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Lautaro Carmona
Los 11 casos positivos, y cerca de 70 internos en cuarentena preventiva en el penal de La Serena han generado preocupación entre funcionarios de Gendarmería y familias de los aproximadamente 1800 reclusos que pagan por sus delitos. Los contagios corresponden a reos provenientes de la Región Metropolitana, por lo que piden a la dirección de la institución que no continúe con estos traslados. Algo que, según aclara la máxima autoridad regional de la entidad, el coronel Leoncio Hidalgo, no depende de él. Mientras tanto, afuera, los seres queridos de los presos que no han podido visitarlos en más de dos meses, parecen cumplir otra condena sin haber cometido ningún crimen: vivir con miedo a que el virus se expanda y “nadie quede libre”.

Día miércoles por la mañana y unas 60 familias llegan hasta el recinto penal de Huachalalume, en La Serena. Vienen con bolsas donde les traen una cantidad restringida de alimentos, un almuerzo y una ensalada, a sus cercanos que por distintos motivos se encuentran privados de libertad y están pagando con cárcel. 

Están preocupados. Saben que al interior del establecimiento existen casos confirmados de Covid-19, y temen que se produzca un brote donde al final “terminen todos enfermos”. Y la angustia parece incrementar, sobre todo luego que, cuando comenzó la pandemia, una de las primeras medidas que se tomó para evitar los casos al interior de las cárceles del país, fue suspender las visitas indefinidamente para que los reclusos no tuvieran contacto con el exterior, por lo que ya van más de dos meses que no pueden ver a sus parientes que cumplen condena o están a la espera de un juicio. 

En riesgo

Las personas están conscientes de que sus familiares “cometieron errores y los están pagando”, pero no por eso, dicen ellos, “se pueden pasar a llevar sus derechos”. Claro, contrario a lo que han precisado las autoridades de Justicia y de Gendarmería desde el nivel local y central, expresan que no se estaría haciendo lo suficiente para que el coronavirus no se propague al interior del recinto.

De hecho, vieron con recelo el hecho de que se hayan trasladado a reos desde la Región Metropolitana, Colina 1, a la cárcel de La Serena, y sintieron rabia cuando supieron que buena parte de ellos estaba contagiado. Luis Palma, quien esperaba su turno para dejarle sus cosas a un sobrino, dijo no entender las políticas estatales.

“Es contradictorio que no dejen entrar a la familia, al menos a uno y que por otra parte traigan a internos desde lugares que se sabe existe alto riesgo de contagio y que producto de eso ahora esté pasando esto. Nosotros no hemos podido hablar nada con mi sobrino, nadie nos ha dicho los casos que hay, ni cómo se está manejando el tema. Entonces uno no tiene idea de nada”, expresa don Luis. 

Katalina llegó a ver a su pareja. Tampoco se explica cómo, “si dicen que los que llegan primero hacen una cuarentena y todo, ahora salen con que estaban contagiados, y parece que ahora hay más. Es como si los hubieran escogido y hubiesen traído a los que están enfermos”, dice la joven embarazada, quien también lamenta que se haya restringido la cantidad de comida que se les puede traer a los internos.

“Me da pena, porque sólo se permite una comida por encomienda. No todos los internos tienen quien los venga a ver, y antes uno traía y se podía compartir. Pero ahora nada. En fin, uno tiene que acatar nomás en eso, lo único que pido yo es que no sigan trayendo a gente desde otras regiones porque si no esto se va a seguir propagando acá”, asegura Katalina. 

Acusan despreocupación

Francisco Guerrero y su esposa Jesica Villalobos, acudieron a  ver a su hijo, un joven de 21 años. Indica que “es insólito que traigan a gente contagiada de otros penales”, ya que los presos “también son humanos y tienen derecho a que se resguarde su integridad en medio de esta crisis”, aseveró. 

A parte de aquello, cuestionó la falta de información que se entrega.

“Se habló del beneficio de que existiría una video-llamada a falta de visitas, pero nada. Nadie nos ha dicho cómo hacerlo, ni qué trámite hay que hacer. Es muy complejo el tema para nosotros como padres, y no nos estamos haciendo las víctimas, sabemos que nadie de los que está acá es un santo, pero las condiciones en las que están y lo expuestos que los tienen, creo que se debe hacer algo”, manifestó. 

La señora Marissa Godoy, iba a ver al padre de su hija. Cuando la abordamos todavía acomodaba la comida en una bolsa para luego ir a hacer la fila en una de las puertas laterales del penal , donde les entregan un formulario que deben llenar declarando todo lo que contiene la encomienda que entregarán, así como la identidad de quien la trae y el destinatario. “Tengo para rato todavía”, expresó la mujer de unos 50 años de edad. 

Cuenta que es precisamente el miércoles cuando más familias van, y por lo mismo “hay que llegar temprano, porque si no te pegas un plantón como el que me estoy pegando yo ahora”, consigna. Y claro, el Covid es un tema complejo, pero confía en que a su cercano no le ocurrirá nada.

