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El informe que cuenta con 112 páginas que detallan el comportamiento de redes sociales a nivel nacional tras el estallido social ha sido duramente cuestionado desde diferentes sectores.

El informe “Big Data” del Gobierno sigue generando reacciones. Esta vez, fueron los fiscales quienes afirmaron que el documento de 112 páginas no serviría en una eventual investigación penal, porque los antecedentes son escasos.

Además, expertos en el área penal sostuvieron que es grave que se reserve el autor en el materia y que es un informe seudocientifico.

Los detalles del informe que le entregó el Ministerio del Interior a la Fiscalía se dieron a conocer el fin de semana pasado, los que -principalmente- apuntaban al comportamiento de las redes sociales desde el estallido social.

Pero no sólo eso, sino que habría una intervención extranjera tanto en la generación de mensajes, como en la influencia que hay detrás de los daños que se cometieron en distintos lugares del país.

Fue un documento que generó diversas reacciones, tanto del Ejecutivo que se desmarcó de él, dejando sin autor el cuestionado informe, mientras que esta vez fueron los propios fiscales -encargados de liderar la persecución penal- en responder.

En conversación con Radio Bío Bío, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, enfatizó que los informes sin autor son prácticamente imposibles de que sirvan en una audiencia. "Los documentos que no tienen autor conocido es dudoso, prácticamente imposible que puedan ser ofrecidos como tales en una audiencia, esas cosas no superan en general ningún requisito de admisibilidad", señaló.

Por su parte, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, mencionó que el aporte de antecedentes resulta bastante escaso para fundamentar la persecución penal y la intervención extranjera. "Creo que la información que allí se contiene es de carácter bastante general y no nos permite establecer la responsabilidad de ningún grupo en particular. Es un elemento que puede ser de estudio de un fenómeno mas bien sociológico o comportamiento de redes, pero de ahí a poder imputar responsabilidad penal a alguna persona en particular o poder establecer que debido a la influencia que se pueda ejercer a través de estas redes las personas que viven en Chile se hayan determinado a cometer delitos, hay una distancia muy grande", manifestó.

Tema que fue respaldado por doctor en derecho y abogado penalista de la Universidad Central, Silveo Cuneo, quien calificó el informe de “seudocientífico”. "Se reserva el autor del informe, y eso es súper grave, porque estamos en presencia prácticamente de estos 'testigos falsos' o 'testigos invisibles' que pueden hacer cualquier cosa porque ellos no van a responder por lo que se está diciendo, no existe ninguna metodología ni bibliografía, por lo tanto, este no es un informe científico, es seudocientífico" indicó.

El informe analizó el comportamiento de casi cinco millones de usuarios de redes sociales y 60 millones de comentarios entre el viernes 18 de octubre, el día en que comenzaron las manifestaciones sociales contra el Gobierno, y el 21 de noviembre de 2019.

 

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