El centralismo político, social y económico en Chile es un fenómeno que tiene una relación directa con nuestra historia constitucional, este se puede rastrear desde la Constitución de 1833.

Luego del período de organización de la República que contempló una serie ensayos constitucionales (1823-1833) -entre los cuales se destacan las Leyes Federales, que contemplaban autonomía para 8 provincias con Asambleas Provinciales e Intendentes electos-, se consolida en Chile una "República Autoritaria" fuertemente centralista con una élite gobernante que estableció un proyecto conservador en lo político y liberal en lo económico.

Esta élite era heredera de la aristocracia terrateniente colonial que se encontraba asentada principalmente en el valle central de Chile, y sus redes de poder se concentraron en la ciudad de Santiago.

Luego de una serie de transformaciones económicas tras las primeras décadas de la formación del Estado chileno, surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX una nueva clase mercantil originada por la riqueza minera de la plata y el aumento de las exportaciones de cobre en el norte de Chile, estas nuevas fortunas rápidamente se emparentaron con la aristocracia criolla y se asentaron en el valle central.

Esta oligarquía centralista se mantuvo en el poder sin contrapeso hasta por lo menos la década de 1920, cuando se produce una crisis de legitimidad y representatividad de esta debido a la "cuestión social" producida por los excesos del período parlamentario.

La elección de Arturo Alessandri en 1920 marca un momento de inflexión gracias a un programa que establecía importantes reformas sociales y el apoyo de las clases medias y populares, pero incluso la promulgación de la Constitución de 1925 no significó un cambio profundo en las estructuras de poder hegemonizadas por la oligarquía santiaguina.

La Constitución de 1980 mantuvo y exacerbó el predominio del centralismo de esta élite política, social y económica, consagrando en el Artículo 3° el carácter unitario del Estado de Chile, y estableciendo las bases de un Estado subsidiario y del modelo neoliberal que ha intensificado la concentración económica en estos grupos oligárquicos.

Los Resultados del Plebiscito para una nueva Constitución del 25 de octubre del 2020 nos muestran de manera inequívoca la realidad centralista y de concentración del poder político, económico y social de nuestro país, donde la opción a favor del rechazo de una nueva Constitución se impuso solo en 5 comunas en todo Chile.

Tres de las comunas que optaron mayoritariamente por la opción rechazo (Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura) son justamente aquellas en donde se encuentra concentrada la oligarquía santiaguina que domina hegemónicamente al Estado de Chile, y es esta misma élite la que se niega a desconcentrar el poder que ha mantenido históricamente a través de relaciones sociales, económicas y políticas.

Según nuestro punto de vista, las y los convencionales constituyentes deben impulsar una descentralización real del poder político y económico en Chile, para que nuestro país pueda abandonar la condición de un Estado unitario. 

Algunas de las propuestas que deben contemplarse son: que en la redacción de la nueva Constitución se propicie que la elección democrática de las autoridades regionales deben ir acompañadas de facultades que les permita avanzar en mecanismos que posibiliten planificar y gestionar la política de sus territorios desde una perspectiva local; además de nuevas reglamentaciones tributarias que reconozcan las especificidades de cada una de las regiones; y, la aplicación de mecanismo deliberativos que promuevan la participación de la ciudadanía en lo referente a las estrategias de desarrollo regional. 

En este sentido, la nueva Constitución Política de la República de Chile debería consagrar un Estado descentralizado que otorgue mayor autonomía a las regiones que lo conforman, esto supone que el Estado tienen la obligación constitucional de fortalecer las regiones, a través de la entrega de facultades políticas, económicas y administrativas que favorezcan un desarrollo equitativo y solidario de estas.

Autor

Imagen de Cedric Steinlen
Historiador, Doctor en Filosofía.