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La audiencia se realizó a través de videoconferencia debido a una licencia médica que impidió a Orpis a concurrir al 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

La Fiscalía solicitó hoy una condena por sobre los cinco años de cárcel para el desaforado senador Jaime Orpis por fraude al Fisco, cohecho y delitos tributarios, en el marco del caso de corrupción desatado por la empresa Corpesca.

Orpis cumple actualmente arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por estos delitos, pero el Ministerio Público presentó este martes nuevos antecedentes en contra del exlegislador, con los que busca agravar la pena.

En una audiencia realizada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, a la que Orpis se presentó mediante videoconferencia debido a una licencia médica, se revelaron pagos por asesorías parlamentarias inexistentes y desvíos de dinero para usos personales por parte del acusado.

Al exmilitante de la derechista Unión Demócrata Independiente se le sumaron además nuevos pagos que recibió de la empresa Corpesca durante la tramitación de la ley de Pesca en 2016, que equivalen a 15 millones de pesos, con los que la firma pretendía "influir en sus votaciones en el Congreso".

Jaime Orpis se convirtió el año pasado en el primer político chileno encarcelado por corrupción desde el retorno de la democracia y desde el 6 de junio está bajo arresto domiciliario.

La Justicia acusa al parlamentario de recibir 233 millones de pesos en coimas de Corpesca, mientras la Fiscalía ha considerado al político "un peligro para la seguridad de la sociedad".

Según el Ministerio Público, Orpis entregó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca, empresa controlada en un 77 % por el grupo Angelini, uno de los más importantes del país.

De esta forma, presuntamente se facilitó a la pesquera rebajar impuestos de manera ilícita.

La Fiscalía también le atribuye el delito de fraude al Fisco por 153 millones de pesos, procedentes de asignaciones parlamentarias que fueron transferidas a su cuenta personal y para las que simuló contratos.

Corpesca fue imputada en 2016 por el pago irregular a políticos entre los años 2009 y 2013, a través de entregas de dinero a parlamentarios para que cabildearan en el Congreso a favor de la nueva ley de Pesca.

 

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