• En pleno juicio el “caudillo de Coquimbo” le hablaba a sus adherentes, quienes llegaban hasta el tribunal oral.
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Andrea Cantillanes / Lautaro Carmona
El recién electo diputado por la Región de Coquimbo manifestó públicamente sus aspiraciones de volver a ser alcalde del puerto, lo que sería posible sólo con un indulto presidencial. Sin embargo, existen barreras éticas y legales que podrían complicar su anhelado retorno.

No había pasado un día desde su retornó al parlamento y Pedro Velásquez remeció la escena política. El electo diputado por la Región de Coquimbo admitió en una entrevista radial que “renunciaría al parlamento para postular al municipio si tuviera un indulto presidencial”.

Sus dichos no pasaron inadvertidos y se instaló la polémica sobre si el exalcalde podría acceder a este beneficio. La duda parece razonable luego que en el 2006 fuera condenado por fraude al Fisco, cargo por el cual fue destituido como edil del puerto.

Actualmente mantendría una deuda con el municipio de alrededor de 285 millones de pesos por la compra a sobreprecio de un predio para viviendas, por lo que fue condenado a 300 días de pena remitida y se le inhabilitó de por vida para ejercer como alcalde, no así para otros cargos de elección popular.

Además, la justicia le ordenó a Velásquez pagar 165 millones de pesos como parte de la acción penal y de la indemnización por el daño fiscal causado al municipio.  

Una vez dictada la sentencia sus adherentes se abalanzaron tristes por la decisión del juez.

 

LA LEY LO AVALARÍA

Pero, ¿qué dice la ley? Basado en el artículo 32 Número 14 de la Constitución se establece que toda persona que se encuentre condenada podrá solicitar al Presidente de la República -quien tiene esta atribución exclusiva- que le otorgue la gracia del indulto. Su otorgamiento se realiza a través de un decreto supremo, que debe ser firmado por el Ministro de Justicia.

Bajo este parámetro, entonces, efectivamente, el ex edil podría ser indultado si lo solicita y la pena que mantiene hasta la fecha ser eliminada por la máxima autoridad del país.

El abogado Reinaldo Villalobos, expresidente regional de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el mismo partido de Evelyn Matthei, quien fue la que denunció a Velásquez, cree que el recién electo diputado cuenta con posibilidades ciertas de cumplir su ambición de llegar a la casa edilicia, pese a la condena.

Lo beneficiaría, políticamente, su calidad de parlamentario independiente. De acuerdo al análisis de Villalobos, sea quien sea el próximo presidente del país, el hecho de contar con un voto más en la cámara de diputados resultaría atractivo para ambas coaliciones cuando se necesite obtener determinadas mayorías en las votaciones de proyectos de ley en la cámara de diputados.

De esto podría valerse Velásquez para “negociar” un posible indulto. “Aunque terminó bastante sentido con el partido, él fue democratacristiano. Además en algún minuto también fue un voto de apoyo para el presidente Piñera, así que no lo veo lejano a pactar con cualquiera de los dos, porque en definitiva yo tengo la sensación de que Velásquez es esencialmente ‘Velasquista’”, indica el expresidente del gremialismo.

TEMAS HUMANITARIOS

Pero el asunto no sería tan fácil. Así lo explica el exseremi de Justicia durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), el abogado Gregorio Rodríguez. Para él, en lo formal el indulto sí podría darse pero la falta de precedentes complicaría las aspiraciones del “caudillo de Coquimbo”.

Aunque no descarta que pueda obtenerlo, Rodríguez enfatiza en que la mayoría de las veces en que se obtiene este beneficio es por temas humanitarios.

Lo que le jugaría a favor, según el exseremi, sería el hecho de que pese a estar inhabilitado para ser edil de por vida, él ya se ha sido elegido en dos periodos distintos para representar, primero al distrito 8 y ahora a la región de Coquimbo, lo que haría que su caso fuese particular e inédito. “En ese sentido tiene un argumento más para ir a solicitar el indulto, pero obviamente tendrá que esperar la decisión que tome el presidente, pero no se puede ser indiferente al arraigo popular que tiene”, puntualizó Rodríguez.

