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El jurista argumenta contra la instancia parlamentaria que apuntó a responsabilidades políticas por la compra irregular de terrenos en San Ramón, en el marco del “Papaya Gate”. Asegura que la única investigación que tiene consistencia es la del Ministerio Público y recalca que aún no existe formalización.

El abogado penalista Samuel Donoso Boassi, encargado de defender a la exintendenta Lucía Pinto en el denominado “Papaya Gate”, habló en exclusiva con El Día sobre los alcances del caso tras las conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y la querella del Consejo de Defensa del Estado contra su defendida y dos exfuncionarios del Gobierno Regional.

Donoso tiene una amplia trayectoria en casos mediáticos vinculados a autoridades. En el año 2013 defendió a la expresidenta Michelle Bachelet y a Sergio Bitar tras una querella por mal uso de recursos fiscales presentada por un grupo de vecinos de La Pintana. Además, fue el abogado central en la estrategia jurídica de defensa de SQM, en la causa sobre financiamiento irregular de la política. 

En el último tiempo logró notoriedad al ser el defensor del presidente Sebastián Piñera en las querellas interpuestas en su contra a raíz de casos de vulneración a los DD.HH. tras el estallido social.



-¿Cómo toman las conclusiones de la Comisión de la Cámara de Diputados, que responsabiliza políticamente a Lucía Pinto por el caso Papaya Gate?

“Son conclusiones sesgadas, poco objetivas y parciales. Tienen más la cara de conclusiones que arriban de políticos que tienen un interés como contrincantes de un potencial candidato, como sería Lucía Pinto. Nos parece que esto tiene ese cariz. Aquí existe una especie de instrumentalización de los sistemas de las comisiones, para perseguir a quien puede ser, el día de mañana, su contrincante político. Por algo tenemos en nuestro país, tribunales y Ministerio Público. Y por algo este tipo de comisiones y la actividad parlamentaria en general está bastante desprestigiada en nuestro país”.

 

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-Pero estas conclusiones se elaboraron tras escuchar las declaraciones de funcionarios que participaron de alguna manera en los procesos de compraventa de los terrenos e incluso muchos de ellos habrían advertido a Lucía Pinto y a José Cáceres de las irregularidades que se estaban cometiendo...

“Esto en ningún caso es una investigación que cumpla en el más mínimo de los estándares de un debido proceso y de una investigación acuciosa. Estamos hablando de declaraciones que se prestan ante una comisión que no hay posibilidades de contrainterrogatorio, no hay deber de decir la verdad, la persona que miente no comete ningún delito. Esto no cumple con el más mínimo estándar de ningún proceso. En consecuencia, a mi juicio, son conclusiones que se toman en base a elementos aislados, a elementos que no dan viabilidad. No hay que olvidar para que pueda existir un juicio es necesario que este cumpla con un estándar de debido proceso”.



-Por lo mismo era importante que Lucía Pinto hubiese estado presente en esta Comisión y dar sus descargos…

“Una comisión investigadora creada en paralelo a la existencia de una investigación penal llevada adelante por el Ministerio Público es algo bastante complejo, por decirlo suave. Porque lo que corresponde a una persona es defenderse frente a la Fiscalía y no en una comisión investigadora. ¿Cómo va a ir a declarar primero a una comisión y luego a la Fiscalía?. Cómo va a ir a declarar a una Comisión investigadora donde todo lo que se dice es público, en circunstancia que muchas cosas, para que resulte una investigación o sea eficiente, es imprescindible que las declaraciones estén bajo reserva como ocurre en las investigaciones legales por norma legal”.



-¿Le resta importancia a esta información, que incluso llevó al Consejo de Defensa de Estado (CDE) querellarse contra Pinto y dos de los exfuncionarios?

“La responsabilidad penal en nuestro país se determinan por los tribunales de justicia por una sentencia, aquí no solo no existe una sentencia condenatoria, si ni siquiera existe una formalización todavía. Lo que debe determinar una sentencia o formalización es primero si existe o no un delito, y segundo quiénes cometieron ese delito. Esta comisión investigadora en base a antecedentes muy febles, llega a unas conclusiones, que a mi juicio, son sesgadas, poco objetivas y parciales”.



-¿Y la querella del CDE cómo la toman?

“Es la formulación de una imputación de un escrito a un tribunal y que es lo mismo que está investigando el Ministerio Público, acá lo relevante es lo que están investigando ellos. Esta querella no aporta nada más a aquello, nada. Si me llama la atención lo que el colega (Daniel) Martorell, miembro del Consejo de Defensa del Estado, señala en la Comisión en que habla de que ha existido impunidad. No sé cómo puede hablar de impunidad, si existe un proceso penal en trámite, en curso. Eso es una presión sobre el Ministerio Público, aparte de ser injusta con el Ministerio Público, es una presión que no corresponde, 

 

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