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La Tercera
Tras una serie de polémicas, el Registro Civil adjudicó la licitación a la empresa china Aisino la elaboración de los pasaportes y cédulas de identidad durante los próximos años, a cambio de US$205 millones.

El Registro Civil adjudicó este viernes la licitación para el desarrollo de la nueva cédula de identificación y pasaportes por los próximos 10 años a la empresa china Aisino, por un monto de US$205 millones

La información fue confirmada por el Registro Civil a través de un comunicado de prensa, donde destacaron que la licitación fue elaborada bajo “estándares OCDE” y permite una “significativa reducción de los costos para el Estado de Chile y especialmente para la ciudadanía”.

En el documento, el organismo sostiene que se eligió la “mejor oferta técnica y económica” a un consorcio de empresas chino-alemán, cuyos principales integrantes son la compañía Aisino Corporation, con un 52%, y la alemana Muhlbauer, con un 42% de participación.

“La primera, tiene la responsabilidad de proveer el software y el hardware, mientras que la europea estará a cargo de la fabricación de los documentos. El monto por el cual se adjudicó esta licitación tiene un costo de 205 millones de dólares (al valor de hoy) para los próximos 10 años, en comparación con los 680 millones de dólares que le ha costado al país la provisión de este servicio en los últimos 10 años”, añade el comunicado.

Por último, desde el Registro Civil destacan que las cédulas de identidad disminuirán su valor en un 20% y los pasaportes, que hoy están entre los más caros del mundo, verán rebajado su precio a la mitad. Así, los chilenos contarán con documentos de identificación con mayor calidad y seguridad, del más alto nivel mundial, y a un menor costo.

Esta licitación generó polémica en su momento, pues la empresa francesa Idemia y el consorcio Sonda-Thales intentaron detener el proceso presentando un requerimiento al Tribunal de Contratación Pública (TCP), para que lo suspendiera, acusando una serie de irregularidades, y que Aisino había incumplido una serie de requerimientos.

Pero el TCP rechazó este requerimiento, argumentando que faltaban pruebas para ordenar la suspensión del proceso de licitación.

 

 

 

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