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Coquimbo es la segunda región con más solicitudes de audiencias para la Comisión de Descentralización, con 22 requerimientos, que han sido presentados por grupos tan diversos como comunidades agrícolas campesinas, comunidades ecologistas, gremios de la salud e incluso municipios.

El próximo jueves 19 de agosto, la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial de la Convención Constitucional realizará una sesión en el Teatro Municipal de Ovalle, que tendrá como objetivo atender audiencias con la ciudadanía y organizaciones sociales, en las que se recojan las opiniones, inquietudes y propuestas de las regiones, para incorporarlas a la nueva Carta Magna.

Esta es una de las ocho Comisiones transitorias de la Convención y tendrá como objetivo proponer mecanismos de descentralización, canalizar propuestas y conducir hacia la instalación de una Comisión permanente en la materia, detalla la abogada Jeniffer Mella, representante del Distrito 5 en el órgano. 

La Comisión está integrada por 17 convencionales, todos pertenecientes a regiones distintas a la Metropolitana y nace de la necesidad de una representación efectiva de las necesidades de las regiones y territorios del país. 

“Se atendió a la gran cantidad de solicitudes de audiencias para proponer mecanismos de descentralización y nuestra región fue, luego de la región Metropolitana, la que más presentó solicitudes, en las comunas de Salamanca, Illapel, Punitaqui, Monte Patria, Ovalle, La Serena y Coquimbo”, explica Mella. 

En efecto, fueron 22 solicitudes de diversas organizaciones hacia la Comisión transitoria de Descentralización y es por ello que uno de los primeros acuerdos fue realizar audiencias públicas en regiones, aspecto que no estaba considerado al momento de la instalación de la Convención. Para facilitar el trabajo territorial, se dividió al país en cinco macro zonas, las que derivarán en sesiones en las regiones de Arica y Parinacota (Arica, martes 17), Coquimbo (Ovalle, el jueves 19), Ñuble (San Carlos, martes 17) y Los Lagos (Ancud). 

En los territorios



“Creemos que es importante que resulte el fondo, tener una propuesta de país descentralizado, pero también, que sea hecha de forma descentralizada, apostando a que todos los territorios tengan voz en esta nueva Constitución”, comenta Jeniffer Mella. Recordemos además, que otro de los objetivos de la audiencia en Ovalle, será respaldar la solicitud de mantener los cinco cupos de consejeros regionales para la provincia de Limarí, según señaló el convencional Roberto Vega en la edición de Diario El Día de este sábado.

Por su parte, el convencional Carlos Calvo, quien integra las comisiones de Participación y Consulta Indígena y de Comunicaciones de la Convención, manifiesta que “es bueno que nosotros vayamos al territorio a escuchar directamente a las personas” y agrega que realizar audiencias o sesiones en regiones, permitirá materializar una exigencia y un anhelo latente por parte de la ciudadanía.

“La idea de descentralizar es trabajar no sólo en Santiago. La descentralización es una temática fundamental y creo que en la Convención todos vamos a ser una sola voz”, manifiesta la convencional María Trinidad Castillo, quien integra el Comité de Ética de la Convención. Lo anterior, pues se necesita regular asuntos como la adaptación del currículum escolar a las diversas realidades territoriales: “un ejemplo es que, en la prueba del SIMCE o la PSU, ponen una cadena alimenticia de la Antártica, o una cadena alimenticia del mar, pero resulta que los alumnos de la cordillera jamás han vivido esa realidad y la conocen. Es por ello, que debemos considerar la heterogeneidad territorial”.

Por su parte, respecto de los avances en el trabajo del órgano, Carlos Calvo destaca que “en la Comisión de Participación y Consulta Indígena, tenemos 170 personas y organizaciones que van a exponer y en la Comisión de Comunicaciones, hemos discutido porque se habla de muy pocos tópicos, que copan la prensa”.

Regular los conflictos de interés



Por su parte, Castillo destaca que, en el contexto del Comité de Ética, se trabaja en el Reglamento de la Convención, en base a lo recogido en la participación ciudadana en las comisiones. “Se pretende establecer el cuadro normativo, de manera que se pueda garantizar la buena convivencia, la transparencia, probidad y evitar los conflictos de interés”. En este componente, se elabora un mecanismo que obligue a los convencionales a declarar sus conflictos de interés con el mundo privado o grupos de interés que puedan dialogar con el órgano: “medios de comunicación han identificado a algunos convencionales que tienen conflictos de interés. El constituyente que los tenga va a tener que declararlo, y esta persona quedará inhabilitada, lo que significa que no tendrá derecho a voz ni a voto respecto del tema con el que tenga el conflicto”.

 

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