• Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia analizó los diez años de promulgada la Ley de transparencia, los efectos que ha tenido y los cambios que deberían hacerse.
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El Día
Un positivo balance del desempeño del organismo hace su titular, que estuvo sesionando en La Serena al cumplirse diez años desde que se promulgó la norma, aunque afirma que no es lo único que se requiere para que funcione y precisa de la participación de otras entidades.

Tras sesionar el Consejo Para la Transparencia en La Serena, en busca de una apertura hacia la comunidad y en el marco de cumplirse diez años de la ley de Transparencia, el presidente de dicha entidad, Marcelo Drago, hizo un balance y se pronunció de cómo ha funcionado y afectado a la comunidad la entrada en vigencia de esta norma que permite a las personas tener acceso a las informaciones estatales.

Destacó que ha ayudado a la transparencia, aunque mencionó que no era lo único que se requería para que ésta existiera, sino que se necesitaba la participación de otros órganos, pero reconoció que se ha avanzado y que se debe dar un paso más allá para los próximos años.

¿Cómo están viviendo estos diez años, luego que en el 2008 se formulara la Ley de Transparencia?

“Estamos viviendo estos diez años con muchos cambios, abriendo las puertas del Consejo a la ciudadanía y a la reflexión colectiva con la participación ciudadana. Estos diez años nos iniciamos con un proceso de reflexión participativa en las 15 regiones del país, donde se ha juntado la comunidad a discutir sobre la importancia de esta ley, los beneficios que ha traído en estos diez años, pero también los déficit y las oportunidades que tenemos para mejorar este sistema mirando los próximos diez años. Ha sido muy interesante, han participado cientos de personas de todo el país, hicimos una gran actividad en la región Metropolitana con más de 600 participantes y creemos que ha sido un éxito desde el punto de vista de la convocatoria y de la participación de  la ciudadanía y en esto de intentar abrir el Consejo de la transparencia a la comunidad decidimos por primera vez sesionar formalmente fuera de Santiago y hacerlo de modo público, abierto a la gente. Esta es la segunda sesión que realizamos pública, la primera que realizamos en la zona norte del país y ha sido una actividad muy especial. Hemos podido conversar con funcionarios, con ciudadanos, con estudiantes, con distintas personas que participan, que están expuestos al sistema y han podido presenciar el proceso de toma de decisiones que tenemos, cómo llegamos a acuerdo, cómo resolvemos los casos y desde ese punto de vista ha sido un aprendizaje para nosotros, de hacer esto y poder explicárselo a la ciudadanía y esperamos que para los que hayan participado haya sido una actividad provechosa”.

LAS FUNCIONES

¿Cuál es la función que cumple el Consejo en términos prácticos?

“En términos prácticos es garantizar el acceso a la información en el país, y qué significa garantizar, significa  tener facultades para supervisar que se cumpla la ley por parte de los órganos del Estado y supervisar que la información que tienen que disponer por transparencia activa es un conjunto bien extenso de información que tenemos que poner a disposición de todos a través de los sitios web y nosotros tenemos que supervisar que eso se cumpla, que se cumpla con las actualizaciones correspondientes , cada 30 días , con todo el detalle de la información que corresponde y si detectamos incumplimiento damos instrucciones de cómo se aplican éstos, de cómo se presenta la información y si vemos incumplimiento ejercemos nuestras facultades disciplinarias. Si tenemos que sancionar autoridades o funcionarios lo hacemos, Lo mismo por el lado de la transparencia pasiva, las solicitudes que se hacen uno a uno puntualmente de información al Estado, nosotros resolvemos disputas sobre si esa información debe ser pública o privada. En principio toda la información se presume pública, pero excepcionalmente se pueden aplicar causales de reserva, enfatizo lo excepcional, porque solo son excepciones a la regla general porque la información es pública. A veces los órganos creen estar aplicando bien una causal de reserva o la hacen bien  o a veces mal, la ciudadanía tiene derecho de reclamar ante el Consejo para la Transparencia”.

