muy simple y claro… se logró que más jóvenes  chilenos puedan estudiar gratuitamente, porque el Tribunal Constitucional TC, como un órgano competente para tales efectos, señaló inapelablemente que nuestra presentación defendía  a todos aquellos estudiantes que estaban siendo discriminados de forma arbitraria por el Ministerio de Educación,  simplemente por estudiar en instituciones que el Gobierno había dejado fuera del beneficio de la gratuidad, aun cuando presentaban condiciones socioeconómicas iguales o incluso más bajas que otros estudiantes que sí iban a  beneficiarse de la política pública ministerial.
El TC acogió el  requerimiento que interpusimos, donde se calificaba como “discriminatorios” y “arbitrarios” los criterios que había fijado  el Ejecutivo para determinar qué estudiantes podían acceder  a la gratuidad el 2016. … es decir, hoy el Gobierno está obligado a poner en el eje de sus acciones a todos los estudiantes como sujetos con derecho a una  educación efectivamente gratuita, lo que  obligará a adoptar medidas para  aumentar los gastos previstos  e impulsar una ley corta para materializarlo.
Hemos visto cómo desde la presentación de este requerimiento hasta el reciente pronunciamiento por parte del Tribunal, el Gobierno ha intentado toda una campaña mediática para señalar que esta medida impediría que se aplique la gratuidad, intentando traspasar a la oposición una responsabilidad que no le corresponde. Esto sólo conduce a acrecentar la enorme incertidumbre que hay frente al tema, fundamentalmente por la  extensa cantidad de errores que se han cometido en materia educacional, que ha llevado incluso  a que dirigentes del oficialismo llamen al Ejecutivo a actuar con menos ineptitud.
No olvidemos que el propio Gobierno señaló que  para cumplir los sueños y esperanzas de los chilenos de tener una “educación gratuita, pública y de calidad” había que aprobar  la Reforma Tributaria, donde se iban a recaudar fondos suficientes  para las reformas de educación y salud. Tal como lo dijimos en su momento, esto no se logró por esa vía y fue en esas circunstancias que el Gobierno pretendió arreglarlo, dejando fuera de este derecho a un gran universo de estudiantes, que gracias a este fallo del TC hoy podrán acceder a la gratuidad prometida. 
Compartimos plenamente el concepto de que el rol del Estado es lograr que el derecho a una educación de calidad no dependa de la capacidad de pago de las familias y estamos muy satisfechos de contribuir a lograr ese objetivo con la presentación del requerimiento, que al ser acogido, abre las puertas de la gratuidad a todos los que efectivamente lo necesitan. 

 

 

 

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