Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
Durante la formalización que duró más de 4 horas se dieron a conocer detalles de cómo operaba la organización criminal presuntamente liderada por el funcionario policial dado de baja.

Por más de cuatro horas se extendió la audiencia de control de detención en el caso del exsuboficial de Carabineros, jefe del Retén de Canela, Alejandro Bustamante, y otros seis civiles por el delito de tráfico de drogas. 

Tras escuchar tanto al ministerio Público como a los abogados defensores, finalmente se formalizó a cuatro de los imputados por tráfico de drogas y asociación ilícita, quedando fijado un plazo de investigación de 100 días. 

Un tenso comienzo

Fue a eso de las 12:30 horas cuando se dio inició al control que inicialmente estaba fijado para las 12:00. En el intertanto, en las afueras del juzgado de Garantía de Los Vilos, las familias de los imputados esperaban expectantes lo que podía pasar. No todos ingresaron a la sala, por espacio y seguridad. Adentro todo comenzó con tensión. 

Luego de la entrada de los acusados, la defensa solicitó el retiro de la prensa debido al carácter reservado de la causa. Sin embargo, tras algunos minutos, el juez determinó que "en honor a la transparencia del debido proceso" y bajo la condición de resguardar los rostros de los imputados, no había inconveniente con la presencia de los medios de comunicación. 

Supuesto líder de banda organizada

La argumentación de la fiscalía, en primera instancia, fue tendiente a acreditar que existía una asociación ilícita dedicada al tráfico de drogas y que, quien lideraba esta supuesta banda era el excarabinero -ya dado de baja-. En esa línea el persecutor Herbert Rohde informó al magistrado detalles desconocidos de cómo operaba la agrupación. 

Según el fiscal, el rol que jugaba Bustamante era fundamental, ya que, no sólo "organizaba" sino que además "dateaba", proveía de armas y brindaba protección a los demás sujetos. 

Además, el paso del policía por Canela y las supuestas acciones ilicitas que cometía, según un testimonio presentado por la Fiscalía, no serían recientes. De acuerdo a lo detallado en el relato, Bustamante estuvo en la comuna hace algunos años pero debido a problemas sobre los cuales no se entregó mayor información fue trasladado. 

Al volver como jefe de retén, en el 2017, el suboficial se habría volcado al tráfico de drogas y, de acuerdo a la investigación del órgano persecutor, comenzó a operar con quienes hoy está imputado desde fines de septiembre del 2018.

La investigación 

Lo que no sabía Bustamante y compañía era que durante estos meses la Fiscalía inició la investigación encargada al propio OS 7 de Carabineros que dio como resultado la detención de los individuos, todos en circunstancias diferentes. 

El comienzo de las indagatorias estuvo en un procedimiento liderado por el propio expolicía en el que se incautaron 174 plantas de marihuana, aparentemente, ya que luego se descubrió que las matas habían sido "descogolladas", es decir, cuando se efectuó la quema de las plantaciones previamente se les quitaron los cogollos, los que fueron trasladados desde el lugar a otro destino al resguardo de la organización liderada por Bustamante para su posterior comercialización. Hubo testigos de esta situación quienes fueron lo que primero alertaron, para que posteriormente el Ministerio Público diera inicio a las indagatorias. 

Proveedor de armas 

Otro de los delitos que se le imputan al exsuboficial y que logró acreditar el fiscal fue el de tenencia ilegal de armas. Pese a que era carabinero, durante las indagatorias y cuando finalmente fue detenido se encontró en el propio retén que él tenía a su mando un arma que no estaba debidamente inscrita. Pero no sólo este hecho lo involucra con las armas y los delitos. Según la tesis del Ministerio Público, y lo planteado en el tribunal, el exuniformado era quien proveía de armas a sus "compañeros" de banda, en algunos casos directamente y en otros facilitando que las consiguieran y que se pudieran hacer constantemente de provisiones balìsticas. Todo esto con a través de otro de los imputados de quien se dijo era "su mano derecha", y el nexo entre èl y los demás. 

