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Andrea Cantillanes
El 30 de junio es la fecha más próxima para que los colegios decidan, el proceso final concluye el 31 de diciembre de 2017, donde todos los establecimientos deberán tener concretado el trámite.

Se aproxima el plazo donde todos los colegios deberán decidir si finalmente pasarán a la figura pública de persona jurídica sin fines de lucro, corporación o fundación, o si se enmarcan en ser particulares pagados, con fines de lucro.

Según la Ley 20.845 de Inclusión Escolar que entró en vigencia el 2016 y que elimina el copago, la selección y el fin al lucro en los colegios que reciben fondos del Estado, a la fecha tanto los colegios como los apoderados ya debieran tener una decisión final y haber comunicado formalmente al ministerio de educación, si a partir de 2018 seguirán operando en el mismo sistema –caso en el cual debieran traspasar su propiedad a una entidad sin fines de lucro– o se convertirán en particulares pagados.

El tema que ha marcado la agenda ha sido el fin al lucro y este tránsito lo deben decidir los establecimientos educacionales. Uno de los requisitos que pide la ley para los establecimientos que quieran seguir recibiendo aporte del estado es que estos se conviertan en entidades sin fines de lucro, para esto según la última ley miscelánea, hay plazo hasta el 30 de junio de 2017.

A la fecha todavía existen interrogantes entre los sostenedores y los apoderados “la semana pasada estuvimos en reunión con distintos grupos  de sostenedores, porque lo que busca este tránsito a persona jurídica sin fines de lucro claramente es opcional y no una obligación”, señaló el seremi de Educación de la Región de Coquimbo, Pedro Esparza.

Esparza señaló que siempre ha dicho que el proceso es complejo y que por eso desde julio de 2015 hay dos abogados que están exclusivamente para atender las consultas de los sostenedores, “de todas formas aún perduran dudas”.  

Pero frente a la pregunta ¿Qué sucede el 30 de junio? El seremi de educación respondió que es el plazo más próximo de este cambio, “si se hace antes los colegios pueden mantener el arriendo no solo por 6 años  sino que 10 años y durante  todo este tiempo se puede contraer al crédito entre el sostenedor, Corfo y un banco”. La Corporación de Fomento de la Producción garantiza el fondo pero es el sostenedor con la entidad bancaria quien lo materializa.

Finalmente, si este paso se hace después del 30 de junio los plazos se reducen a 6 años, esa es la diferencia fundamental según la autoridad.  Sin embargo, Esparza aclaró que el proceso concluye definitivamente el 31 de diciembre del año en curso.

Pedro Esparza mencionó que se trata de un proceso en el que se debe comunicar a los padres pero también al ministerio, “no quiero ser polémico pero hay algunos colegios que ya han tomado sus decisiones pero nosotros aún no recepcionamos sus antecedentes”. No obstante, la autoridad dice entender que todavía hay un grado de reflexión antes de dar el paso a la decisión final.

El seremi de educación de la región de Coquimbo confesó que espera que aquellos colegios que quieren pasar a privados se revierta, “ahora ofrecemos amplias posibilidades, si quieren mantener el proyecto educativo no hay ninguna interferencia por parte del Estado”, además recalca que no se trata que el traspaso sea sin recibir ninguna recompensa “el retorno no es menor, se pagará por cada alumno 110 UF, es decir que cada colegio puede llegar a recibir hasta 2 o 3 mil millones de pesos”, lo que mantendría al colegio en el ámbito particular subvencionado, “nosotros queremos que se mantenga la educación mixta”.

“Consideramos que la figura con fines de lucro no es la adecuada en el ámbito de la educación chilena”, agregó Esparza.

Por último, la autoridad enfatizó que la clase media no sufrirá en esta transición, “tenemos 354 establecimientos particulares subvencionados en la región y 31 de ellos ya eran fundaciones, la gran mayoría vinculados al ámbito religioso”, también agregó que ha conversado con algunos de ellos que están “muy contentos, por ejemplo el María Educa”.

Pedro Esparza concluyó que recién al 30 de junio podrán hacer los primeros balances del proceso.

 

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