En la misma línea, el actual seremi de Justicia, Carlos Galleguillos explica que el requerimiento del indulto presidencial debe hacerse mediante un decreto supremo, el cual debe firmar precisamente el Ministro de Justicia. El interesado deberá acompañar, a la solicitud, copias autorizadas de las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia y de casación, si la hubiere, con la certificación de que se ha dictado sentencia ejecutoriada, esto es, que no admite recurso alguno en su contra y que se encuentra a firme.

En el caso particular de Velásquez, tiene una tesis similar a la que en principio manifiesta su antecesor en la seremía (Gregorio Rodríguez), en el sentido de que, si bien puede hacer la solicitud, ésta generalmente se acepta por temas diferentes a lo político y que constituyen casos excepcionales. “En los regímenes democráticos se asocian a situaciones bastante extremas, cuando las personas condenadas están con enfermedades graves o catastróficas”, aseveró Galleguillos.

“CUESTIÓN POLÍTICA”, EL GRAN FACTOR EN CONTRA.

Que se trate de una “cuestión política” sería el principal factor en contra que tendría Velásquez para no ser indultado. Tanto Rodríguez como Galleguillos coinciden en que generalmente priman las razones humanitarias y aquello es ratificado por el académico de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte, Esteban Szmulewicz.

Según detalla el profesional, pese a que ni en la Constitución ni la ley se hace distinción según el tipo de delitos, en la mayoría de los casos, los decretos supremos argumentan “razones humanitarias” para indultar.

Estos, explica el profesor, suelen ser con cinco propósitos: Reparar posibles errores judiciales; suavizar la aplicación de leyes demasiado severas en situaciones concretas que no pudo predecir el legislador; lograr la paz social y la tranquilidad pública; obtener la enmienda del condenado que ha mostrado tener buena conducta y, en últimos términos, atenuar la aplicación de la pena de muerte.

En ningún caso  la causal política aparece como algo frecuente. “Por estas razones, y a pesar de tratarse de una facultad presidencial discrecional y un acto político, cabe revisar si el indulto en este caso sería coherente con las causales humanitarias que lo justifican y con las exigencias actuales en materia de ética pública”, manifiesta el profesor Szmulewicz.

Pero las aspiraciones del exdiputado tampoco estarían perdidas, ya que, “tratándose de un acto político por parte del Presidente no existe un control jurídico a su respecto, por lo que debe ser muy cuidadoso en su ejercicio”, sostuvo.

En el 2013, cuando fue nombrado vicepresidente de la Cámara de Diputados causó gran controversia y fue sacado del cargo.

 

CONTRADICCIONES VITALES

El “caso Velázquez” resulta complejo desde cualquier arista. Tanto así que entra en contradicciones, como por ejemplo, en relación a la Ley, ¿es lógico que un ciudadano no pueda ser alcalde y sí diputado, e incluso presidente de la República? El abogado Reinaldo Villalobos es categórico en señalar que claramente existe una ambigüedad en la legislación ya que, como en este caso, alguien que no es apto para un cargo de menor envergadura por motivos éticos tampoco debería serlo para otros que revisten mayores responsabilidades. “Pero para cambiar eso se debe dar una discusión legislativa”, precisó.

Otra de los puntos en conflicto es el que dice relación con que el exdiputado le pediría el indulto al máximo representante del Estado de Chile  -al presidente- pero al mismo tiempo mantiene impaga una multa a beneficio fiscal por la cual el Consejo de Defensa del Estado inició un juicio ejecutivo en materia de cobro. Es decir, de ser indultado el Estado avalaría la solicitud de un ciudadano con el cual mantiene un litigio, algo que también parece un contrasentido, sin embargo, según señalan desde el Consejo de Defensa del Estado, no sería causal para negar el indulto. “Este beneficio es una facultad presidencial, y si hay una deuda por una pena aplicada, esa pena se puede indultar”, precisaron.

MÁS AGRAVANTES PARA EL EXEDIL

Pero volviendo a los factores en contra, el que no se trate de razones humanitarias no sería lo único que perjudicaría las aspiraciones de Pedro Velásquez. El profesor de la UCN, Esteban Szmulewicz, distingue dos motivos más que podrían resignar las posibilidades de que el ex edil retorne al municipio.

