• El dipurado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, ingresó un proyecto que busca rebajar la edad de responsabilidad penal juvenil a 13 años. En la actualidad, los menores son imputados desde los 14 años
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Andrea Cantillanes
Diferentes actores rechazaron la propuesta presentada para disminuir la edad de responsabilidad penal y recalcaron que el foco debe estar en la prevención y la reinserción, mientras que las cifras muestran una disminución en la cantidad de menores involucrados en delitos.

Un amplio debate han generado tanto a nivel nacional como regional las propuestas de parlamentarios que buscan modificar la Ley 20.084, de Responsabilidad Penal Adolescente, con el objetivo de poner freno a los delitos en los que se ven involucrados menores de edad.

Esta semana el diputado por el distrito 5, Juan Manuel Fuenzalida (UDI) ingresó un proyecto que busca rebajar la edad de responsabilidad juvenil de los 14 a los 13 años “para combatir la delincuencia y para que los delincuentes no ocupen más niños en la comisión de sus actos”, explicó.

El parlamentario indicó que “no debemos desconocer el incremento explosivo de delitos de alta connotación social”, como robo con violencia y le homicidio, “los que violentan la conciencia colectiva de nuestra sociedad, particularmente el funesto fenómeno de una delincuencia juvenil cada vez más precoz”.

“NO ESTÁ AHÍ EL PROBLEMA”

Desde oposición rechazaron la propuesta. El diputado Matías Walker (DC), indicó que “no estamos de acuerdo, porque no está ahí el problema (…) Tú puedes encerrar a los niños desde los 10 años, pero si no trabajas con la familia, ese niño va a salir y va a seguir delinquiendo. El tema es multidisciplinario y multisectorial”.

Un grupo de parlamentarios de la Democracia Cristiana presentó también sus propuestas en la materia mediante una iniciativa que mantiene la edad de responsabilidad en 14 años, “pero que se hace cargo de las deficiencias que tiene actualmente nuestra legislación” dijo Walker. El proyecto contempla que los menores involucrados en delitos de mayor connotación social deben cumplir la sanción en un sistema cerrado por obligación, lo mismo para los reincidentes.

Además, destacó que el proyecto establece una medida “para evitar la contaminación criminógena, porque hoy el problema es que jóvenes infractores de ley entre los 14 y los 18 años terminan cumpliendo su sentencia en mayoría de edad en los mismos recintos donde están adolescentes de 14 o 15 años de edad”, por lo que los infractores de ley cumplirían sus sanciones solo junto a otros de su misma edad.

DEFENSORÍA EN CONTRA

La defensora regional Inés Rojas indicó que la Defensoría Penal Pública está en contra de endurecer medidas de cumplimiento de penas y de bajar la edad de responsabilidad penal, “sino que tiene que hacerse realidad la promesa de resocialización y rehabilitación establecida en la ley”, señaló.

Rojas sostuvo que “el hecho de encarcelar a los jóvenes no va a dar una mejoría al sistema, ni va a proteger a la sociedad de los delitos (…) que existan programas para que los adolescentes se puedan rehabilitar de la adicción a las drogas es una política mucho más efectiva que encerrarlos en un centro cerrado, que en definitiva no le va a servir para reinsertarse en la sociedad y dejar de cometer delitos”, dijo.

La defensora regional de Coquimbo hizo una buena evaluación de la implementación de la Ley de Responsabilidad penal adolescente, indicando que “obedece a un compromiso que tiene el Estado de Chile en el cumplimiento de ciertos tratados internacionales y por ello creo que es adecuada a todos los objetivos internacionales que se buscan en la protección de los jóvenes y los niños”.

Desde que se implementó la ley, señaló, “la reducción del ingreso de causas de jóvenes ha sido bastante progresivo y todos los años se han ido reduciendo notoriamente”, a excepción de 2014, cuando se registró un aumento.

Sus palabras fueron respaldas incluso por el defensor nacional Andrés Mahnke, que si bien indicó que las cifras son complementarias a la visión sobre la justicia nacional, "si la respuesta del estado va a seguir siendo disminuir la edad de la responsabilidad penal, meterle más derecho penal a la situación socioeconómica y de exclusión que viven los jóvenes, agravar las penas, la reincidencia y limitar los caminos alternativos seguramente le vamos a hacer un flaco favor al favorecimiento de la paz social que nos interesa a todos", expresó.

