Pasadas las condiciones de emergencia surgidas en las regiones de Atacama y Coquimbo, a raíz del frente de mal tiempo que azotó la zona, nos parece necesario  evaluar las decisiones que el Gobierno ha tomado en esta y otras circunstancias similares, especialmente en relación a la efectividad de  medidas de prevención que deberían haberse diseñado a partir de emergencias anteriores. Estimamos que el Gobierno ha puesto  énfasis en los planes de evacuación oportuna de la ciudadanía, sin abordar de manera integral otras acciones preventivas, como la  redefinición de zonas de mayor riesgo para la construcción  de viviendas  o el uso correcto  del suelo. Igualmente importante en la prevención es trabajar definitivamente en  medidas que permitan paliar los efectos de fuertes cauces desbordados, tales como piscinas de decantación;  entubamiento  de aguas de regadío; fortalecimiento del cauce de los ríos; mejoramiento y modernización de la infraestructura de los  embalses,  así como el estudio de las zonas de inundación, para poder planificar el crecimiento de las ciudades. También han existido errores al decretar Zonas de Catástrofe, que si bien  facilitan la destinación de recursos para los momentos de emergencia y la reparación posterior, no se han realizado con la rapidez necesaria para evitar que  las personas sufran innecesariamente el impacto de las catástrofes, cuando esta ayuda  debe ser un derecho de todos los  que  ven afectada directamente  su calidad de vida. Compartimos las críticas  de la ciudadanía que resienten  la lentitud  del Gobierno para responder frente a eventos catastróficos, así como su ineficiencia en la implementación de soluciones definitivas en la etapa post emergencia. El mejor ejemplo es lo ocurrido en la Región de Atacama, donde sólo se han entregado 63 viviendas de las mil destruidas tras el aluvión de marzo del 2015 y además se rebajaron los $ 1.500 millones de dólares comprometidos por la misma Presidenta,   a sólo $ 500 millones. Creemos que el Gobierno tiene una enorme deuda con estos chilenos que aún esperan una solución que les permita recuperar su dignidad y su calidad de vida, solución que debe ser abordada con prontitud y eficiencia, por encima de cualquier interés político.