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Lautaro Carmona / Cedida
De acuerdo a lo señalado por la nueva administración comunal, se trataría de un total de 211 personas, lo que habría afectado a diversos “operadores políticos”, pero también a otros funcionarios con sueldos muy inferiores, lo que ha sido foco de variadas críticas de diversas asociaciones.

Revuelo generó la noticia del despido de más de 200 funcionarios a honorarios en la Municipalidad de Coquimbo. La medida adoptada busca, según señalaron desde la nueva administración, responder a los problemas presupuestarios que el nuevo alcalde, Alí Manouchehri, ha mencionado como consecuencia de una grave crisis financiera en la cada edilicia.

Días antes de asumir su gestión, el edil había alertado que se revisaría la situación de distintos trabajadores del municipio porteño. Sin embargo, en muchos generó malestar la forma de llevar a cabo este proceso, ya que algunos habrían sido informados por correo electrónico y sin una evaluación previa para definir su permanencia en base a sus capacidades y desempeño.

Los rumores comenzaron a circular desde la mañana del miércoles y avanzado el día se concretaron las desvinculaciones. Consultados por El Día, desde el municipio confirmaron ayer jueves que se puso término a la relación laboral de 211 prestados de servicio, por un monto equivalente a $223.956.207, “lo que significará para el período de julio a diciembre un ahorro directo a las arcas municipales de $1.343.737.242”.

De esta forma se prescindió de algunas figuras calificadas como “operadores políticos”, cuyos nombres circularon ampliamente en redes sociales, generando un sinfín de reacciones.

En el listado se encuentran Isaac Torres y Marcelo Meriño, vinculados al “Caso Cheerleadres”; Erwin Miranda, exseremi de Vivienda; el exconcejal Alejandro Campusano; Américo Giovine, exgobernador de Elqui; Cristian Saez, vinculado al PPD; la presidenta comunal del PS, Myrna Castro; la encargada del programa Coquimbo Limpio, Carolina Perez; y otros funcionarios ligados a la DC, el PPD y el PS.

Pero además existirían funcionarios afectados por corte de recursos a distintos programas y trabajadores con sueldos inferiores, lo que generó molestia.

 

¿Qué pasará?

Sobre la posibilidad de despedir a más funcionarios en el futuro, desde el Municipio indicaron a nuestro medio que “de acuerdo con el informe final N° 9 /2021, de Contraloría Regional, la deuda municipal ascendería a los 25 mil millones de pesos aproximadamente, y el estimado actual supera los $ 30 mil millones. Los ajustes presupuestarios están en evaluación permanente para asegurar los servicios básicos de los vecinos y vecinas, además de trabajar en las problemáticas sociales de la comuna. Por lo tanto, cualquier tipo de revisión de servidores será informado oportunamente”.

Consultados del porqué los funcionarios fueron notificados a través de correo electrónico, aseguraron que “las notificaciones se hicieron personalmente por la Dirección de Recursos Humanos. No obstante, para asegurar la entrega de la carta de aviso previo, paralelamente, se envió vía correo electrónico y carta certificada al domicilio registrado, el termino de sus servicios por los motivos presupuestarios expuestos”.

Sobre los criterios utilizados para generar estos despidos, considerando que sólo han pasado cuatro días de gestión municipal y se había señalado la realización de una “evaluación”, desde la casa edilicia indicaron que “el único criterio para poner termino a estas prestaciones de servicio es de carácter presupuestario. Lo anterior, debido a la grave situación financiera en que se encuentran las arcas municipales, lo cual es de conocimiento público (...) con lo cual, se pone en riesgo el pago de servicios básicos, como el retiro de basura, iluminación y sueldos de personal”.

Ante posibles demandas o acciones legales contra el Municipio, desde la casa edilicia señalaron que esas personas “están en pleno derecho, no obstante, el municipio debe velar por el cuidado de los recursos que pertenecen a todos los coquimbanos y coquimbanas”.

