Desde hace unas semanas se está discutiendo el presupuesto nacional para el 2016. No ha sido una tarea fácil, tanto por la restricción de recursos que confesó el ministro de Hacienda, como por la demanda creciente de necesidades y requerimientos desde los diversos sectores sociales. Algunas áreas aparecen especialmente vapuleadas y perjudicadas, como es el caso de la salud y la no construcción de los hospitales que se habían prometido; en el financiamiento universitario hay una mezcla curiosa de discriminación y gratuidad parcial; mientras que las regiones nuevamente aparecen relegadas a una preocupación secundaria. ¿Cuál es el tema de fondo en la cuestión presupuestaria?
Lo primero en esta materia es fijar prioridades y usar bien los recursos. En esto los más pobres -que todavía quedan, a pesar de estar relativamente olvidados por el mejoramiento global del país en las últimas décadas- deben seguir siendo prioritarios. Un país sin campamentos no puede ser un eslogan, sino una realidad, y las más de treinta mil familias que viven en esas condiciones deben pasar a tener viviendas dignas en las cuales desarrollarse. En educación, ningún joven de escasos recursos puede ver truncados sus talentos y esfuerzo para seguir estudiando. Los más vulnerables tienen derecho a una mejor salud, y no a que se les pospongan nuevamente las promesas de hospitales y que sigan recibiendo atención tardía e insuficiente.
Esto, que resulta casi obvio, no es tal en las políticas públicas actuales. La obsesión por financiar la educación universitaria a quienes pueden hacerlo por sí mismos ha generado una dinámica peligrosa, que perjudica a las universidades (se podría invertir en las regionales y en mejor investigación) y el buen uso de los recursos. El aumento excesivo e injustificado del Estado y los asesores resulta gravoso para el presupuesto y tiene poca utilidad. El aumento de parlamentarios claramente carece de relevancia al lado de las verdaderas urgencias sociales.
La austeridad debe ser un valor importante en la sociedad, así como dirigir el gasto público hacia quienes más lo necesitan es un principio que hay que volver a poner en el diseño del gasto social. Olvidarse de criterios que son cruciales puede conducir a caminos que ya han vivido otras sociedades con penosas consecuencias.

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