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Alejandro Pizarro
> En una rueda de prensa, el mandatario insistió en que en la investigación internacional de ICIJ no hay antecedentes nuevos a los ya revelados en 2017, asegurando que el asunto fue zanjado por los tribunales ese mismo año. No obstante, fue la Fiscalía la que decidió no perseverar en su momento. > En tanto, parlamentarios de la región debaten si presentar o no una acusación constitucional en contra del presidente o bien poner en práctica otro tipo de herramienta. Desde el ámbito normativo, por otra parte, se señala que esta situación rebasa el ámbito puramente legal, pues implica un problema de carácter ético y de consistencia del discurso público.

Luego de la investigación periodística de este domingo pasado realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, liderada en Chile por los medios Ciper y LaBot, que revelaba que la familia del presidente Sebastián Piñera y el empresario Carlos Délano sellaron la compraventa de un porcentaje del proyecto minero-portuario Dominga en las Islas Vírgenes Británicas –un paraíso fiscal – el primer mandatario se refirió este lunes al caso que lo vincula directamente a este proyecto cuando ejercía su primera administración.

En el Palacio de La Moneda, Piñera aseguró que “como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009, hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”.

A reglón seguido indicó que “en forma voluntaria, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros”, incluyendo a su esposa y sus hijos “como una muestra de transparencia”.

“A partir de esa fecha”, afirma, “no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional”, aseveró.

En relación a la operación específica sobre Dominga, aseguró que “la decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga el año 2010 no me fue consultado ni informado”, con el objetivo aseguró, de evitar cualquier conflicto de interés.

En líneas generales, durante su comparecencia, el Presidente de la República intentó bajarle el perfil a la denuncia realizada por la ICIJ, rechazando una y otra vez la existencia de conflicto de interés. Incluso Piñera aseguró que la investigación no presentaba antecedentes nuevos o que ya no se conocieran luego de que en 2017, radio Biobío publicara un reportaje sobre el tema. Además, afirmó que estos hechos fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público, siendo resueltos por los tribunales de justicia durante ese mismo año.

 

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Los antecedentes

Pero lo cierto es que la investigación de ICIJ conocida como “Pandora Papers”, entregó nuevos antecedentes que en principio, no habrían sido considerados por la investigación de la justicia en 2017, generando mayor opacidad en el proceso de compraventa del proyecto Dominga.

Tal como se explica en los artículos de Ciper y LaBot, en principio la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga, sumando el 56% de la propiedad, a través de Mediterráneo Fondo de Inversión -gestionado por Administradora Bancorp- y dueña de parte de las acciones de Minería Activa Uno Spa, en ese momento, dueña de la empresa Andes Iron.

Entre medio, en agosto de 2010, el propio mandatario negoció la bajada de la Central Termoeléctrica Barrancones, que pretendía instalarse en la región de Coquimbo.

Finalmente, en diciembre de 2010 –cuando Piñera ya era presidente – el empresario, dueño del Grupo Penta y amigo del mandatario, Carlos Alberto Délano, compró la participación de todos los otros socios en 152 millones de dólares.

Según Ciper, parte de esa operación – que estuvo a cargo del gerente general de Bancard, family office de Piñera y cercano a su persona- se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. No obstante, el pago de la última cuota dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, por ejemplo, un área de protección ambiental. Y aquí hay un detalle: la materialización de dichos cambios dependían de las decisiones del gobierno de Sebastián Piñera.

Finalmente, su gobierno no impulsó dicha iniciativa y esa cuota se pagó (ver recuadro).

 

Fiscalía anuncia acciones

De regreso a la rueda de prensa de ayer, y al referirse sobre esta situación, Piñera insistió en que esta información ya era conocida por la prensa y los tribunales. “Probablemente el consorcio internacional que publicó la noticia no sabía que esa información no era nueva, que había sido de público conocimiento y que había sido conocida por la Fiscalía y los tribunales de justicia”, expresó.

Es más, el jefe de Estado aseguró que “me parece inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito”.

No obstante, lo que en rigor ocurrió fue que la Fiscalía decidió no perseverar en su momento en el caso. Además, en ese mismo juicio, no se analizó –como antecedente- la transacción que tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas, pues no se conocía públicamente hasta hoy.

En ese sentido, el fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó a los abogados de la Unidad Anticorrupción el análisis de los antecedentes en torno a la compraventa del proyecto Dominga.

Según consigna La Tercera, desde la Fiscalía señalan que se busca determinar si hay posibles delitos que ameriten una eventual investigación penal de oficio. Además se estarían analizando las conductas y transacciones descritas en los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, para poder establecer si la Fiscalía debe o no intervenir.

 

Impacto en el mundo político

A nivel regional en tanto, las reacciones no se han hecho esperar, especialmente aquellas provenientes del mundo político, incluyendo del panorama político local.

Así, desde la oposición algunos parlamentarios indicaron que existe la disposición para avanzar en una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, tras verse implicado en los “Pandora Papers”.

En esa posición está por ejemplo, el diputado Daniel Núñez, quien afirmó que “acá lo más escandaloso es que Piñera no ha dicho ninguna palabra en que esa venta (la de Dominga) se hizo (…) en el exterior, en un paraíso fiscal, y eso se hace con el fin de no pagar los impuestos que corresponden en Chile, lo cual es un acto elusivo y condenable”.

