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EFE
El recuros de amparo por la detención ilegal de una niña de 7 años, fue presentado este viernes y se suma a la denunca realizada a la Defensoría de la Niñez, quien actúo la semana pasada.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este viernes un recurso de amparo por detención ilegal en favor de una niña indígena de 7 años, hija de Camilo Catrillanca, joven mapuche asesinado en 2018 por cuya muerte fueron condenados siete exagentes y un abogado civil.

"La niña, su madre y su abuela fueron detenidas por funcionarios de la PDI sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad", informó la institución en su cuenta de Twitter.

El episodio se produjo el pasado 7 de enero en Temucuicui, en la región de la Araucanía, al sur del país, cuando la niña se dirigía junto a familiares al tribunal donde ese día iba a conocerse la sentencia condenatoria por la muerte de Catrillanca.

En ese contexto, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron a cabo la detención de la menor, además arrestar a su madre y a su abuela, que también ha sido objeto del recurso de amparo del INDH.

La pasada semana, la Defensoría de la Niñez, presentó una querella contra los altos mandos de la PDI y los agentes que participaron en la detención y aclararon que la menor "estuvo detenida dentro de un vehículo de la PDI por cerca de tres horas, hasta que fue entregada a su abuelo paterno".

Imágenes difundidas por medios locales, muestra a la niña tumbada boca abajo en el suelo siendo sometida a un procedimiento de detención.

La PDI desmintió los hechos y aseguró que la menor fue trasladada hasta dependencias de la subcomisaria de Carabineros de Ercilla porque fueron detenidas las dos mujeres que iban con ella y "evidentemente no podía quedar sola en la vía pública".

"La menor nunca estuvo en una unidad policial ni vehículo de la PDI", aclaró el cuerpo policial en un escueto comunicado.

Horas después de la detención, se resolvió el juicio del homicidio de Catrillanca y un tribunal halló autor de los disparos al exagente Carlos Alarcón, que podrá enfrentar hasta quince años de prisión y cuya pena se conocerá el próximo 28 de enero.

Por el asesinato, un crimen que conmocionó a todo el país y que despertó infinidad de críticas contra el cuerpo policial de Carabineros, también cargaron a otros seis exagentes y a un civil con delitos de obstrucción a la investigación.

Catrillanca, de 24 años, recibió un disparo en la nuca el 14 de noviembre de 2018 mientras se desplazaba junto a un adolescente de 15 años en un tractor por Temucuicui y murió horas después en un hospital.

El caso estuvo desde el comienzo marcado por irregularidades en el argumentario de los policías, que en una primera declaración afirmaron que habían sido emboscados y que el tractor se había cruzado en el tiroteo.

Sin embargo, un peritaje ordenado por la Fiscalía, que incluía las imágenes de las cámaras de video que los agentes llevan en sus uniformes, desestimó esa versión.

El asesinato de Catrillanca fue el primer gran mazazo que recibió el presidente chileno, Sebastián Piñera, y empañó sus planes de amainar la conflictividad en el sur del país.

Tras el homicidio se desató una escalada de tensión en el denominado "conflicto mapuche", que desde hace décadas enfrenta a algunas comunidades con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales. 

 

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