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Alejandro Pizarro
El organismo sostenedor de la educación municipal serenense no solo mantiene deudas previsionales, sino también en algunos préstamos y seguros descontados a los docentes.

El no pago de imposiciones legales por parte de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena a los profesores, es un tema que se viene arrastrando desde hace años y cada cierto tiempo sale a la palestra.

Pero no solo son los docentes los que sufren esta problemática, otros funcionarios de la CGGV como paradocentes y profesionales que se desempeñan en programas SEP y PIE, viven la misma situación.

A la deuda previsional se suman los no pagos de créditos adquiridos en cajas de compensación o entidades crediticias, también de seguros de vida y salud. Todos dineros descontados de sus liquidaciones de sueldos y que no llegan a las respectivas instituciones.

“Se habla que es una deuda de arrastre de otras administraciones, pero los del programa PIE no somos tan antiguos y tenemos lagunas por no pagos. Conozco casos de personas que han tenido problemas médicos y que han intentado cobrar el seguro que tenían contratado, siendo rechazados, pese a tener el descuento en su liquidación”, señala un profesional del Programa de Integración que se desempeña en un colegio de la zona céntrica.

Afirma que las autoridades siempre indican que están trabajando para cumplir con la deuda y que habrá una solución, sin embargo esta nunca llega a buen puerto.

“Siempre se habla de los profesores y llegan a ciertos acuerdos de pago con ellos, pero el resto de los profesionales no tenemos ese respaldo. Al intentar el retiro del 10% muchos nos llevamos la sorpresa que teníamos varios años de no pago y nos perjudicó en los montos”, manifestó el sicólogo.

Claro, existe temor e incertidumbre en el cuerpo docente y funcionarios sobre si la entidad dependiente del municipio serenense va a ser capaz de cumplir dichas promesas, que ya han escuchado antes de parte de otras autoridades comunales, como en la administración de los alcaldes Adriana Peñafiel y Raúl Saldívar.

El escenario más complejo, aseguran, es de quienes están contratados por los programas PIE y SEP, cuyas lagunas previsionales serían mayores.

En la edición de ayer de El Día, el secretario de la CGGV, Patricio Bacho, aseguró que han realizado esfuerzos para concretar el pago de las imposiciones y que han mantenido un diálogo permanente con los dirigentes de los profesores.

A su vez, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, ha indicado que se deben tomar cartas cuando ocurren estos casos de impunidad, puesto que “cuando a un profesor o funcionario de la Corporación se le descuenta los montos de un seguro o de una casa comercial y no se lo paga, se están apropiando indebidamente de un dinero que no les corresponde, para nosotros y todos es un delito”, indicó el dirigente durante una de sus últimas visitas a la zona.

 

Medidas legales

Pero qué medidas puede efectuar cualquier trabajador para exigir a su empleador el pago de sus imposiciones que han sido declaradas, como ocurre con los profesores y profesionales, el abogado Francisco Silva, señala que si bien es un tema de arrastre y que ningún alcalde ha podido dar solución, existen las herramientas legales para exigir el pago.

“Incluso en su momento la ex alcaldesa Adriana Peñafiel fue detenida por una acción judicial que exigía el pago de las imposiciones”, recuerda el profesional.

Silva sostiene que cualquier trabajador puede ejercer acciones ante los Tribunales Laborales para exigir la cancelación de sus imposiciones y en paralelo se puede pedir una orden de arresto para el empleador.

“Por qué no se solicita una orden de arresto contra el actual alcalde, eso es algo que no sabría responder, al no conocer la interna del profesorado. El caso de Adriana Peñafiel le llegó una orden de arresto y luego se logró firmar  un convenio de pago”, afirma.

El abogado manifiesta que el daño previsional para los docentes que se quieran jubilar es complejo y que repercutirá en sus pensiones.

“Algunos van a tener un océano en vez de una laguna por el no pago. Que decir en el retiro del 10% que solo van a poder acceder a lo que tienen capitalizado”.

Silva indica que respecto a los préstamos o seguros que han sido descontados y no pagados, esto puede perjudicar legalmente a los funcionarios.

“Puede que exista una apropiación indebida de dinero, pero eso se debe calificar en un juicio. Pero que es una situación irregular, claramente. También puede ser un tema civil que se puede demandar a la Corporación o una querella criminal”, argumenta el legista.

Sobre los créditos y otras situaciones impagas, Silva sostiene que las instituciones demandan al titular que firmó el pagaré y no al empleador.

“Uno no puede decirle a la institución que debe, mire la Corporación le va a pagar. Ellos le van a decir usted arréglese con su empleador y exíjale que haga el pago. Se puede hacer una acción civil o penal para que se pongan al día con la deuda”, precisó.

 

El profesional sostiene que de no realizarse una demanda colectiva, cualquier profesor o funcionario de forma individual puede exigir legalmente el pago de estas lagunas.

 

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