Una medida distinta propone en tanto la senadora Adriana Muñoz, quien afirmó que “se requiere investigar esta situación con total transparencia, sobre todo porque se trata de un proyecto minero invasivo en una zona de riqueza ecosistémica y patrimonial como es la isla Damas y la Reserva Pingüino de Humboldt”.

En ese sentido, la parlamentaria propone que “para comenzar a transparentar, en mi opinión, debe anularse la autorización que dio la Coeva en agosto pasado al proyecto minero Dominga y éste debe desparecer de una vez por todas de nuestra región”.

Desde otra vereda, los diputados Matías Walker y Juan Manuel Fuenzalida, se mostraron contrarios a avanzar en una acusación constitucional contra el presidente, apuntando a otras alternativas, como por ejemplo, una comisión investigadora.

“Esto no da para acusaciones constitucionales, porque éstas desde el punto de vista del derecho constitucional aplican respecto de ciertas causales que se establecen en la misma Constitución”, señaló Fuenzalida.

En ese sentido, el diputado indicó que esto más bien, da “para una comisión investigadora sin perjuicio de que con los antecedentes con que hoy día obran en la prensa se pueda abrir de oficio alguna investigación, si se amerita en el sentido de que hubiesen aparecido nuevos antecedentes”.

Por su parte, el diputado Matías Walker, en declaraciones a Tele13 Radio señaló que “esto de haber establecido una condición vinculada a un tercer pago que dependía directa o indirectamente de actos de gobierno es un elemento nuevo y ese es un tema muy delicado que creo hay que aclararlo en una comisión investigadora”.

 

Conflicto ético

Pero más allá del flanco abierto por el tema de Dominga, lo que devela la investigación de ICIJ también es la opacidad con que las grandes fortunas ocupan los llamados “paraísos fiscales” ya sea, para ocultar parte de su patrimonio o bien para no tributar en sus países de origen los impuestos correspondientes.

En ese sentido, valga recordar las palabras del presidente Piñera de hace pocos años atrás, mostrándose favorable a que los paraísos fiscales desaparezcan “porque muchas veces se utilizan para actividades reñidas con la ley o con la moral, como lavado de dinero, u ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o del crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos”, haciendo un llamado además, a que las finanzas internacionales sean más transparentes.

Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, explica que un paraíso fiscal se caracteriza por dos cosas: primero, porque tiene una nula o baja tributación para los no residentes ahí domiciliados. “Estamos hablando de un porcentaje menor de un 17% de acuerdo a la legislación chilena”, indica.

La segunda característica de un paraíso fiscal en tanto, es la opacidad. “Los paraísos tributarios no celebran convenios de intercambio de información con otros países, de modo tal que las autoridades tributarias de algún país no pueden saber quiénes son los contribuyentes, cuánto dinero tienen. No se sabe nada”, señala Polanco.

Ello evita pues, que por ejemplo, en el caso de Chile, el Servicio de Impuestos Internos no pueda acceder a la información tributaria de una operación realizada por una sociedad en aquellos territorios, lo que en la práctica se traduce en que esa operación nunca va a registrar declaración de impuestos.

A juicio del director del CET, “uno debería tender a pensar o da como para cuestionarse sobre cuáles son las razones del por qué se ha hecho esto, y normalmente lo que hay ahí, es el deseo de disminuir la carga tributaria de una operación como la que se menciona”.

Por ello, para Polanco el tema sobrepasa lo meramente legal, alcanzando incluso la dimensión ética. “Creo necesario hacer una reflexión de carácter ético y de la consistencia del discurso público, porque lo que sucede es que hay una autoridad que ha señalado públicamente que no está de acuerdo con la existencia de paraísos fiscales y no obstante, lo anterior, aparece pocos años antes de que haya hecho estas declaraciones, la familia haciendo una operación en paraísos fiscales”, explica.

Y si bien aclara, “la ley chilena no considera inválido celebrar un contrato con una sociedad establecida en un paraíso fiscal ni es constitutivo de delito, la reflexión debiese ser, desde mi punto de vista, de carácter ético”.

 

La reacción desde el mundo ambientalista

Consultada por el tema, la directora de la ONG Oceana, Liesbeth van der Meer, señaló que la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ratifica “el eventual conflicto de interés entre el proyecto Dominga y el Presidente de la República en este momento. Eso preocupa”, dice, pues es un antecedente que se suma a la aprobación del proyecto el pasado 11 de agosto por parte de la Coeva. 

“Esta es una arista más de este proyecto que ha sido duramente cuestionado, y por eso, nosotros lo tenemos en casación en la Corte Suprema”, agregó.

Ahora bien, sobre la propuesta de un área protegida en La Higuera, -concretamente el Área Marina Protegida Archipiélago de Humboldt- van der Meer sostuvo que estuvo cerca de concretarse recién en marzo de 2018, en la última semana del segundo gobierno de Michelle Bachelet, siendo aprobada por el consejo de ministros. De hecho, el expediente está listo. 

“Hoy día si la ministra de Medio Ambiente quisiera presentarlo al consejo para la sustentabilidad, efectivamente el proyecto se podría votar, cosa que no ha pasado desde que el gobierno del presidente Piñera ha estado a cargo. Esto no ha avanzado absolutamente nada”, sentenció.

 

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