Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
La subcomisario Alejandra Barra puso en antecedentes al SernamEG, quienes la están asesorando legalmente debido a “hechos reiterados de hostigamiento” los que son consignados en documentos a los que tuvo acceso Diario El Día. Desde la Policía civil aseguran que ni el acusado, Richard Gajardo, ni la institución en sí misma han sido notificados. Lo que sí confirman es que la denunciante, en el último proceso calificatorio fue mal evaluada, “encontrándose en la actualidad haciendo uso de los recursos administrativos que le asisten a la referida evaluación”.

Una compleja situación está viviendo una funcionaria de la PDI de La Serena. En la actualidad, se encontraría ad portas de ser desvinculada de la institución, luego que, según denuncia, el actual jefe regional de la Policía Civil, Richard Gajardo, la calificara de mala manera en su desempeño, “por asuntos netamente personales” y le realizara una serie de “acusaciones infundadas”, las que llevaron a la subcomisario Alejandra Barra, a sufrir una fuerte crisis psicológica que la mantuvo durante dos meses con licencia médica por depresión y la llevó a denunciar los hechos ante la Seremía de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Coquimbo. 

Expediente reservado

Diario El Día tuvo acceso a documentos del SernamEG, en donde la afectada narra lo sucedido y también a cercanos a la subcomisario quienes, de frentón acusan “una persecución” en su contra, la que se habría dado desde los primeros días en los que el Prefecto Inspector Gajardo fue designado como jefe regional en octubre del 2017. 

Según se consigna en el documento del Ministerio de La Mujer, los primeros hechos de hostigamiento tuvieron que ver directamente con la calidad de mujer y periodista de la subcomisario, haciendo alusión a la vestimenta de la profesional y diciéndole que “ella no era policía, debido a que su ingreso se dio por un llamado especial para ser parte de la institución”, consigna el texto. 

La denunciante hace énfasis en que en una oportunidad su jefe directo, en este caso Gajardo, la llamó a su oficina a una reunión a puertas cerradas donde le señaló textualmente.

“Te vistes como periodista, no me gusta cómo te vistes”, para posteriormente seguir con la frase, “conozco tu prontuario, me entretuve toda la noche leyéndolo”. Esto, según Alejandra Barra, para remarcarle que tenía conocimiento que en años anteriores a su llegada a La Serena tuvo problemas en la Unidad donde trabajaba en Ovalle, donde también habría sufrido situaciones de acoso por parte de compañeros de escuela.

“En efecto, hace referencia –la  frase de Gajardo- a los reclamos que formuló –Barra- en su momento en las filas de la escuela formación, dado que sus compañeros ejercían situaciones de acoso, por el hecho de ser profesional y por su ingreso a la institución”, constata el documento del SernamEG. 

Las amenazas y el hostigamiento 

Según cercanos a la profesional, posterior a esto vinieron amenazas continuas y ante cualquier situación Gajardo le decía: “¿Quieres que te envíe a Ovalle?”, algo que alteraba psicológicamente a la subcomisario. Sobre todo, porque de acuerdo al relato de la periodista, Gajardo se fijaba en cualquier detalle para reprenderla.

Un ejemplo es el de una fotografía que Barra, supuestamente habría tomado mal, algo que molestó al jefe regional quien le reclamó. Según contó la subcomisario a sus cercanos, en ese momento decidió contestarle y le dijo que la imagen estaba “técnicamente bien hecha”, a lo que él habría respondido, “y yo técnicamente te puedo echar”, frase que de acuerdo a los testimonios de la funcionaria habría acuñado y se la habría dicho en diferentes oportunidades, lo que atemorizó a la denunciante. 

La acusación en su contra

En el 2018, según relata la funcionaria al SernamEG, cuando se desarrollaba la Copa América Femenina en La Serena, Alejandra Barra recibió una denuncia en su contra por parte de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) acusándola que ingresaba a los estadios utilizando su placa de servicio.

Sin embargo, luego de una investigación realizada por el Departamento Quinto de Asuntos Internos de la PDI, se determinó que era inocente. Así lo consigna la resolución de esta Unidad Policial en su página 21, la cual señala que “quedó establecido que la subcomisario Alejandra Liliana Del Pilar Barra Argandoña, efectivamente hizo ingreso a sectores restringidos para el personal de prensa en los estadios La Portada y Sánchez Rumoroso, haciendo uso de su tiempo libre, pero no utilizando su placa de servicio institucional sino con su credencial de acreditación entregada por la ANFP, quienes confirmaron su originalidad y vigencia”, dice el texto. 

Pese a que la acusación resultó no ser cierta, sí cometió una falta al no informar que estaba ejerciendo labores de periodista en su tiempo libre, algo que se debe realizar obligatoriamente. Pero en su declaración señaló -en su defensa- que no sabía que tenía que hacerlo, por lo que no existía dolo en su actuar ya que cuando consultó con anterioridad, le dijeron que sólo debían dar cuenta si existían contratos de trabajo de por medio. 

Iniciaron una investigación administrativa y esta vez sí resultó culpable. Lo que según los abogados del SernamEG, llama la atención es que la medida disciplinaria que se tomó con Barra, “fue absolutamente desproporcionada”, y además, cuando se le comunicó se le habría hecho pasar por una “humillación pública y poniéndola en tela de juicio ante sus compañeros y superiores”. 

