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Lautaro Carmona
Ayer la defensa del imputado por conducir en estado de ebriedad y provocar la tragedia vial donde fallecieron dos personas en el Puente Zorrilla, solicitó la revisión de la prisión preventiva, lo que fue rechazado por el tribunal. Sin embargo, el abogado defensor, Carlo Silva, asegura que insistirán en la Corte de Apelaciones, y de no lograrlo, en la audiencia de preparación de juicio oral, plantearán que toda la prueba obtenida por la Fiscalía no es válida, debido a que Carabineros obtuvo las declaraciones de los familiares bajo amenaza de detención, pese a que la ley señala que ellos, al ser parientes, incluso podían haber guardado silencio, por lo que la prueba sería ilegal.

Nueve de la mañana y en el Juzgado de Garantía de La Serena se escribe otro capítulo tras el fatal accidente ocurrido en el Puente Zorrilla. La defensa del imputado solicitó la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva lo que cayó como “un balde de agua fría” para la familia de las víctimas. 

Reina la tensión, al lugar también concurrieron cercanos al conductor del automóvil que provocó la tragedia, y a solo metros de distancia, las miradas se cruzan con los parientes de los fallecidos que iban a bordo del colectivo que fue colisionado por el sujeto en estado de ebriedad. 

Revisión de cautelares

Cuando el juez Carlos Jorquera da el vamos, los funcionarios de Gendarmería se instalan en medio, para evitar cualquier tipo de contratiempo. Adentro, de un lado se instalan los familiares de las víctimas y del otro las del presunto victimario y comienzan los alegatos. 

La defensora particular del imputado, María Francisca González, en representación del abogado titular del caso Carlo Silva, es la primera en tomar la palabra y devela detalles inéditos de la historia, que dicen relación a las horas inmediatamente anteriores y posteriores al accidente. 

Le indica al juez que cuenta con nuevos antecedentes para revertir la prisión preventiva decretada el pasado 30 de abril. Estos dicen relación con la declaración de una testigo que habría sido tomada de manera ilegal.

Se trata de la pareja del imputado, Daysi, quien, según aseguró la defensora, en ningún momento fue puesta en conocimiento por parte de Carabineros, que no estaba obligada a ser interrogada debido a la relación de convivencia que tenía con el sujeto de acuerdo a lo establecido por ley. Sin embargo, los funcionarios policiales le habrían manifestado lo contrario. Es decir, que si no declaraba, estaría cometiendo el delito de obstrucción a la justicia. 

Fue así que Daysi entregó el relato de los hechos, que hasta ahora era desconocido, y que fue expuesto en el tribunal. Según se dijo, la conviviente del imputado, tuvo comunicación la noche anterior con él, cuando éste la llamó para decirle que iba a ir a “jugar a la pelota” con un grupo de amigos. El sujeto no llegó a dormir, y sólo se supo de él cuando se volvió a llamar a su pareja y “evidentemente alterado”, le dijo que le pasara a su padre (suegro de Daysi) porque necesitaba contarle algo. En ese momento, le reveló lo del accidente y fueron al lugar que les indicó el hombre. 

Al llegar, se encontraron con la macabra escena. La camioneta en la que iba el sujeto, propiedad de su padre, abandonada en la vía, y muy cerca un colectivo totalmente destrozado. 

Y aquí viene la supuesta irregularidad. De acuerdo al relato de Daysi, replicado por la defensa, tomaron contacto con Carabineros, y les manifestaron que eran familiares del individuo y, además, el padre les dijo que él era el dueño de la camioneta, algo que la policía todavía no sabía, pese a que los documentos estaban al interior del vehículo. Pero lo más grave, habría sido que posteriormente Daisy fue trasladada hasta un recinto policial donde le solicitaron que prestara declaración, sin advertirle que estaba en todo su derecho de no hacerlo, “por lo que ésta sería ilegal”, precisó la defensora González. 

Momentos antes del traslado, y cuando la conviviente y el padre del individuo estaban hablando con los funcionarios policiales, el sujeto volvió a llamar, y aparentemente, les habría dicho a sus familiares que se encontraba herido bajo el puente, algo que, según la defensa, “fue clave para que lo encontraran”. 

