• Nuevamente los juegos electrónicos dividen a locatarios y a la municipalidad local. Crédito: El Ovallino.
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Uno de estos recintos fue clausurado incluso con personal dentro. El abogado de la organización, Ernesto Nuñez, adelantó que emprenderán acciones legales contra el alcalde Claudio Rentería por el delito de secuestro a raíz del operativo de clausura de locales.

El tira y afloja entre la casa consistorial local y el gremio de juegos de entretención no cesa.  Y es que durante la semana pasada se procedió a la clausura de locales en el centro de la ciudad.

Génesis de la situación de acuerdo al gremio

El abogado del Gremio de Operadores de Juegos Electrónicos de Ovalle, Ernesto Nuñez, calcula que en esta clausura fueron afectados al menos 11 locales.

“Hay una disputa por más de cuatro años a la fecha, respecto a la situación de la gente que trabaja con entretenimientos electrónicos en Ovalle. El alcalde (Claudio Rentería) desde el 2015 quiso derogar la ordenanza y no pudo. A partir de entonces generó una verdadera persecución respecto a estos locatarios. Una de las primeras luces que él mostró fue en el año 2017 cuando hizo un decreto de clausura de estos locales señalando que a su juicio ejercían una actividad y una patente distinta”,  afirma el profesional.

La controversia referente al concepto de juegos de azar es algo que ciertamente ha incidido en dicha disputa.

“Los locales hoy todos tienen patentes de juegos electrónicos y lo que explotan es eso. Ellos (municipio) dicen que no sería eso sino que de ‘azar’, pero aquello nunca lo han podido probar, y como no lo han hecho, han ejercido todas estas medidas de fuerzas para poder cerrar”, cuenta.

Por su parte, el secretario de la Asociación Gremial de Operadores de Juegos de Entretención de Ovalle, Sergio Cortés, afirma que el año 2017 se implementaron unos decretos de clausura, “referidos a supuestamente ‘juegos de azar’”, menciona.

En ese sentido, señala, “nosotros interpusimos algunos recursos y dentro del proceso lo que nunca se ha realizado ha sido la pericia, que algún ente técnico diga ‘sí, efectivamente estos son juegos de azar’. La controversia hasta el minuto nunca se ha dilucidado, es más, en su minuto la Fiscalía incautó máquinas efectivamente para periciarlas y eso está en proceso”.

Discrepancias con esta nueva clausura

Nuñez derechamente asegura que este cierre es ‘caprichoso’ y que no obedece a ninguna acción judicial a favor del municipio.

“Fue completamente una ilegalidad porque se sostuvieron respecto a un documento que tenía una data de hace dos años, no es que haya salido un fallo en la Corte, ni resolución. Ellos sencillamente quisieron manifestar su fuerza a través de un decreto que se viene impugnando hace dos años”.

Por su lado, Cortés recalca que cada local tiene una situación en particular referente a acciones judiciales en curso.

“Algunos están con recursos de distinto tipo; unos en Tribunales otros en Cortes, y todavía son materia de ser juzgada (…) Mientras  no se emane una orden de un tribunal respectivo, el municipio no puede intervenir y menos aún Carabineros (…) Lo que se intervino en 6 locales no procede”.

Otro eje que manifiesta el abogado, es la ‘brutalidad’ con la que  asegura que se ejecutó dicha clausura hace unos días. De hecho dice que trabajadores de un local se quedaron ‘encerrados’ en el interior durante el procedimiento.

“En un operativo coordinado con Carabineros, ellos bajaron las cortinas de los locales y comenzaron a soldar, los mismos funcionarios  de uno de los locales que yo represento advirtieron que había cinco personas en su interior. Tenemos los videos y toda la información que mientras estaban soldando la gente le gritaba que por favor no cerraran, incluso había habido movimientos telúricos durante ese día. Ellos cerraron y dejaron ‘soldadas’ a esas personas por más de una hora”.

