Junto con el diputado Hugo Gutiérrez enviamos un Proyecto de Ley el 18 de mayo pasado que declara nulos los actos administrativos “en cuya virtud se hayan concedido licencias transables de pesca” a las empresas Alimentos Marinos S.A., Congelados Pacífico S.A, Camanchaca S.A., Blumar Seafoods S.A., Foodcorp S.A., Landes S.A., todas pertenecientes a la Asociación de Industriales Pesqueros A.G. y a la empresa Consorcio Pesquero del Norte S.A.Lo que queremos con esta iniciativa es que de una vez por todas se termine con licencias a empresas que han estado vinculadas con la corrupción y el cohecho de la política, entre otros actos irregulares. Esta declaración de nulidad se extiende también a los actos administrativos que otorgan licencias transables de pesca a empresas filiales de estas sociedades o que pertenezcan al mismo grupo económico, por tanto, “la nulidad de los actos señalados en esta ley no dará derecho a indemnización alguna para los titulares de los derechos emanados de dichos actos”. Esta iniciativa es una medida relevante para impedir que la corrupción no tenga más cabida en actos deleznables y como dijo el diputado Gutiérrez, este Congreso tiene que tomar medidas. “Encontramos un artículo en el Código Civil que permite al legislador anular actos administrativos que se hayan dictado para defraudar. En consecuencia, hemos estimado que estas licencias transables de pesca, que hoy benefician a todos los corruptos pesqueros y se enriquecen con la llamada Ley de Pesca, tienen que ser anuladas”. En una región puerto como la nuestra, este proyecto es un compromiso ético que tenemos, de hacer justicia con un elemento que ocasionó graves daños a la credibilidad de los chilenos y no tan sólo eso, si no que se dejó en pocas familias los peces de todos los chilenos. Espero que el Gobierno, que se comprometió a revisar la Ley de Pesca, lo realice en los cerca de 7 meses que quedan para el cambio de administración. Creo que estos elementos deben estar contenidos en una reforma profunda a la ley de pesca. Una empresa que obtuvo beneficios económicos en forma corrupta, que se apropió de algo en forma ilícita, debe dejar de tener esos beneficios.Con esto tampoco queremos que estas empresas que se roban el patrimonio pesquero de todos los chilenos, el Estado no tenga que además indemnizarlas, es decir, debemos terminar con todo tipo de permisividad con ellas que lisa y llanamente no les importa el pescador artesanal y tampoco les interesan las costas chilenas. Nosotros queremos simplemente que se haga justicia y que la cancha sea equitativa para todos.  

 

 

 

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