¿Qué tipo de información es la que prohíbe la ley?

“La ley establece causales de reserva básicamente para información relacionada con la seguridad nacional, el interés nacional, que incluye las relaciones internacionales, información que afecte a terceros privados cuando son datos personales de alguien que no es funcionario público. Derechos de terceros también son los derechos de las empresas en sus actividades económicas, información de esa empresa que está en manos del Estado y también cuando afecte el correcto funcionamiento de los órganos. Ahí hay distintas causales, como el entorpecimiento cuando se solicitan cantidades masivas de información, que es muy difícil para los órganos entregar sin distraer muchos recursos destinados solo a preparar la información que se tiene que entregar”.

INSTITUCIONES RESPETADAS

Esta ley ha favorecido en términos generales a las personas, pero ¿ha favorecido a las instituciones?

“Yo creo que sí. Creo que las instituciones que mejor cumplen en materia de transparencia habitualmente dice relación con instituciones bien respetadas por la ciudadanía. Nosotros en nuestro estudio hemos logrado establecer una vinculación directa de confianza y acción de información pública. El ciudadano que ha estado expuesto al sistema de transparencia, que ha solicitado información a un órgano y se le ha respondido o ha visitado las páginas de transparencia activa tiene un nivel de esperanza superior frente al Estado que el ciudadano que está al lado de él, pero que no ha estado expuesto a este sistema. Por lo tanto creo que beneficia en términos de recuperar la confianza entre el Estado y la ciudadanía”.

¿Puede un inmigrante o una persona que está de paso en el país solicitar información?

“Absolutamente, incluso una persona que está fuera del país lo puede hacer utilizando el mecanismo electrónico. Una persona que está dentro del territorio nacional tiene los mismos derechos constitucionales de los que son chilenos, la Constitución no distingue. De hecho, si usted revisa el artículo 19 de la Constitución, señala que todos los habitantes de la República tienen derecho a, no es todos los nacionales chilenos ni todos los ciudadanos. Nosotros no hacemos distinción alguna de quien está pidiendo la información, nos preocupamos de que se entregue cuando corresponde y en eso el mundo inmigrante tiene derechos como cualquier otro”.

EFECTO EN LOS MUNICIPIOS

¿Cómo ha resultado la Ley de transparencia para la municipalidades, cuál es la visión que tienen ustedes?

“En general bien, a unos les cuesta más que a otros. Yo creo que no deja de ser una carga administrativa fuerte cumplir con la ley de transparencia, no cabe duda que tiene un costo y algunos municipios logran cumplir mejor que otros. Sin embargo, hemos visto que detrás de quienes eligen mejor que otros, se relaciona mucho con la voluntad política de las autoridades locales. Hemos visto municipios con recursos institucionales administrativos y económicos fuertes que cumplan mediocremente con la transparencia y hemos visto otros municipios mucho más débiles, con mucho menos recursos administrativos o económicos que cumplen muchos mejor. Ahora, ambos son excepciones a la regla de que los municipios que tienen menos recursos cumplen menos que los que tienen más, pero sí da cuenta de que en mucho de por medio está la voluntad política de la autoridad de presentar a la comunidad herramientas más poderosas de transparencia y destacarse por eso”.

En este sentido ¿cómo han funcionado los municipios de la región?

“En general funcionan bien, hay municipios más pequeños con más dificultades, pero creo que en todos existe una voluntad, una oportunidad de mejorar sustantivamente”.

¿Pero esto pasa por un tema económico o por voluntad política como planteaba usted?

“Ambas, pero cuando hay voluntad política todo mejora, efectivamente se nota la mano y la transparencia pasa a ser una prioridad. Nosotros como consejo de lo que nos preocupamos es disponer sistemas, herramientas, capacitación, no dejarlos solos en el cumplimiento de esto, sino que facilitarles el proceso y en eso hemos tenido en general buena respuesta, pero claramente algunos se van quedando en el camino y a veces no hay voluntad política de priorizar esta materia”.

CUMMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA LEY

¿Y en estos diez años de marcha se ha cumplido el objetivo final de esta ley?