Eventuales chantajes 

De acuerdo al relato de Fiscalía y las pruebas presentadas, principalmente escuchas telefónicas, Alejandro Bustamante, desde su "posición de privilegio" como carabinero jefe de retén y, presuntamente, lider de una organización delictual, utilizaba su poder en el mundo del tráfico de drogas. Aparentemente y según algunos relatos en más de una oportunidad tuvo conocimiento de donde se encontraban otras enormes plantaciones, y llamaba a sus dueños para advertirles que si es que no le pagaban cierta cantidad de dinero, les iba a mandar a Fuerzas Especiales o al OS 7 para que los desbarataran. 

Con todos estos antecedentes, se solicita la prisión preventiva para los siete imputados, siendo el principal eje de las indagatorias el suboficial dado de baja. 

Defensa rechaza los delitos imputados

En general tanto la defensa del ex suboficial como la de los demás imputados, efectuadas por diferentes profesionales, coincidieron en que los hechos debían investigarse, pero que no eran acreditarles los delitos de tráfico ni mucho menos el de asociación ilícita. En esa línea el defensor. de Bustamante, Carlo Silva, expresó que su cliente "evidentemente conocía y se había relacionado con traficantes", en el ejercicio de sus funciones policiales, y que, en cierta medida, mantenía contacto ya que esto le servía para futuras investigaciones, descartando que tuviese alguna relación con el ilícito sancionado por la Ley 20.000. 

Respecto a la asociación ilícita, Silva también la desestimó, ya que aseguró que para que esto se diera tenía que existir una jerarquizaciòn entre un grupo de individuos que se reúnen para un fin determinado, algo que en este caso no se daba, ya que, según èl, no existía ni estructura, y los sujetos no se habían reunido con fines delictivos, ya que algunos de ellos eran familiares que se conocían desde mucho antes que se cometieran eventuales ilícitos. 

Prisión preventiva y arresto domiciliario

Pero pesaron más los argumentos del Ministerio Público. A la hora de resolver, el juez Gonzalo Martínez Merino fue implacable y dictaminó la más dura de las medidas cautelares a cuatro de los imputados, partiendo por el exfuncionario policial quedando en prisión preventiva mientras dure la investigación cuyo plazo fue fijado en 100 días. Los principales delitos formalizados son el tráfico de drogas y la asociación ilícita. 

Los demás involucrados en la causa quedaron, dos con arresto domiciliario total y uno con arresto domiciliario parcial. 

Reacciones 

A la salida del tribunal, el fiscal Herbert Rohde se manifestó conforme con la formalización tras un arduo trabajo de investigación llevado a cabo con las policías. Consultado respecto a la participación de otros funcionarios policiales, tal como se señaló en uno de los testimonios citados durante la audiencia indicó que "ese tipo de información no se puede descartar en esta etapa (...) Evidentemente hay otros antecedentes que podrían dar lugar a la participación de otros sujetos. Es parte de la investigación que estamos llevando con el OS 7 de Carabineros", expresó. 

Por su parte, el defensor Carlo Silva sostuvo que evidentemente, no estaba conforme, pero que sus alegaciones apuntaban más a los temas de fondo que se ven en otras instancias, "en ese sentido no nos sentimos decaídos como defensa, porque esto sigue en el tribunal oral en lo penal y en diferentes fases donde podemos hacer valer nuestra tesis", explicó. 

Por lo pronto, y a petición del propio Silva, el exfuncionario cumplirá su medida cautelar en la Sexta Comisaría de Las Compañías de La Serena, ya que el juez considera que su estadía en un recinto penal común constituía un peligro para su integridad. 4601iR

Declaraciones previas

Cabe señalar que antes de la formalización, autoridades policiales, regionales y provinciales expresaron su postura respecto al tema. El general, Jefe de la IV Zona Policial Ramon Alvarado, indicó que no había más funcionarios involucrados y que se referirían al tema en su minuto. Por su parte, la intendenta Lucía Pinto aseveró que "aquí tiene que caer el que tenga que caer, independiente de la institución a la que pertenezca, mientras que el Gobernador de Choapa, Gàlvez, pidió medidas ejemplificadoras en caso de comprobarse la participación de un carabinero que además tenía una jefatura. 

 

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