Nosotros objetamos reformas improvisadas e inspiradas en ideologías  anacrónicas, sobre todo cuando hacen daño al país. Pero esta vez comentamos una reforma que no muestra una motivación política. Hablamos de la Reforma Procesal Penal, promulgada en el año 2000 como la Ley N° 19.696. Fue en verdad una reforma necesaria, porque hasta ese momento nos regíamos por un código que databa del siglo XIX, de cuando no había luz eléctrica, ni siquiera máquinas de escribir, y para hablar de computadores o comunicación instantánea con todo el mundo. Se aplicó en el año 2000 en las regiones de Coquimbo y la Araucanía, y luego en todo el país el 2005. Reconozcamos sus méritos: Se presume la inocencia del imputado  mientras no se dicte sentencia  condenatoria en su contra. El Juez no investiga; esa función le compete al Ministerio Público, que a través de los fiscales investiga, formaliza y acusa. Los juicios son públicos y orales. La Defensoría Penal Pública provee defensa profesional a los imputados que no pueden pagar a un abogado. Se pueden celebrar juicios abreviados. Un juez de garantía vela porque los fiscales y policía no se extralimiten al perseguir a sospechosos. A pesar de esto, que podría ser positivo, existe una sensación de retroceso y fracaso. Una ley que debería proteger al inocente, más bien aparece como garantista del delincuente. Muchos culpan a la ley por el aumento de la delincuencia, ya que trata de guantes de seda a los que buscan el dinero fácil y usan con fría crueldad todo tipo de violencia contra sus víctimas. La ley parece no preocuparse del daño económico, físico y moral que sufren las víctimas. No hay un Defensor Público para los ciudadanos asaltados que no puede pagarse un abogado. El dueño de casa no se atreve a responder con sus puños o con palo al ataque de un ladrón, porque se expone a ser detenido por la policía. Hace falta un nuevo proyecto de ley que sea mucho más duro con los culpables y más comprensivo con las víctimas. La seguridad pública es el gran anhelo de todos los chilenos.

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