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Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lamentaron la decisión del machi de comenzar una huelga seca, en el marco de los más de 100 días que el comunero mapuche lleva sin ingerir alimentos.

El machi Celestino Córdova, responsabilizó este viernes al Gobierno de Chile de su potencial muerte a horas de comenzar una huelga seca (sin agua) tras más de 100 días en huelga de hambre y después de que la Justicia rechace su solicitud de cambio de condena.

"Como aquel gobernante no tiene suficiente sabiduría para resolver los distintos conflictos sociales, por no estar a la altura finalmente me matará", indicó Córdova en una grabación de audio entregada a los medios por sus portavoces.

El machi, quien fue traslado desde la cárcel de Temuco a un hospital por su crítico estado de salud, confirmó que recrudecerá su protesta a partir de este fin de semana.

"Por la libertad de todos los presos políticos mapuche y no mapuche, por los derechos y dignidad del pueblo-nación mapuche, por la devolución de nuestros territorios ancestrales, por los antiguos y recientes caídos en manos del Estado chileno, estoy dispuesto a dar la vida", agregó.

Córdova comenzó hace 103 días una huelga de hambre como medida de presión para que se le otorgue un permiso de seis meses en su casa mientras dure la pandemia. Sin embargo, el machi, ya disfrutó de ese permiso durante unas horas en julio de 2018.

Apoyos en el centro de Santiago

Esta semana varias decenas de personas se reunieron en la céntrica plaza Italia de Santiago para apoyar la protesta del machi, aunque fueron rápidamente detenidas por un amplio contingente policial y militar desplegado en la zona.

El presidente Sebastián Piñera, presentó por su parte este jueves un proyecto de ley que endurece las penas en la quema de camiones y que considera la cadena de perpetua en el caso de que haya víctimas mortales.

La ONU finalizó su misión

En ese escenario, la oficina regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidos finalizó este viernes una visita técnica en terreno de cuatro días.

El organismo obtuvo información sobre desalojos forzados de municipalidades ocurridos a principios de agosto, con énfasis en denuncias de uso excesivo o innecesario de la fuerza y de discriminación racial, según apuntó en un comunicado.

"Nuestra oficina continuará trabajando para apoyar a todos los actores en la búsqueda de soluciones, fomentando un diálogo participativo y de buena fe. Las normas internacionales de derechos humanos ofrecen una hoja de ruta para avanzar hacia ese entendimiento profundo y urgente", agregaron desde la ONU.

 

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