“POPULISMO PENAL”

El exseremi de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Galleguillos, fue crítico y sostuvo que la iniciativa de Fuenzalida responde “a lo que se denomina en el lenguaje jurídico como populismo penal”, por lo que recalcó no estar de acuerdo con la propuesta.

“Plantear rebajar la edad es no entender y desconocer cómo funciona el proceso de inserción o reinserción en jóvenes que han sido segregados del sistema escolar, o se han criado en un ambiente donde son víctima de vulneración de derechos por parte de sus familias, o que tienen consumo problemático de drogas”, añadió.

Al igual que Inés Rojas, Galleguillos se amparó en las cifras para indicar que “no ha habido un aumento en el número de delitos que se comenten por parte de adolescentes”. El exseremi indicó que el porcentaje de delitos cometidos por jóvenes infractores está cercano al 3%, por lo que indicó que “el énfasis tiene que estar puesto en la intervención desde el punto de vista psicológico, social y de la realidad del entorno en el cual ellos se desarrollan”.

Además, recalcó que los antecedentes sobre jóvenes que comenten delitos demuestran que la mayor parte de las reincidencias se presentan entre los 15 y 16 años. En este sentido dijo que “centrarnos en niños de 13 años no es la idea para mantener una convivencia pacífica en la sociedad”, por lo que sostuvo que se debe intervenir con un rol más activo de los órganos del Estado a través de la idoneidad de la sanción.

IMPORTANCIA DEL DEBATE

La encargada actual de la cartera de justicia en la región, Alejandra Valdovinos valoró el espacio de debate que ha generado la importancia de realizar cambios en materia de justicia juvenil y si bien no detalló estar en contra o a favor de la iniciativa, señaló que “en temas como éste siempre van a existir criterios diversos, lo bueno es que es un tema digno de analizar y colocar en debate”.

La Seremi destacó que desde su creación hace ya 10 años, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente fijó una “edad objetiva”, que incluso se bajó de los 16 a los 14 años de edad, “transcurrido todo este tiempo siempre es bueno volver a analizar”, dijo.

En este sentido señaló que esa revisión “se hace en el ámbito del aumento de las penas, buscando adicionalmente la manera de que los jóvenes no reincidan e incentivando una restauración y reinserción social”, finalizó.

Baja en menores infractores

La defensora regional Inés Rojas detalló que las cifras muestran una realidad que dista de la concepción general que se tiene de la participación de menores de edad en delitos de la zona.

La Defensoría Penal Pública atiende aproximadamente el 99% de los casos de jóvenes infractores de ley “y nuestras estadísticas, que incluso algunas de ellas son compartidas por el Ministerio Público, nos hablan de una rebaja de por lo menos el 30% en ingreso de causas de jóvenes al sistema”, indicó la profesional.

Además, los jóvenes que si son infractores de ley no estarían involucrados en delitos de mayor connotación social. “en general en el 60% de las causas que ingresan a la Defensoría, y que atañen a jóvenes, el primer lugar lo ocupa el hurto. Es decir que tampoco tenemos una explosión de delitos violentos”.

 

Puntos de acuerdo: Prevención y reinserción

Pese a que el debate se ha centrado en las penas, medidas de cumplimiento y edad para la responsabilidad penal en los jóvenes, las distintas partes concuerdan en avanzar en medidas que garanticen la prevención de los delitos para los menores, además de la reinserción social.

La propuesta de Fuenzalida propone “promover mecanismos de acompañamiento y establecimiento para una mejor reinserción social”, por lo que señaló que debe existir un sistema de acompañamiento permanente por parte de los órganos competentes.

Para el diputado Matías Walker, “es fundamental centrarse en la deserción escolar. El gran problema que tenemos hoy es que niños con problemas conductuales los colegios los mandan a la casa, donde muchas veces no hay tutela y terminan en la calle siendo víctimas del narcotráfico”, por lo que recalco que también se debe fortalecer el trabajo con la familia.

La defensora Inés Rojas también recalcó el rol de la educación y la familia, así como la necesidad de mejora en los planes de reinserción tanto en los sistemas de cumplimiento de sanción cerrados como en el medio libre, junto a mayores intervenciones para la prevención del consumo problemáticos de drogas y alcohol, “estimamos que en términos generales debería existir un reforzamiento en la reinserción y en la prevención”, indicó.

 

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