Siempre he dicho que en el Congreso se deben discutir todos los temas que dicen relación con la realidad del país y que necesiten regulación para una mejor convivencia, incluso los más complejos como el aborto.
Se trata de un tema complejo para el legislador, donde el principio del derecho a la vida del que está por nacer debe ponderarse con la realidad social en las 3 circunstancias dramáticas y desgarradoras que describe el proyecto. 
Y hay que hacer algunas precisiones. La propuesta no pretende establecer la legalización del aborto en general, sino mas bien las circunstancias bajo las cuales la mujer y el equipo médico no van a sufrir reproche penal en situaciones muy precisas. Dichos casos son los de riesgo de vida de la madre, inviabilidad de vida del feto y en caso de violación.    
Sin embargo el Consejo Nacional de nuestro partido, la Democracia Cristiana, advirtió esta semana que el pyoyecto posee un desequilibrio. De hecho hemos solicitado postergar en algunas semanas la votación en general en la Comisión de Salud, principalmente para incorporar un sistema de acompañamiento médico, sicológico y social a mujeres que enfrentan un embarazo en circunstancias tan complejas como las que considera el mensaje del ejecutivo. Se trata que en aquellos casos la madre pueda recibir por parte del Estado y de la sociedad todas las herramientas que le permitan optar por la vida.
Pero también advertimos que a muchos el contenido en particular de la iniciativa nos genera dudas. Todos estamos de acuerdo que no puede considerarse como aborto la acción del médico destinado a salvar la vida de la madre, aún cuando como consecuencia de aquello irremediablemente se ponga en peligro la vida del feto. Pero aún en ese caso se debe precisar que se trata de un riesgo presente e inminente, y no futuro como considera el proyecto.
En el caso de la inviabilidad fetal debe exigirse una segunda opinión de un especialista que certifique que la condición del feto es incompatible con la vida extrauterina.
Lejos el caso que nos genera más dudas es el de la violación, donde el proyecto legaliza la interrupción del embarazo de un feto sano, en algunas circunstancias, hasta las 18 semanas. Nadie pretende que la mujer en aquel dramático caso vaya a la carcel, pero existe la posibilidad de generar atenuantes de responsabilidad penal para impedir que ello ocurra, sin que un hecho ilícito como el de eliminar un feto en un período en que éste puede percibir el dolor se transforme en algo lícito. Mis principios me lo impiden.

 

 

 

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