• Lorenzo Torres estuvo al mando de la comuna elquina durante 22 años.
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El Día
La moción fue aceptada por 5 votos a favor y 2 en contra, debido a problemas administrativos en la anterior gestión del ex edil. El equipo jurídico de Torres indica que solo podría acreditarse una responsabilidad indirecta.

La mañana del miércoles 11 de abril, en una nueva sesión del Concejo Comunal de Paihuano, se decidió por 5 votos a favor y 2 en contra, aprobar las sanciones propuestas por la Contraloría General de la República en contra del ex alcalde de Paihuano, Lorenzo Torres.

La determinación se tomó tras encontrar algunas irregularidades en la anterior administración que fue encabezada por Torres, razón por la cual, el municipio de Paihuano y los concejales, entregarán los antecedentes al Tribunal Electoral.

Consultado sobre el tema, el abogado de la municipalidad, Ignacio García, aclaró que el sumario fue adelantado por la Contraloría General, que es el organismo competente en estos asuntos.

“Una vez finalizado, ellos hacen la proposición de las sanciones. En este caso, las sanciones alcanzan a cuatro funcionarios, entre ellos al exalcalde de la comuna”, precisó.

García recordó que Torres también cumplía funciones como profesor en el DAEM de la municipalidad.

“La proposición de la Contraloría en el caso de Lorenzo Torres es la destitución de acuerdo a lo que establece el artículo 61 del estatuto administrativo y la Contraloría lo que le pide al consejo municipal es que apruebe la sanción”, apuntó.

Posteriormente se debe publicar un decreto que exponga la sanción a implementar, la que va con copia al tribunal electoral, “que finalmente decide la situación del señor Lorenzo Torres”, indicó el abogado de la municipalidad.

"RESPONSABILIDAD INDIRECTA"

El Día intentó comunicarse con el exalcalde para obtener sus declaraciones sobre la aprobación de las sanciones por parte del Consejo, pero los intentos resultaron infructuosos. No obstante, su equipo jurídico envió un documento en el que abordan varios puntos de la situación e indican que la responsabilidad que se puede atribuir a Torres es "indirecta".

"Que de los hechos objeto de del sumario administrativo que instruyó la Contraloría General de la República, solo sería posible imputar una responsabilidad indirecta como alcalde, ya que tienen su origen en documentos que fueron suscritos por la autoridad edilicia, que corresponden a la modificación del contrato de don Orlando Chelme, las que previamente pasaron por los respectivos exámenes de factibilidad y legalidad del departamento de Educación de Paihuano, que por tanto fueron suscritos con absoluta buena fe", señala el texto. 

También consideraron que la votación del Consejo Municipal fue "absolutamente innecesaria y demuestra desconocimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, lo que lamentablemente se prestó para causar confusión y exponer a la comunidad a información imprecisa".

En el documento también recalcaron que será el Tribunal Regional Electoral, mediante un procedimiento legalmente tramitado, el que tiene la exclusiva atribución "para determinar si existe responsabilidad y de ser así hacer efectiva esa responsabilidad".

Y como conclusión señalaron que la evaluación jurídica de los hechos investigados, así como el grado de participación de los hechos, - con las consecuencias jurídicas que conlleve-, "constituyen aspectos que deben ser determinados en las instancias jurisdiccionales, políticas o administrativas correspondientes, no siendo por cierto, obligatorias para esos órganos, las apreciaciones consignadas en los informes que prepara la Contraloría General de la República". 6101

LOS HECHOS

A finales del 2016 y a menos de un mes de dejar la alcaldía, el entonces edil llamó a concurso público para seis cargos vacantes de la planta municipal para asistente social, tesorero municipal, oficina de tránsito, artes y choferes.

En aquella oportunidad, Lorenzo Torres señaló que los cargos no eran de confianza y que la idea era llenar las vacantes para que el próximo alcalde no tuviera inconvenientes con el exceso de contratos a honorarios.

Este hecho fue cuestionado por otros actores políticos de la región, incluido el alcalde electo Hernán Ahumada, quien manifestó que esos cargos estuvieron desocupados más de dos años.

También recibió críticas tras apoyar a Orlando Chelme como candidato a la alcaldía, cuando se divulgó la deuda que mantenía el concejal por el pago de horas extras no informadas por el orden de los 30 millones de pesos.

 

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