Lo del proyecto Dominga, definitivamente fue muy grave, porque resulta que ahora han salido a la luz una serie de hechos que muestran que su rechazo se orquestó desde el nivel central. Primero conocimos las amenazas del Senador Girardi, del PPD, que dijo sin pelos en la lengua, que los funcionarios públicos que aprobaran el proyecto serían objeto de querellas y que se solicitaría su renuncia al gobierno. Después, supimos que el intendente Ibañez, también PPD, se dedicó, telefónicamente el día anterior a la reunión, a coordinar con cada uno de los funcionarios del Servicio de Evaluación, el rechazo o bien la abstención del proyecto (varios se negaron a incumplir la ley). El mismo día de la comisión, esta no se iniciaba, porque el intendente estuvo convenciendo a los seremis para que cambiaran sus votos para poder rechazar el proyecto. Por otra parte, muchos medios de comunicación anticiparon el resultado de la votación antes que esta se iniciara. Luego salió a la luz pública que desde el Ministerio del Interior se habría presionado a los seremis para que cambiaran sus votos. Finalmente, se supo que el renunciado Ministro de Transportes, obviamente PPD, llamo a su seremi en la región, para que rechazara el proyecto. Definitivamente esto no es casualidad. Hubo presiones de toda índole que se deben investigar, porque si son ciertos estos antecedentes, quienes intervinieron deben renunciar a sus puestos. Sin embargo, renuncien o no, esto no va a resolver los problemas de desempleo, inversión y crecimiento que tenemos en la Región, donde encabezamos el ranking a nivel nacional con un 8,1% y lo más preocupante es que las ciudades de La Serena y Coquimbo superan las 2 cifras en esta materia. Tampoco va a solucionar la falta de credibilidad que tenemos para los inversionistas, porque como dijo el Intendente en sus fundamentos para rechazar el proyecto “no basta con cumplir la ley”, ergo quien quiera invertir en la Región primero tiene que pasar por las autoridades y políticos de turno y obtener su bendición. Menos va a solucionar el haber violentado la institucionalidad ambiental y nuestro ordenamiento jurídico. Pero lo más grave, es que queda claro que la opinión de la Región, no tiene peso. Todos estos efectos o consecuencias de lo ocurrido, por las decisiones de estas “autoridades”, marcarán la ruta futura de lo que ocurrirá en nuestra Región. Espero que lo podamos revertir y ya tenemos un primer avance, ya que, con la declaración pública y transversal del Concejo Regional de Coquimbo de esta semana, se ve una luz de esperanza. Espero que no sea la única y que todos sumemos nuestras voces para que en definitiva todas estas irregularidades sean corregidas a nivel central  por el Comité de Ministros, que deberán revisar si en definitiva el proyecto, legalmente, cumplía o no con nuestra legislación ambiental. 

 

 

 

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