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El Gobierno fue enfático en decir que se debe garantizar el derecho de las mujeres ante esta Ley, pero también debe haber espacio para el derecho de las instituciones.

Declarar como nulo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Aborto en tres causales, que amplió a las instituciones la objeción de conciencia, es lo que busca un recurso de nulidad presentado por la bancada del Partido Comunista ante el Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago y que fue acogido ayer lunes a tramitación.

En tanto, el Gobierno fue enfático en decir que se debe garantizar el derecho de las mujeres ante esta Ley, pero también debe haber espacio para el derecho de las instituciones de abstenerse de ella por razones confesionales.

La acción judicial presentada el pasado 12 de abril, persigue declarar la nulidad de derecho público de la sentencia que -el año pasado- amplió la objeción de conciencia a las instituciones y no sólo a los médicos y algunos profesionales de salud, como lo estableció la ley largamente tramitada y aprobada en el Congreso.

Las diputadas del Partido Comunista, Karol Cariola y Carmen Hertz, celebraron la decisión del tribunal de acoger a trámite el recurso y afirmaron que el TC superó sus atribuciones al ampliar la objeción.

Postura del Gobierno

La senadora de la UDI y presidenta de la colectividad, Jacqueline Van Ryselbergue, llamó a respetar la decisión del tribunal de otorgarle a instituciones la objeción de conciencia.

La vocera de Gobierno, Cecilia Perez, aseguró que se debe garantizar el derecho de las mujeres a acogerse a la Ley de Aborto.

Sin embargo, subrayó que también debe haber espacio al derecho de las instituciones de abstenerse de ella por razones confesionales.

Por otra parte, la decisión del tribunal de acoger a trámite el recurso será uno de los argumentos que utilizará la diputada radical, Marcela Hernando, en la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, que realizará el próximo miércoles en el Congreso, debido a los cambios hechos por el titular de la cartera al protocolo de objeción de conciencia que permitió a las clínicas declararse objetores y mantener sus convenios con el Estado.

 

 

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