 

 Molestia y posibles acciones

José Ossandón, presidente de la Asociación de Funcionarios a Honorarios de la Municipalidad de Coquimbo, en diálogo con El Día, aseguró que “se está realizando una veta política dentro del Municipio. Hay personas que llevan 21 años al interior de la casa edilicia, independiente de que estuvieran en un partido político, lo que ocurría porque hacían bien la pega. Creo que partimos mal, porque lo primero que debió haberse hecho es evaluar. El alcalde tenía ese compromiso con nosotros, con los gremios, con las organizaciones que están al interior del Municipio. Hay que ver caso a caso, porque hay personas que están encalilladas y viven de su sueldo, con familia y en plena pandemia. Asumíamos que teníamos que apretarnos el cinturón, pero no lo que está pasando”, subrayó.

 Respecto de los avisos de desvinculaciones, confirmó que muchos de estos se habrían realizado a través de correos electrónicos. “Pero muchos funcionarios ni siquiera tienen acceso, y nos parece que no es la mejor manera de llevar adelante este proceso. El fondo de la idea está bien, pero la forma está mal”.

Cabe destacar que la CUT Provincial Coquimbo apeló, además, a otras personas que habrían resultado afectadas producto del recorte presupuestario en diversos programas. Al respecto, la entidad señaló en un comunicado que para solucionar este problema la municipalidad “no lo debe hacer cargando todo el costo y el peso de la crisis a los trabajadores/as, pues demuestra una profunda insensibilidad, considerando la crítica situación económica y social que vive el país, producto de la pandemia y de los gobiernos que hemos tenido que soportar en los últimos años. Lamentablemente en Chile se ha hecho costumbre, especialmente por parte de los defensores y promotores del neoliberalismo, recurrir a la forma más simple de reducir costos: despedir trabajadores. Ésta es la forma más fácil, grosera y brutal de enfrentar el problema financiero”.

 

¿Cómo debe ser el fin de la relación laboral?

La notificación por correo electrónico fue una de las situaciones que generó mayor molestia. Consultado si esta situación es legal, el abogado Francisco Silva indicó que “con el tiempo, el contrato a honorarios se ha ido desvirtuando, y de alguna manera el empleador, especialmente en las municipalidades, para evitar el tema de los estatutos, que son muy rígidos, y que permiten sólo cierta cantidad de funcionarios, van contratando determinadas personas en esa modalidad. Ellos, en la práctica, tienen horario, habitualidad, jerarquía, al igual que en un contrato laboral propiamente tal. Por lo tanto, hoy la jurisprudencia los ha reconocido, con todos los derechos que eso significa, y por lo tanto la obligación que tiene el empleador al momento de poner término a un contrato de honorarios son los mismos que tiene respecto de uno regido por el Código del Trabajo. Por tanto, frente al término de la relación laboral, debe comunicarse por carta certificada o bien personalmente, pero no por otra vía, porque así no lo reconoce el Código”.

De todas formas, el jurista realiza una diferencia. “Si el contrato está vigente, para ponerle término se debe avisar con 30 días de anticipación o pagar lo que corresponda y todo por carta certificada. Pero si el contrato, por ejemplo, hubiese vencido el 30 de junio, existe la posibilidad de que le señale al funcionario que no se le va a renovar, por carta certificada o correo electrónico, de tal manera que se pueda acreditar que se dio el aviso correspondiente, lo que es diferente a poner término a una relación laboral”.

Repudio por parte de parlamentarios

El diputado Matías Walker (DC) apoyó la causa en defensa de los funcionarios municipales y apuntó a responsabilidades de la gestión anterior, pero también del Gobierno, “que prorrogó el pago que tenía que realizar Casino Enjoy a las arcas municipales por miles de millones de pesos”.

El parlamentario dijo que “la crisis no la pueden pagar los trabajadores”, por lo que llamó al alcalde, Alí Manouchehri, a instalar una mesa de trabajo. “Nos consta que hay muchos funcionarios que hacen la pega y no han tenido dobles contratos”, afirmó.

En tanto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) señaló que “estos despidos representan la peor noche de los cuchillos largos”. Si bien sostuvo que “no podemos obviar” la deuda municipal, aseguró no compartir la forma. “Fueron tratados como una planilla Excel, vulnerando completamente sus derechos no solo en su calidad de trabajador, sino también como persona”.

El diputado Francisco Eguiguren (RN), por su parte, manifestó su molestia y reprochó que “Él (Manouchehri) iba a estudiar caso a caso”, acusando de paso una “caza de brujas”.

“Es lógico además porque los alcaldes siempre traen sus propios equipos, pero aquí estamos hablando de un centenar de personas que quedan sin trabajo”, recalcó.

 

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