• Los artesanales habían dado el lunes un ultimátum de 48 horas al Gobierno para no perseverar en el veto aditivo que incorporaba el cerco como método de la captura de la jibia en el proyecto ya despachado por el Congreso, que limita las técnicas a la potera que ellos usan.
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El Día
Tras la decisión del Gobierno, las compañías, que no fueron contempladas en la mesa de diálogo, criticaron fuertemente al Ejecutivo.

El Gobierno echó pie atrás y no presentará el veto aditivo a la ley de la jibia tras un encuentro con los pescadores artesanales y los trabajadores industriales este miércoles. Mientras los primeros calificaron el día como histórico, los segundos acusaron que miles de personas perderán sus empleos.

Para este miércoles estaba convocada una mesa de diálogo en la sede del Ministerio de Economía en Santiago, a la que confirmaron su asistencia ambos grupos. Los artesanales habían dado el lunes un ultimátum de 48 horas al Gobierno para no perseverar en el veto aditivo que incorporaba el cerco como método de la captura de la jibia en el proyecto ya despachado por el Congreso, que limita las técnicas a la potera que ellos usan.

En tanto, los industriales tampoco estaban conformes con la medida, porque de todos modos se prohibía la red de media agua empleada por el sector. Según habían expresado, el cerco sólo les permitía capturar para la elaboración de harina y no para la exportación.

Pero este miércoles, tras el encuentro, el Gobierno anunció que se había retractado de la idea de presentar el veto.

“Se hace innecesario en la medida que acordemos perfeccionamientos a la ley actual que van más allá de las materias que consideraba este veto. Los dirigentes de la pesca artesanal están de acuerdo en que efectivamente se requieren esos perfeccionamientos”, aseguró tras el encuentro el ministro de Economía, José Ramón Valente.

El presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero, Hernán Cortés, señaló que era un “triunfo histórico” para la pesca artesanal.

“Hoy día felicitar a todos aquellos pescadores y compañeros que estuvieron en las calles peleando para que este proyecto de ley saliera adelante”, aseveró Cortez.

“Nosotros no vamos a bajar los brazos mientras el presidente no firme esta ley que beneficia al país”, advirtió el vocero de la Federación de Pescadores Artesanales Nueva Amanecer, Miguel Ángel Hernández.

A pesar de haber asistido a Santiago para la reunión, los industriales se retiraron a los 20 minutos. Según manifestaron, el tema tratado era sólo el envío o no del veto, pero ellos querían que se discutiera la “plataforma social” con la que pretenden que se ayude a los miles de trabajadores de su sector que podrían perder su fuente de empleo por la nueva ley.

“Nos paramos porque consideramos que hemos sido prácticamente utilizados. Queremos una respuesta del Gobierno y que asiente una mesa para solucionar los problemas reales de los trabajadores de la industria. El sector artesanal hoy día está celebrando, es posible que más rato destapen su botella de champán, perfecto, pero esta ley ha dejado sin sus puestos a miles de trabajadores, trabajos formales”, afirmó el presidente del Sindicato de Capitanes de Pesca de la Región del Bío Bío, Juan Carlos González.

Las duras críticas de la industria

Tras la decisión del Gobierno, las compañías, que no fueron contempladas en la mesa de diálogo, criticaron fuertemente al Ejecutivo.

“Por primera vez será tramitada y promulgada una ley que regula recursos naturales pesqueros en Chile en contra de la opinión del mundo científico y técnico y sin escuchar a todos los actores ni recoger la visión de las organizaciones técnicas internacionales”, manifestó en un comunicado la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipés).

También lamentaron que el Gobierno haya cedido a lo que calificaron como “amenazas” de los pescadores artesanales de la jibia y “presiones” del Partido Comunista (PC) y del senador Manuel José Ossandón.

Asipés recalcó que la ley pasa por encima de las atribuciones del Poder Ejecutivo y de la Subsecretaría de Pesca para determinar los métodos de extracción, y calificaron la iniciativa de inconstitucional.

“Se promulgará una normativa pesquera, de origen parlamentario, que pasa por encima y destruye para siempre atribuciones que son exclusivas del Poder Ejecutivo y de la Subsecretaría de Pesca”, acusaron.

Por su parte, desde la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) dijeron estar “sorprendidos” por el constante cambio de criterio por parte del Gobierno, que pese a haber calificado en un momento el proyecto de inconstitucional y haber anunciado el veto, finalmente no intervendrá y dejará que se promulgue como se despachó desde el Congreso.

“En los hechos, se está entregando el 100% de la cuota de jibia al mundo artesanal, que no logra pescar el 80% que tiene asignado hoy; que sólo pesca 10 ó 12 días al mes, y cinco meses al año”, señalaron.

 

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