• La Comisión Especial Investigadora entregó el informe por las eventuales irregularidades en las actuaciones de organismos y funcionarios públicos en relación al rechazado proyecto minero Dominga
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El Día
El informe de la Comisión aceptado en sala, generó un intenso debate entre algunos parlamentarios, quienes votaron en contra de lo determinado en dicha instancia, asegurando que sí existió manejo político.

Durante el mes de marzo del año pasado, tras votación en sala del Parlamento, se decidió la creación de una Comisión Investigadora para determinar si existieron presuntas irregularidades o errores de funcionarios públicos en el rechazo al Proyecto Minero Dominga.

Dicha Comisión, con algunos problemas aprobó en el pasado mes de agosto, el informe realizado por el organismo, el cual debía ser presentado ante el parlamento para tener su anuencia definitiva.

Por esta razón, con más de algún contratiempo se realizó este jueves 4 de enero la sesión la Cámara de Diputados.

Esto porque en dicha instancia, se votó el Informe de la Comisión Investigadora por eventuales presiones políticas, irregularidades o vicios en la actuación de organismos y funcionarios públicos en el rechazo del proyecto minero Dominga en la región de Coquimbo, el que finalmente fue aprobado por 44 votos a favor, 34 en contra y 5 abstenciones.

Críticas a la aprobación

De inmediato, la determinación no estuvo exenta de algunas críticas por parte de algunos parlamentarios, entre ellos el diputado Matías Walker, quien junto a Miguel Ángel Alvarado, votaron en contra de lo aprobado por la sala.

Matías Walker dijo que “junto al diputado Miguel Angel Alvarado votamos en contra del informe de la Comisión Investigadora, toda vez que establece, entre otras conclusiones, que no hubo presiones sobre quienes tomaron la decisión a nivel regional y que aquella resolución se hizo conforme el mérito de los antecedentes que se tenía a la vista, lo que sabemos no fue así”.

El diputado Matías Walker señaló que votó en contra, entre otros motivos debido a que en una de las conclusiones se planteó que no hubo presiones hacia los seremis que emitieron su voto en la instancia regional de calificación.

Además cuestionó el que el informe no se haya hecho cargo del fondo de la investigación que debía llevar a cabo, considerando que la misma renuncia de los ministros de Hacienda y de Economía terminaron por rearfirmar la existencia de presiones para pasar por sobre decisiones técnicas.

El diputado Walker justificó su voto de rechazo señalando que “sabemos que hubo presiones políticas para que determinados seremis pudieran cambiar su votación. Y la falta de fundamentación, además de aquel cambio de votación, fue reconocida en la propia instancia del Comité de Ministros. Por eso recordé en la intervención en la Sala que la renuncia de los ministros de Economía y de Hacienda de la época, Luis Felipe Cespedes y Rodrigo Valdés, dan cuenta precisamente de la falta de fundamentación en esta resolución”.

Entre otros aspectos, Matías Walker recordó que en la instancia de calificación regional, los seremis de Transporte y de Energía votaron en contra del proyecto, sin un sustento para esa decisión ya que sus servicios habían emitido informes favorables, que fue lo que luego tuvo a la vista el Comité de Ministros, lo que motivó que el Ministro de Economía no quisiera participar de la votación, que a los días dejara su cargo y que lo siguiera el Ministro de Hacienda en esa decisión.

Informe válido

El diputado Raúl Saldívar, en conversación con Radio Mistral, se refirió a la aprobación final realizada por la Comisión Investigadora en torno al caso Dominga, instancia que el parlamentario socialista presidió.

“Fue difícil la aprobación, ya que tanto por parte de la empresa, como de organismos invitados a exponer a la Comisión, se formó un clima muy opuesto entre quienes querían un proyecto más sustentable y quienes apoyaban a toda forma la aprobación de Dominga, por ello cada parlamentario tenía muy clara sus posturas”, indicó Saldívar.

En ese sentido, el diputado socialista indicó que dicha Comisión nació desde algunas insinuaciones que sostenían presiones políticas para los funcionarios de Gobierno por parte del Ministerio del Interior y que la aprobación de este informe corroboró la falsedad de aquello.

“Se aprobó el informe porque no había absolutamente ninguna demostración mínima siquiera que constatara este hecho, por otra parte, una de las razones por las que se planteó que había presiones, fue porque el Consejo de Gabinete, encabezado por el Intendente Ibáñez, tuvo una posición distinta que el organismo técnico, pero lo que no se dijo nunca fue que ese organismo le dio relevancia a informes de poca consistencia y no a otros de importancia como Serapesca y Conaf”, agregó.

En relación a las críticas realizadas por el parlamentario Matías Walker, en torno a que sí existieron presiones políticas. Saldívar señaló que ya no es un argumento válido, ya que no se encontró constatación de aquello, por algo la votación de hoy aprobó dicho informe.

Finalmente señaló que la determinación de este jueves por parte de la Cámara de Diputados, no es validante para el proceso judicial que lleva adelante Dominga en el Tribunal Ambiental, ya que  “son dos carriles totalmente diferentes y este jueves sólo se aprobó el informe que señala que no existieron presiones políticas de ningún tipo”, finalizó.

 

Propuestas

Finalmente, el informe consigna una serie de proposiciones y recomendaciones. Por ejemplo, que, en la estructura del SEIA, se limite el tema de las adendas, debido a la sobrecarga del sistema público, además de reforzar un examen de admisibilidad más intenso de los proyectos, en que la falta de compatibilidad territorial y la carencia de información relevante y esencial sean realidades operativas y no meramente nominales.

También se plantea que la participación ciudadana sea constante, proponiendo que, a lo menos en los mega proyectos, sea periódicamente obligatoria en distintas etapas de la evaluación, además de los lógicos casos en que el proyecto se modifique sustantivamente producto de las aclaraciones rectificaciones o ampliaciones que haya sufrido.

El texto sugiere que, en el caso de áreas protegidas, la evaluación ambiental tenga un especial cuidado y consideración cuando se pondere el área de influencia; y realizar la zonificación del borde costero que de cuenta de los distintos estatutos de protección existentes, con el fin de operativizar de forma integral la protección de dichas zonas.

Por último, los integrantes de la comisión hacen un llamado a la autoridad a aplicar la norma de protección de cetáceos, actualmente vigente, debido a que en dicha zona transitan alrededor de 14 especies; y se recomienda la elaboración de un reglamento que coordine la opinión del Ministerio del Medio Ambiente con los procedimientos de evaluación ambiental.

 

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