Un "segundo error"

Los errores de Carabineros habrían continuado. De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, ese mismo día por la tarde, cuando el sujeto ya había sido detenido, Daysi fue llamada por personal de la sexta comisaría de Las Compañías, “a declarar de nuevo”.

Esta vez, la declaración la habría hecho un capitán y utilizando un computador “más formalmente” ya que la anterior había sido tomada a mano. El problema con esta última declaración sería que fue tomada a las 15:00 horas y fue firmada como si hubiese sido tomada a las 11 de la mañana, horario de la primera declaración, “otra irregularidad”, la que posteriormente la mujer denunció en fiscalía, señalando que declaró únicamente porque había sido amenaza por Carabineros de que si no lo hacía podía ir detenida por obstrucción a la justicia. 

Solicitud de otra medida

A estos antecedentes, la  defensa sumó informes psicológicos y sociales que determinaron que el imputado “de ninguna forma” constituía un peligro para la sociedad, ni tampoco existía peligro de fuga ya que “tenía motivos familiares y la necesidad de generar ingresos y trabajar”, para mantenerse en la zona. 

Con todo, la solicitud precisa fue que se revocara la prisión preventiva, por medidas cautelares ambulatorias, como el arresto domiciliario total o parcial o la prohibición de salir del país. De no concederse la petición, plantearon una solicitud subsidiaria, que era que se fijara una caución en dinero, de dos millones de pesos como garantía de que el imputado se presentara a todo los requerimientos del tribunal. 

Intento fallido

Pese a todos los antecedentes presentados por la defensa, el juez Jorquera fue categórico. Consideró que el cambio de cautelar no tenía sustento jurídico, fundamentalmente porque el individuo no tenía una irreprochable conducta anterior. De hecho ya presenta una condena previa por conducción en estado de ebriedad del 3 de marzo del 2015.  

A ello apuntaron los argumentos del Ministerio Público cuyos alegatos dieron frutos. Enfatizaron en que cualquiera fuera la pena, él la debía cumplir privado de libertad, por lo que no se justificaba que quedara libre o, por ejemplo, con arresto domiciliario en este momento del proceso si después positivamente volvería a estar en prisión. 

De igual forma, refutaron satisfactoriamente el argumento de la defensa, respecto de que el imputado no sería un peligro para la sociedad, ya que, presentaba “un serio problema con el control de impulsos”, según establecía el informe presentado por la propia defensora, lo que, entre otras cosas, lo llevaba al consumo desmedido de alcohol. 

La carta bajo la manga

Tras la audiencia, Diario El Día se puso en contacto con el defensor titular del imputado, Carlo Silva, quien manifestó que insistirán en revertir la prisión preventiva, ahora en la Corte de Apelaciones, y de no lograrlo, en la audiencia de preparación de juicio oral, donde plantearán que toda la prueba obtenida por la Fiscalía no es válida, debido a que Carabineros obtuvo las declaraciones de los familiares bajo amenaza de detención, pese a que la ley señala que ellos, la conviviente y el padre, al ser parientes, incluso podían haber guardado silencio, por lo que la  prueba sería ilegal.

“La ley establece que ningún pariente o cónyuge puede traicionar el secreto de no incriminarlo. Ellos tienen derecho a guardar silencio y la policía, sin informarles de este derecho obtiene la información de quién era el autor, y dónde se encontraba, algo que sitúa esta prueba como ilegal. De hecho, ya existe un precedente de un caso idéntico, donde el juez anuló todo el procedimiento. De manera que en este escenario, nosotros estamos incluso en condiciones de que nuestro cliente sea absuelto”, expresó Silva. 

Por lo pronto, todo está en veremos. La corte anteriormente ya había ampliado el plazo de investigación en 50 días contados desde el 31 de julio. Cuando se cumpla, las partes volverán a enfrentarse en el  tribunal, para “hacer justicia”, en un caso que conmocionó a la Región de Coquimbo. 

 

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