Acciones que emprenderán

Nuñez cuenta que tras la situación no se quedarán de brazos cruzados.

“Nosotros vamos a presentar una querella por el delito de secuestro, uno que es muy grave y que tiene pena de crimen. Vamos a dirigirlo derechamente en contra del alcalde Rentería porque creemos que él es el ejecutor de esto. Por supuesto respecto de los ejecutores materiales que serían básicamente el señor Lara, que es el encargado de Rentas y los funcionarios que lo acompañaron, a los que ya tenemos identificados”.

Además afirma que considerarán a los funcionarios de carabineros que participaron, “vamos a pedir darlos de baja”.

El abogado dice que hace al menos un año se encuentran preparando otra querella contra el alcalde, la cual presentarían durante el mes de abril.

“Con las vinculaciones que pudiera tener Rentería con, específicamente, el casino porque tenemos identificada a una persona que acompañó en todo el procedimiento y que es un funcionario de ahí (..) En un mes con toda la información que nos ha llegado vamos a poder presentárselo al fiscal con una querella muy contundente”.

Por su lado, en cuanta a las acciones que seguirán los locatarios, Cortés asevera, “el municipio se ve enfrenado a distintos tipos de recursos y también a penas pecuniarias. Eso va a depender del grado de efecto o daño que se le hizo a cada uno de los locatarios, cada uno de ellos va a interponer lo que ellos estimen pertinente”.

Sobre el operativo en donde se concretó el cierre, manifiesta, “lamentablemente el municipio expuso a sus funcionarios, los que pueden perder su trabajo y expuso a funcionarios de Carabineros que también pueden ser dados de baja”.

El secretario agrega que dará a conocer esta molestia ante el Concejo Municipal a través de una misiva.

Respuesta municipio

Con respecto a este tema el asesor jurídico del municipio, Sergio Galleguillos indicó que las máquinas tragamonedas "constituyen juegos de azar y jamás de destreza o habilidad como vanamente se pretende sostener por quienes desarrollan esta actividad. No existe, hasta la fecha, una ley en nuestro país que regule la citada actividad, siento un requisito ineludible que exista ley que autorice dichos juegos de azar para que puedan desarrollarse". Galleguillos agregó que esto "es una actividad económica que no se encuentra amparada en la ley y eso debemos destacarlo".

Además comentaron que, “se realizó un proceso de clausura de los locales tragamonedas que funcionan, principalmente, en la zona céntrica de Ovalle, pero al momento de llegar a una de estas dependencias, los funcionarios municipales, acompañados de Carabineros, tuvieron un problema”.

El jefe de Rentas y Patentes del municipio de Ovalle, Víctor Lara, relató, “llegamos a un local y se encontraba cerrado con cuatro candados cerrados por fuera y había una persona que custodiaba y que se identificó como guardia del lugar. Nosotros efectuamos el procedimiento, pusimos los carteles de ‘Clausurado’ y nos dispusimos a poner los sellos para impedir la apertura. Este guardia en ningún momento manifestó que había gente dentro del local, a pesar de que él lo había cerrado por fuera. Después esta persona accedió a sacar dos de los cuatro candados que había puesto y nosotros colocamos los nuestros para asegurarnos que no abriera”.

De esa forma Lara declaró, “quiero dejar claro que quien encerró a las personas dentro del lugar fue este supuesto guardia, no nosotros. Tras este episodio se nos informó que había gente en el interior y nosotros rápidamente sacamos los sellos, para que la gente saliera y volvimos a clausurar”.

Al mismo tiempo agregó que esta es, “la segunda vez que nosotros vamos a clausurar este tipo de locales y siempre hacen el mismo juego. La vez anterior también encerraron gente, por lo que creo que es una estrategia que utilizan para evitar la clausura de sus locales y en esa ocasión también nos acusaron de secuestro, lo que, claramente, no es así”.

 

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