Por un lado, de acuerdo a la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades, se señala que no pueden ser candidatos a alcaldes o concejales “quienes tengan litigios pendientes con la municipalidad”, cuyo  caso sería el de Velásquez, y, por otra parte, está la imposibilidad legal de renunciar al cargo de diputado lo que sólo se puede realizar en caso de estar afectado por una enfermedad grave que impida desempeñarse y que ello sea calificado por el Tribunal Constitucional.

Entonces, si Velásquez fue electo diputado hasta el 2021, y las próximas elecciones municipales son el 2020, cuando éstas se produzcan continuaría en el parlamento por lo que, aun siendo indultado, debería esperar hasta el 2024 para optar al municipio, lo que conlleva que permanezca tres años fuera de cualquier cargo de elección popular a la espera de ser alcalde. Todo un riesgo para alguien que espera mantener su popularidad.

PARLAMENTARIOS: EL DEBATE ÉTICO.

A nivel parlamentario las reacciones han sido de distinta índole, mientras el Senador Jorge Pizarro (DC) no le da mayor importancia, de hecho, ironiza con el tema y simplemente cree que Velásquez no estaba hablando en serio al formular sus declaraciones. “Yo creo que a él le gusta mucho ser alcalde, pero sus palabras seguramente tienen que ver con el agradecimiento a sus votantes (…) en todo caso, los indultos son facultad sólo del presidente”, puntualiza el Senador.

Pero no todos se lo toman tan a la ligera. El reelecto diputado Matías Walker (DC) en una escueta declaración, y por escrito, manifestó que “un indulto de esa naturaleza constituiría un acto de corrupción en sí mismo”.

Por su parte desde la UDI, el también electo diputado Juan Manuel Fuenzalida, opinó en el mismo sentido. Cree que Velásquez se pasó de revoluciones al obtener una alta votación, pero que sería “impresentable” la posibilidad de un indulto presidencial. “Él dice que tiene pruebas y que podría echar abajo la tesis que se le formuló. Pero, debe buscar las herramientas legales para que revisen su causa. Hablar de indulto ya pasó de moda”, aseguró el electo parlamentario. 

Sin duda el debate ya se ha instalado. Ahora, sólo queda esperar cual será la decisión que tomará el siempre controvertido Pedro Velásquez y cómo enfrentará una eventual petición de indulto si efectivamente quiere volver al municipio de Coquimbo. 

Pedro Velásquez hoy en día está feliz de haber resultado electo diputado con la segunda mayoría, pero dijo que su anhelo es volver a ser edil.

 

EL HERMETISMO DEL EXDEFENSOR RAMIRO MOYA

El mismo día en que Pedro Velásquez señaló que prefería ser alcalde a ser diputado, expresó que  los verdaderos responsables de su condena por fraude al Fisco eran el abogado Ramiro Moya, su defensor, y su esposa, quien, asegura el exedil, lo hizo cometer un error administrativo.

Consultado por El Día, el abogado Moya dice no poder referirse bajo ningún término a Pedro Velásquez aduciendo que con ello estaría vulnerando el secreto profesional, ya que fue su cliente.

De igual forma expresa que tanto Velásquez como cualquier ciudadano pueden ser beneficiados, sea cual sea el delito cometido ya que es una facultad discrecional del presidente. De hecho, afirma, a veces basta con que “una cárcel esté muy llena” para que los mandatarios liberen a los reos menos peligrosos bajo indulto.

Respecto a los cuestionamientos éticos que pueden darse en determinados casos de indulto que no sean por razones humanitarias, insistió en que “la ley es así, el beneficio es discrecional del presidente, y yo no voy a discutir la ley”, señaló.

Moya no quiere polémica y prefiere no responder a los dichos de quien fuera su representado y que lo sindicó como responsable de su condena. “No me puedo referir a él, yo fui abogado del señor Velásquez. Sus declaraciones ni las leí y menos aún puedo hacer algún comentario (…) El indulto es discrecional, y en lo discrecional no hay ética”, expresó.

 

 

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