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El Día
La denuncia contra de Luciano La Barrera fue recibida por la Prelatura de Illapel el 18 de noviembre de 2018.

La Prelatura de Illapel comunicó a través de un escrito el resultado del proceso respecto del presbítero Luciano Antonio De la Barrera Arancibia, de 83 años, que fue sentenciado por la justicia civil por abuso sexual contra un menor de edad, por lo tanto no podrá ejercer el ministerio de manera pública, una medida que ya se aplicaba desde el inicio de la investigación canónica y que ha sido extendida por diez años.

El comunicado indica que el 19 de noviembre de 2018 ese recibió una denuncia en contra del sacerdote de La Barrera Arancibia, por el delito de abuso sexual a menores de edad al interior del Hogar Laura Vicuña de Los Vilos.

Estos antecedentes fueron presentados ante el Ministerio Público el 20 de noviembre. A nivel canónico, el 23 de noviembre se comunicó el inicio de una investigación previa en contra del sacerdote para determinar la verosimilitud de los hechos denunciados imponiéndose además medidas de restricción de ministerio público y de domicilio.

El pasado día 15 de enero de 2019, el investigador entregó lo realizado al obispo Jorge Patricio Vega, quien decretó el término de la misma, sin que se hubiese podido determinar la verosimilitud de los hechos por la imposibilidad de tomar declaración a la víctima, considerando que es menor de edad. Este criterio fue compartido por Fiscalía.

A inicios del pasado mes de agosto el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle condenó religioso “como autor de delito consumado de abuso sexual de menor de 14 años”, y el pasado 18 de octubre la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del mencionado presbítero y ratificó la condena. Ante esto, la Prelatura solicitó instrucciones a la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Como resultado de esta consulta al Presbítero Luciano Antonio De la Barrera Arancibia, quien está jubilado sin responsabilidades pastorales, por precepto penal se le prorrogaron por 10 años, a partir de esta fecha, las medidas antes impuestas, entre ellas la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal.

El obispo de Illapel, monseñor Jorge Vega, expresó “su profundo dolor y  repudio al hecho condenado ante la justicia civil, razón por la cual ha estado en permanente contacto y ha manifestado su disponibilidad con quienes acompañan a la víctima”, concluyó el comunicado

 

 

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