que gobernó el país entre los años 1973-1990.

Otras columnas de este autor

 

 

 

X