“Ya estamos claros que no han tenido cuidado, yo creo que ni con los reos ni con los gendarmes se han tomado los medidas suficientes, pero qué le vamos a hacer, si aquí uno por mucho que reclame nadie te va hacer caso, como los presos son lo último de lo último, nadie va  hacer nada. Tendrán que aguantar nomás”, sostuvo Marissa. 

Nerviosismo

Paola Carvajal, concurrió a ver a su pareja quien lleva cerca de un año privado de libertad. Ella sí ha tenido la oportunidad de comunicarse con él y sabe que está bien, pero entiende que no todos han podido comunicarse durante todo este tiempo, que ha sido complicado. “Yo converso con señoras que no han sabido nada de sus hijos desde que inició todo esto, y son señoras mayores que se pasan rollos. La otra vez que salieron los casos de contagiados, al otro día aquí vino mucha gente a pedir información y no se la dieron. Eso es fome”, cuenta Paola. 

En el caso de Valesca Barahona, asegura que con su padre, hoy en prisión preventiva, “se está cometiendo una doble injusticia”, ya que debido a la pandemia ha debido seguir en la cárcel sin que su proceso avance y está sujeto a riesgo de contagio.

“Le habían dado tres meses de investigación pero esto se ha ido alargando y alargando. Yo entiendo que todo esté detenido para evitar contagios, pero lo que no entiendo es que si evitan que avancen los procesos, evitan que haya visitas, igual traen a la gente más riesgosa desde lugares donde ya existen personas diagnosticadas. Aquí, se debería exigir que no sigan trayendo internos desde otros lugares”, manifestó. 

Llamado a la calma

Los recintos carcelarios del país han estado tomando los recaudos desde que comenzó la pandemia a nivel nacional. De hecho, dentro el plan se contempló la aplicación del indulto conmutativo a condenados que cumplieran con ciertas condiciones y en la región los beneficiados fueron 77. Esto, para descongestionar las cárceles en las que se requería.

Pero el penal de Huachalalume no está precisamente hacinado, incluso todavía está bajo su capacidad y formando parte de la red carcelaria del país tuvo que recibir a internos que venían, en este caso, desde la Región Metropolitana, que en total serían alrededor de 50 según indicó el dirigente de Anfup (Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Coquimbo), Jokan Garrido, quien hizo un llamado a la calma a las personas, ya que, asegura, desde la institución, en lo que tiene que ver con los funcionarios se están realizando esfuerzos para que esto no se propague y no se convierta en un brote, pero para eso, sería fundamental que no continuaran llegando presos desde otros establecimientos.

“Nosotros tenemos que evitar que exista esta circulación, porque los recintos que estaban libres como el de La Serena, termina teniendo pacientes que no son de acá y hay un riesgo, pese a que se tomen todas las medidas de prevención”, expresó. 

Garrido informó, que de los cinco casos ya conocidos de reclusos contagiados, el número habría aumentado a 11, todos provenientes de Colina 1, salvo por una interna mujer que llegó detenida y se encuentra en prisión preventiva.

“Ellos se encuentran en un módulo aparte cumpliendo la cuarentena. Además están en cuarentena todos los demás internos que llegan desde otros lugares, a ellos se ellos se les mantiene aislados durante el periodo de 14 días y en caso de no presentar síntomas pasan a estar con el resto de la población penal, en el caso de que sí los presenten se les aplica el examen de PCR”, enfatizó Garrido, agregando que en este momento tienen cerca de 70 internos en cuarentena preventiva. 

Cuidado a los funcionarios 

Si bien en su momento los funcionarios de Gendarmería criticaron la “falta de insumos” para su protección y prevención del virus, Garrido sostiene que esa realidad ha cambiado, ya que llegó implementación desde el nivel central que los tiene trabajando con mayor tranquilidad, nunca relajados.

“Tenemos 10 funcionarios en cuarentena también por haber estado en contacto con casos positivos, pero de la calle, no del penal. Efectivamente las cosas han mejorado un poco, pero no sabemos lo que va a pasar a futuro, los funcionarios estamos en constante riesgo, porque tenemos trato directo con los internos, incluso con los que vienen desde otro lugar y que todavía no se sabe si pueden ser casos positivos. Por eso, yo insisto. Aquí debiese para la circulación de internos entre las cárceles, esa es nuestra preocupación”, expresó.  

"No existe un brote"

El director regional de Gendarmería, el Coronel Leoncio Hidalgo, descarta que exista un brote de contagios y afirma que está totalmente contenido. “Son todos casos importados, que vienen desde otro lugar y no están en contacto con el resto de la población penal”, aseguró el Coronel. 

Respecto a la solicitud de que no sigan llegando reclusos desde otros lugares, el director de Gendarmería precisó que es algo que se decide a nivel central. “Nosotros tenemos una red carcelaria en el país, y si existen internos contagiados en otros recintos que tengan problemas por falta de infraestructura o personal nosotros tenemos que ser colaborativos”, expuso. 

De todas formas, expresó que todo interno que viene trasladado desde otro recinto llega a cumplir una cuarentena estricta. “Ahí se mantienen y de acuerdo a cómo vaya evolucionando se determina si corresponde o no el examen de PCR, pero eso lo determina la autoridad sanitaria”, finalizó Hidalgo. 

 

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