• Por cinco días se extiende la movilización de los funcionarios de Gendarmería ante "las deudas del Estado", indican dirigentes.
  • Gendarmes se acuartelaron en las unidades atendiendo a llamado nacional del Frente de Trabajadores Penitenciarios.
  • "Nosotros ante esta situación como poder judicial observamos y hacemos cumplir la ley", indicó Juan Pedro Shertzer, Presidente Corte de Apelaciones La Serena.
  • Centros penales y de reclusión de menores de la región se encuentran tomados por los funcionarios uniformados.
  • Movilidad en la carrera penitenciaria y la creación de la planta de no uniformados son las principales demandas.
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Lautaro Carmona
Cinco personas privadas de libertad se encuentran en comisarías por la prohibición de acceso a penales, mientras que se han reprogramado un total de 24 audiencias por la imposibilidad de comparecer los internos. A nivel nacional la tensión aumenta entre gendarmes y Gobierno.

24 audiencias reprogramadas y cinco personas privadas de libertad en comisarías es el balance de la Corte de Apelaciones de La Serena sobre las consecuencias del paro de los funcionarios de Gendarmería en la jurisdicción local, según el último reporte del Poder Judicial, detallado la mañana de este jueves por el vocero y Presidente del tribunal de alzada, Juan Pedro Shertzer.

Pese a un complejo escenario a nivel nacional por la movilización de los uniformados, que sigue aumentando la tensión entre Frente de Trabajadores Penitenciarios y el Gobierno, el ministro indicó que “nuestra región, dentro de todo este trastorno, está muy bien”.

"Gendarmería es un servicio público que depende del Ministerio de Justicia y nosotros ante esta situación como poder judicial observamos y hacemos cumplir la ley", Juan Pedro Shertzer, Presidente Corte de Apelaciones La Serena.

A cinco días de iniciada la paralización, que frenó el traslado de internos a las audiencias, un total de 21 encuentros en juzgado de garantía y 3 en tribunales orales se han debido reprogramar, mientras que por el momento no se registra ningún caso de presidiarios que deban hacer salida de los penales, lo que ha mantenido el escenario en una relativa calma.

En cuanto a los ingresos, desde las protestas solo una persona ha quedado en prisión preventiva y fue traslada hasta la Sexta Comisaría Las Compañías, donde además se encuentran otras dos que recibieron sentencia y quedaron privadas de libertad. En otras zonas de la región, solo se registran dos casos similares, ambos tratados en la comisaría de Ovalle, hasta el momento sin inconvenientes.

Si bien reconoce que podría complicar alguna eventualidad mayor, o la extensión del paro, Shertzer declaró confiar en el criterio de los gendarmes ante posibles inconvenientes, “al lado de la norma, el mayor impulso a saber aplicar es el sentido común”, dijo el presidente de la corte local.

PRESENTAN RECURSOS.

Las medidas de presión de los trabajadores movilizados han generado críticas tanto del gobierno como de la Defensoría Penal Pública, debido a que “se atenta contra el Estado de Derecho”, según indicó el subsecretario de Justicia Juan José Ossa, tras uno de los encuentros con el gremio.

El ministro Shertzer explicó que la Constitución de la República indica que “nadie puede ser arrestado, detenido, sujeto a prisión preventiva o preso si no es en su casa o en lugares públicos habilitados para tal efecto”, por lo que se entiende que el lugar idóneo para los internos son los recintos penitenciarios y no las unidades policiales, ante lo cual ya se han tomado acciones.

5 días se cumplen desde el inicio de la paralización nacional con medidas de presión que han ido en aumento.

Por el momento se ha presentado un recurso de amparo, en el caso de la mujer detenida y formalizada por desacato, acción que será revisada por la Corte la mañana de este viernes, “jurídicamente lo va a resolver la Corte de Apelaciones y esta dirá si se puede estar en un calabozo o no, en el recurso se está solicitando que esta persona esté en su casa”, explicó el presidente.

Amparados en el Código Procesal Penal, algunos jueces han ido a visitar a las personas privadas de libertad para verificar sus condiciones, además, el tribunal ha estado en permanente coordinación con los funcionarios de Carabineros para la custodia de los imputados en sus dependencias, así como el resguardo de las audiencias en tribunales, lo que se ha desarrollado con normalidad.

RADICALIZACIÓN DE MEDIDAS.

En tanto, la movilización sigue su curso y la mañana de este jueves todas las unidades penales del país amanecieron tomadas por el personal de Gendarmería, en respuesta al llamado del Frente de Trabajadores Penitenciarios a acuartelarse, como medida de presión y en rechazo a las propuestas del Ejecutivo en torno a las demandas del gremio.

Los dirigentes iniciaron una huelga de hambre en Santiago y desde la vocería regional, el suboficial Boris Ruiz indicó a El Día que los gendarmes de la zona esperan los lineamientos del nivel central, que hasta el cierre de esta edición continuaban en negociaciones con autoridades de gobierno para la resolución del conflicto. 6301i

TENSO AMBIENTE EN EL PAÍS.

En medio de las lentas negociaciones y la radicalización del movimiento, varios han sido los conflictos que se han generado por el paro de los gendarmes, que exigen, entre otras cosas, garantías de mayor movilidad en la carrera penitenciaria y la creación del escalafón para los más de 2 mil funcionarios no uniformados a contrata.

Las mayores complicaciones se vivieron en Santiago, luego de que los gendarmes bloquearan el acceso a Centro de Justicia, lo que provocó el uso de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que produjo enfrentamientos que solo tensaron más aún el ambiente.

Desde las vocerías regionales del movimiento el tono ha sido firme en cuanto a las demandas y eventuales radicalizaciones de medidas en regiones, donde no se descarta la huelga de hambre, según el llamado nacional, como indicaron a medios nacionales los funcionarios de Valdivia, donde además se realizaron barricadas.

En la Región del BioBío dos personas quedaron en prisión preventiva por un delito de homicidio y hasta el cierre de esta edición aún había dudas sobre qué medida se tomaría ante la prohibición de los gendarmes de permitir el ingreso a las cárceles.

Las respuestas del Gobierno también han sido firmes en asegurar que la huelga es ilegal, que se tomarán "todas las medidas necesarias" para "hacer respetar la ley" y no han descartado posibles sanciones.

 

 

 

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