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La jornada de hoy se debía realizar la audiencia de formalización del capitán de Carabineros, Ricardo Luengo, por apremios ilegítimos ocurridos durante las manifestaciones. Sin embargo, tras la ausencia del imputado por motivos de salud el juzgado deberá reprogramar la audiencia para una nueva fecha.

Una nueva fecha de audiencia deberá fijar el Juzgado de Garantía de Coquimbo luego que el Capitán Ricardo Luengo presentara una licencia médica justificando su inasistencia al tribunal.

Respecto a la situación actual del imputado en la institución, el Mayor Francisco Aravena, Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Coquimbo, explicó que Luengo actualmente se encuentra con licencia médica, pero que en Carabineros continuaba de servicio cumpliendo funciones administrativas.

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“Hay una investigación judicial por la imputación del delito de apremios ilegítimos y también hay una investigación administrativa dispuesta en la Fiscalía de la Prefectura. Hay dos corrientes de investigación para esclarecer efectivamente como fueron los hechos” aclaró el subprefecto.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Luengo es investigado por conductas indebidas en la institución, el año 2016 fue llamado a un retiro temporal por un Sumario Administrativo por conductas inapropiadas con Carabineras recién egresadas en la Prefectura El Loa en Calama.

Consultado sobre los resultados de dicho sumario, que tuvieron como consecuencia la reintegración de Luengo al servicio, el Mayor Aravena dijo no estar en conocimiento sobre las razones ni el resultado de la investigación interna.

Hechos por los que se acusa

Se trata de dos hechos específicos ocurridos el 20 y posteriormente el 22 de octubre, donde las víctimas habrían sufrido lesiones físicas perpetradas por el imputado.

El primero de ellos, habría ocurrido en calle Aldunate de Coquimbo cerca de las 14 horas, cuando el joven identificado como J.A.M.A de 28 años fue detenido por funcionarios policiales de la Segunda Comisaría. 

Según el testimonio de la víctima en la querella, se encontraba frente al supermercado Santa Isabel con su pareja cuando comenzó a filmar la manifestación. En ese momento habría sido divisado por funcionarios policiales, quienes lo habrían reducido con golpes de puño y pies.

El joven habría logrado identificar a un capitán y dos cabos como quienes le habrían propinado los golpes. Al ser subido al carro policial, supuestamente el Capitán Luengo le habría disparado con un arma de fuego en el costado derecho de la espalda baja.

Al llegar a la Segunda Comisaría, la víctima habría sido llevada a los calabozos donde se habría desmayado, momento que habría sido conducido al Hospital San Pablo para atender sus lesiones.

El segundo hecho le ocurrió al periodista Leonardo Silva el día 22 de octubre a las 21 horas y fue registrado en video, ya que ocurrió en medio de una transmisión radial en vivo y en directo.

Silva habría estado registrando en video todo el actuar policial desde las 20 horas hasta el momento que fue controlado (21 hrs), con uso excesivo de la fuerza a punta de escopeta, por el imputado.

“Carabineros procede a controlarme sabiendo que era periodista, tenía mi identificación en el parabrisas, coopero en todo el procedimiento, entrego salvoconducto y mi cédula de identidad, en ese momento un funcionario de carabineros le dice al subteniente “desde el hospital que viene grabando”, les comento que estamos en vivo. Al buscar los documentos que tenía en el asiento del copiloto veo que un carabinero me apunta con la escopeta o fusil desde el exterior como referencia del parabrisas” indicó el periodista.

Responsabilidad de los involucrados

En un principio la querella criminal que presentó el INDH fue en contra de Carabineros, específicamente contra el capital aludido. Sin embargo, el 21 de diciembre el INDH presentó una ampliación de la querella en contra de todos quienes resulten responsables.

La ampliación se habría presentado, ya que en ambas instancias el capitán Luengo se encontraba acompañado de otros funcionarios policiales, quienes no habrían prestado ayuda a las víctimas al momento de las supuestas agresiones.

“Todo funcionario público está obligado a denunciar los hechos constitutivos de delito, si en este caso hay un delito y el hecho no es denunciado incurre en falta quien conoció el hecho y no lo denunció” señaló Aravena.

Agregó que para determinar la posible responsabilidad de otros involucrados se estaba realizando una investigación interna llevada por la Fiscalía de la Prefectura, además de la investigación del Ministerio Público que deberá determinar el grado de responsabilidad de la patrulla que operó ese día.

“Cada acción de la que se ha tomado conocimiento de procedimientos irregulares nuestros, nosotros mismos nos hemos encargado de denunciarlo al Ministerio Público, entonces no hay una intención de ocultar o tergiversar los acontecimientos” aclaró el subprefecto.

Ahora bien, la sanción que arriesga Luengo dentro de la institución va desde una amonestación a su expulsión, todo dependiendo del resultado del sumario administrativo.

“Es distinto cuando un Carabinero es expulsado o dado de baja que un Oficial, porque ellos tienen nombramiento supremo, por lo que requieren un decreto del Ministerio para poner término de su carrera” expresó el Mayor. 

Querellas y sumarios internos

“Nosotros tenemos conocimiento que se han presentado 55 querellas contra Carabineros por actos relacionados con apremios ilegítimos. Nosotros no tenemos ningún problema en responder las consultas de todos los estamentos que sean necesarios, nosotros nos debemos a la comunidad y si hay procedimientos que se alejan de nuestra conducta y los protocolos establecidos,  van a seguir siendo denunciados al Ministerio Público e investigándose por los canales internos”.

Detalló que existen 62 investigaciones internas, “cada hecho que se ha conocido respecto a lesiones de personas ha generado la instrucción de una investigación administrativa” agregó.

Asimismo indicó que en reunión con el nuevo Jefe de Zona, el General Jorge Tobar, éste habría instruido apego irrestricto a las leyes y respeto a los derechos humanos.

“Nosotros tenemos un apego irrestricto a los derechos humanos y estos hechos se alejan de nuestra convicción y lo que debe ser, nuestro desempeño está para el resguardo de los derechos y no para acciones que se alejan de esa condición” finalizó el Mayor Aravena de Carabineros.

 

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