“Yo creo que se ha avanzado, pero el objetivo final de esta ley es básicamente hacer realidad la rendición de cuentas de las autoridades públicas y empoderar a la ciudadanía. Creo que se ha hecho realidad, porque sin acceso a la información, sin una obligación de entregar la información de las autoridades,  no existe verdadera rendición de cuentas. Es una rendición de cuentas superflua solo en base sobre lo que unilateralmente cada autoridad quiere entregar y pasan a ser meras formalidades. Con esto cada ciudadano le exige cuentas a la autoridad día a día y le pide por qué tomó una decisión, en base a qué fundamentos y se los entregue para hacerse un juicio sobre sui esa autoridad tomó la decisión correcta o no”.

¿La transparencia cómo actúa frente a la corrupción?

“La transparencia acota, disminuye el espacio de la corrupción, el ámbito en que la corrupción se puede desplegar y creo que eso también ha sido un aporte. Pero la corrupción es un fenómeno complejo que tiene distintos elementos causales donde la transparencia es uno de ellos, por lo tanto, solo la transparencia para combatir la corrupción no es suficiente y no es una bala de plata para prevenir o combatir la corrupción, tiene que estar dentro de un sistema integrado con diversos elementos que  cubran todos los aspectos si queremos efectivamente acotar  y disminuir los pasos de la corrupción en el país”.

LO QUE SE PUEDE MEJOR

¿Ustedes a esta altura están funcionando bien o hay falencias que los tienen limitados?

“Creo que el hecho de que el sistema está fragmentado y el Consejo para la Transparencia no tenga facultades sobre las generalidades de los órganos del Estado, es un tema que puede mejorarse. Hoy día tenemos fuertes facultades sobre la administración central del estado, incluyendo las intendencias, gobernaciones, servicio de salud, en los municipios, etcétera, pero hay algunos órganos autónomos constitucionales, como la Contraloría, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, que tienen su propio sistema, y otros poderes del Estado que también tienen su propio sistema, todos tienen la obligación de cumplir con la ley de transparencia, pero tienen otros sistemas para resolver los reclamos y los conflictos que surgen. Básicamente son sistemas internos donde son juez y parte y creo que eso no es bueno para el sistema y para su credibilidad  y eso hay que superarlo. También hay que eliminar algunas normas de secreto que están distribuidas en distintas normas. Por ejemplo, lo de secretos militares. Como está hoy día descrito en el Código de justicia Militar no se condice con las actuales reglas constitucionales y se tiene que modificarse o eliminarse, porque las reglas generales bastan para mantener a salvo los secretos verdaderamente militares que pueden afectar a la seguridad nacional”.

¿Esto de que no tengan consejeros con dedicación exclusiva los ha limitado de alguna forma?

“Yo creo que al comienzo funcionaba muy bien, sobre todo con la cantidad de trabajo que existía, con la cantidad de casos que teníamos que resolver, pero ha habido un crecimiento sustantivo anual, una tasa de crecimiento muy alta de solicitudes de acceso ante el consejo y creo que hoy estamos llegando a un nivel en que las sesiones del Consejo ya no funcionan dos veces a la semana, las estamos extendiendo en mucho más horas de lo que era antes, pero sería bueno que los consejeros pudieran dedicarse exclusivamente a esto para poder sacar todos los casos adelante y tener un gobierno corporativo más sólido”. 1601

EL BALANCE

¿Cuál es el balance que hacen a diez años que está funcionando  esta ley?

“Creo que es una ley que vino a cambiar la relación entre la ciudadanía y el Estado, que vino a cambiar la forma en que las autoridades consideraban su accionar y ahora lejos de ser mucho más vertical de cómo se miraba antes, es mucho más horizontal, siempre estoy sujeto al escrutinio público directo mediante el acceso a la información, pero también creo que hemos llegado a un nivel donde lo que tenemos hoy día es el piso mínimo y tenemos que dar un paso sustantivo para ir mucho más allá”.

 

 

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