A la subcomisario le dieron cinco días de arresto, lo que para el abogado y exfuncionario de la PDI, Mauricio Mc-Lean, resulta “impresentable. Está totalmente fuera de lugar. Estamos en presencia de una resolución abiertamente injusta. Ella no dio cuenta oportuna de un trabajo, lo que amerita, a lo más una amonestación verbal, una amonestación simple, ni siquiera un día de arresto porque sólo se trata de no haber informado de una actividad en sus días libres”, sostuvo el abogado. 

Tampoco se habrían tomado en cuenta las atenuantes a la hora de la sanción, ya que en ese momento Barra estaba bien evaluada a nivel nacional por su labor en Asuntos Públicos, realizando una considerable cantidad de comunicados de prensa en un año, llevando a la Región de Coquimbo al primer lugar en este ítem a nivel nacional. 

Apelación

La afectada decidió apelar, pero el recurso fue rechazado, pese a que las jefaturas a nivel nacional, desestimaron los argumentos de que, por ejemplo, al ser periodista y realizar este tipo de actividades estaba violando el código procesal penal, ya que todas las actividades de los detectives son secretas, y se habrían dado cuenta que la sanción era desproporcionada, la mantuvieron, algo que al abogado del SernamEG, Patricio Rojas, le llama profundamente la atención, y así lo manifiesta en su informe. “En la práctica llama la atención que su apelación ha sido rechazada por falta de fundamentación y antecedentes, no obstante, sostiene haber presentado los insumos necesarios para respaldar su presentación”. 

Pese al primer rechazo del recurso, recurrió a Contraloría, para revertir la situación, pero aún no recibe respuesta. 

Sin embargo, la periodista fue removida de su cargo en Asuntos Públicos,  pese a su buen desempeño según las evaluaciones, y fue trasladada a la Bicrim (Brigada de Investigación Criminal) de La Serena. 

En esta unidad, el supuesto hostigamiento no terminaría. Barra, también tuvo buenas calificaciones de mérito por parte de su jefatura. Sin embargo, este mando es cuestionado por calificar de manera positiva a la trabajadora. “Además del aislamiento de sus pares, en su unidad y frente a la buena evaluación de su jefatura actual (Bicrim), se sostiene como comentario que éstos se deben a una supuesta relación amorosa con su Jefe de Unidad”, indica el informe. 

La peor calificación

Durante el último proceso calificatorio, en agosto recién pasado, continúan las malas noticias para Alejandra Barra. Estaba trabajando en la Brigada de Investigación Criminal, con buenas calificaciones, y el jefe de unidad la evalúa en “lista 3”, básicamente por la sanción de los cinco días de arresto, las que se tomaron en cuenta a la hora de calificarla. Sin embargo, en la evaluación final en la Junta de Valparaíso, en la que estuvo Richard Gajardo, se bajó más su calificación. De “lista 3”, pasó a “lista 4” lo que implica la desvinculación total de la Policía de Investigaciones. 

Una vez más, la periodista decide apelar por lo que considera una injusticia, y esta vez lo hace ante el director nacional de la Institución, Héctor Espinoza. Dentro de esa apelación, argumenta que este año no puede ser calificada ya que mantiene una denuncia con el jefe regional, y de acuerdo a la ley 20.205 en estos casos el funcionario debe ser ponderado con la nota del año anterior. 

Junto con ello, la otra opción que tiene Barra de continuar en la institución es que la Contraloría se pronuncie a su favor respecto a la sanción de los cinco días de arresto cuya apelación fue rechazada, pero que todavía no ha tenido respuesta respecto al recurso de reposición que establece la ley, ni tampoco del recurso de revisión extraordinaria. 

Respecto a los plazos, en definitiva será a mediados del mes de octubre cuando finalmente, la junta de apelaciones, defina el futuro de la funcionaria. 

Sernameg manifesta su apoyo

En diciembre del 2018, la seremi de la Mujer y Equidad de Género Ivón Guerra se reunió con el director regional de la PDI, Richard Gajardo, para hacerle presente que habían recibido la denuncia de Alejandra Barra.

Consultada la seremi respecto a la situación actual de la funcionaria que está denunciando el acoso laboral, la autoridad señaló por escrito que  “como Gobierno y Ministerio es nuestro deber acompañar y apoyar a las mujeres que se sientan afectadas o vulneradas tanto en su dignidad como en su integridad. En el caso que haces mención, no tengo antecedentes actuales en qué proceso está, sí te puedo comentar que me reuní con la profesional y dialogamos sobre la situación que le afecta. Le ofrecimos, ante cualquier decisión, que ella tomará nuestro apoyo a través de SernamEG. Las instituciones policiales, como lo es la PDI, tienen sus protocolos internos y también hay otros espacios como lo son los tribunales”, expresó. 

Por su parte, la directora del servicio, María Soledad Rojas, precisa que sí han estado en permanente contacto con la afectada, y el último encuentro lo sostuvieron a fines de agosto, para analizar junto al abogado los pasos a seguir.

“En este momento la Contraloría debiese estar analizando si la sanción que se instruyó en un momento determinado, como lo fueron los cinco días de arresto son proporcionales y si no lo fueran tendrá que instruir una nueva sanción que se ajuste a derecho”, indicó la directora. 

 

PDI dice no haber sido notificada

Consultados, en la PDI precisan que no han recibido ninguna notificación de denuncia, ni de la afectada ni tampoco por parte de otro organismo.

“Lo que sí podemos confirmar es que efectivamente la persona que usted señala es funcionaria de la Institución y, en el último proceso calificatorio institucional, fue clasificada en Lista 4 de acuerdo a su desempeño laboral, encontrándose en la actualidad haciendo uso de los recursos administrativos  que le asisten a la referida evaluación”, expresaron. 

 

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