Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
Con una multa de la Superintendencia de Educación y un dictamen judicial por daños morales resultó el colegio Americano de La Serena, luego que los padres de un menor de 10 años demandaran al establecimiento por no activar los protocolos ni resguardar la integridad de su hijo que estaba siendo víctima de golpes reiterados por parte de dos de sus compañeros de curso.

Una demanda contra un colegio de La Serena fue ganada por los padres de un menor de 10 años por sufrir reiterado bullying de parte de dos de sus compañeros de curso.  

Se trató de un fallo dictado por el 3er Juzgado de Letras de La Serena que determinó que el colegio Americano de La Serena debía indemnizar con $5 millones a la familia del menor por daño moral.

“El tribunal habla de un incumplimiento del contrato por parte del colegio porque no activó los protocolos necesarios para evitar el bullying hacia el niño” explicó el abogado de los padres del menor, Rodrigo Valdivia.

Según precisó el abogado, estadísticamente en la región no es habitual un fallo a favor de los apoderados en casos de bullying o agresión de los menores. “En la región ha habido 10 demandas por violencia de bullying o por incumplimiento contractual por bullying y se han ganado solamente en tres ocasiones, incluyendo ésta”.

En este caso el tribunal habría logrado acreditar que el colegio no realizó las acciones necesarias ni habría aplicado los protocolos internos de convivencia escolar para evitar que las agresiones al menor continuaran ocurriendo.

 “Lo que se acreditó fue el no cumplimiento del colegio, porque trató de desvirtuar la relación entre apoderado y colegio” agregó Valdivia.

Señaló que en este caso había que recalcar la “acción omisora que tuvo el colegio, los colegios generalmente se escudan que ellos cumplen con las condiciones o su reglamento interno, especialmente en los procesos de anti-bullying o de agresión escolar, pero no lo hacen, de hecho el propio colegio Americano peleó en su momento del juicio que ellos habían cumplido el protocolo necesario, llamado a los apoderados, pero al tribunal no le bastó eso, porque se dieron cuenta que el niño estaba dañado y eso lo graficó en la declaración la misma perito que es la doctora del Cesfam”.

Agregó que los padres, antes de iniciar acciones judiciales, habrían agotado todas las instancias con el recinto para que interviniera a favor de su hijo, sin embargo, al no obtener resultados y tras la recomendación de la psicóloga del menor, lo retiraron del colegio e interpusieron la demanda.

Los hechos

Según el relato de la demanda, presentada por los padres el 12 de septiembre de 2019, los hechos se remontan al 6 de marzo del 2018 cuando su hijo, de 9 años en ese entonces, comenzaba su primer día de clases en un nuevo colegio.

Ese mismo día, al finalizar la jornada, el niño le manifestó a sus padres que uno de sus compañeros de 3ero básico lo había golpeado, lo que habría ocurrido durante varios días de la primera semana de clases.

Los padres del menor comenzaron a ir al colegio a pedir la intervención de la profesora jefe y el inspector del colegio para evitar que las agresiones a su hijo continuaran, especialmente porque algunos golpes habrían sido efectuados en presencia de profesores y la inspección del colegio.

Hablaron con el inspector pero las cosas no habrían mejorado, incluso tras haber presentado un reclamo formal en el establecimiento por la situación.

Las cosas solo fueron empeorando, el niño comenzó a presentar hematomas en el cuerpo debido a los golpes y decía que ya no quería seguir yendo a clases.

La profesora le habría indicado a los padres que sabía de las agresiones del otro menor hacia sus compañeros de clase, incluido su hijo, pero que no podía hacer mucho al respecto, por lo que nuevamente recurrieron al inspector general quien garantizó la seguridad del menor dentro del colegio.

Solo días después el niño habría llegado nuevamente con moretones, por lo que decidieron ir a constatar sus lesiones al SAPU, puesto que indican que el colegio nunca aplicó su reglamento interno sobre “Protocolo de acción frente a la violencia y el bullying”.

Pese a las reiteradas solicitudes de los padres al colegio, incluso al director y encargado de convivencia escolar, para su intervención y protección del menor frente a los golpes y violencia de sus compañeros, las cosas no cambiaron, es más, ahora los golpes eran propinados por un segundo niño.

El niño comenzó a ir a terapias con la psicóloga del Cesfam Juan Pablo II, quien le diagnosticó un trastorno emocional infantil producto del bullying.

La situación no cambió y los padres decidieron presentar la denuncia ante la Superintendencia de Educación, instancia que realizaron en dos oportunidades, el 13 de junio y el 2 de agosto del 2018.

Finalmente, tras la recomendación de la especialista, quien le explicó a los padres del daño que le habría producido el bullying a su hijo, lo retiraron y matricularon en otro establecimiento para el segundo semestre de ese mismo año, donde permanece hasta el día de hoy sin complicaciones ni agresiones de sus compañeros, “aunque siempre con intervención” aseguró su abogado.

Superintendencia de educación

Consultado al organismo por la situación, desde la Superintendencia de Educación confirmaron el caso e indicaron que “la denuncia ingresada ante la Superintendencia de Educación derivó en una fiscalización al establecimiento que resultó con un proceso administrativo sancionatorio en primera instancia, con multa de 60 UTM, por detectar una eventual vulneración a la normativa educacional”.

Agregaron que “en virtud del debido proceso, el sostenedor del establecimiento contó con un plazo para presentar su reclamación ante los cargos formulados por la Superintendencia, el cual se encuentra en proceso de revisión de antecedentes, de acuerdo los tiempos determinados por la normativa educacional”.

Por otro lado, según las estadísticas entregadas respecto a las denuncias realizadas en la región por casos de maltrato entre alumnos, hubo una disminución del 25% de las denuncias ingresadas por maltrato físico entre alumnos entre el 2018 y 2019 y una baja de un 2,9% en las de maltrato psicológico.   

 

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